La situación de una decena de empleados del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) con sede en Puerto Madryn continúa siendo una incógnita, pero dicho “final abierto” ahora parecería encaminarse a una posible solución, en el marco de una serie de reuniones que han tenido lugar durante los últimos días.
El conflicto, reflejado en una manifestación de los propios trabajadores y referentes de ATE hace dos semanas, radica en la eventual no renovación de los contratos que los mismos mantienen, habida cuenta de que muchos de ellos prestan servicios desde hace más de una década, pero siempre bajo la misma modalidad.
En esta ocasión, los empleados, que cumplen funciones mayormente en los Programas de Mejoramiento de Barrios (Pro.Me.Ba.) que se desarrollan en la ciudad, enfrentarían su desvinculación del organismo, en caso de no ser renovados en sus cargos.
Sin embargo, una reciente reunión parecería haber arrojado luz sobre el reclamo y autoridades provinciales ya estarían analizando el inminente pase a planta de los mismos.

Cambiarían el tipo de contrato

En diálogo con El Diario, el secretario general de ATE Puerto Madryn, Roberto Cabeda, comentó que, a raíz de una reunión mantenida con los distintos bloques de concejales de la ciudad, hubo un segundo encuentro con el intendente Ricardo Sastre y, a partir de allí, se abrió el puente de comunicación con funcionarios provinciales como Luis Tarrío, de Finanzas, y con autoridades del Ministerio de Economía provincial, para “cambiar la figura” o bien el tipo de vinculación laboral, habida cuenta de que actualmente son personal “contratado” y, lo que se busca, es que se realice el pase a planta de todos ellos, como ha ocurrido con trabajadores de otras carteras como la de Educación y Salud, en las últimas semanas.

Aporte de “capacidad técnica y social”

Días atrás, los empleados del IPV que llevan adelante el reclamo fueron recibidos por concejales de todos los bloques, con quienes mantuvieron una reunión y expresaron la preocupación por la posible pérdida de los puestos de trabajo, a la vez que solicitaron que se arbitrara la regularización de dicha situación.
El encuentro había sido convocado por Natacha Wolansky, quien posee una larga trayectoria dentro del propio gremio.
A partir de la reunión, se elaboró un documento que luego fue remitido al Gobierno Provincial y a Carlos Simionati, presidente del IPV, en el que se destacó que “algunos son empleados que cuentan con más de quince años de antigüedad, y que vienen desempeñando su labor con suma responsabilidad y compromiso, aportando capacidad técnica y social que realizan con el trabajo de campo que enriquece y potencia el vínculo entre Municipio y Provincia”.

Estabilidad laboral

Por tanto, se pidió la intervención del organismo y de autoridades provinciales “en esta situación a fin de que los trabajadores obtengan su pase a planta permanente, que les posibilite contar con estabilidad laboral, amparando sus derechos en lo establecido por la Constitución de nuestra Provincia, la cual reza en su Artículo 23 que el trabajo es un derecho y un deber de carácter social, mientras que el Artículo 24 inciso 2 establece que la ley garantiza a todos los trabajadores la estabilidad en su empleo”.

Partícipes de la urbanización de la ciudad

Los empleados del IPV en la ciudad del Golfo que atraviesan la situación de incertidumbre respecto de sus contratos, se encuentran mayormente asignados a los Programas de Mejoramiento de Barrios (Pro.Me.Ba.) desarrollados en diversas áreas de la ciudad; se trata de una serie de obras de urbanización en sectores donde existen asentamientos, a partir de fondos bajados desde Nación.
La provincia de Chubut ha sido una de las que más cantidad de Pro.Me.Ba. ha ejecutado en sus distintas localidades; actualmente, solamente los dos se encuentran en ejecución y en Puerto Madryn; en su Etapa II, el “Pro.Me.Ba. Nueva Chubut”, a partir de una inversión de 86.332.173,79 millones de pesos para la colocación de infraestructura pública, y el “Pro.Me.Ba. Roque González, San Miguel y Presidente Perón”, que culminó su Etapa II y la Etapa I, para la colocación de “red de cloacas, gas, pluviales, equipamiento urbano y desagüe pluvial” implica una erogación de fondos de 41.053.975,41 pesos.