La última Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Puerto Madryn estuvo marcada por la presencia de referentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a quienes la mayoría de los ediles se refirió en cuanto al apoyo a los distintos reclamos llevados a cabo durante los últimos días.
Uno de los pedidos tiene que ver con la movilización realizada el propio jueves por parte de enfermeros del Hospital y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), luego de la decisión del Gobierno porteño, a través de la Legislatura, de sancionar una ley que los coloca bajo la categoría de personal “técnico-administrativo”, con un impacto directo en los salarios que perciben.
A su vez, persiste la incertidumbre de una decena de trabajadores del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) asignados al Programa de Mejoramiento de Barrios (Pro.Me.Ba.), cuyos contratos vencen a fines de diciembre y sobre los cuales no ha habido novedades respecto de su renovación, lo que haría peligrar dichos puestos de trabajo.

Piden que las autoridades resuelvan

En este contexto, la edil Natacha Wolansky, que tuvo una prolongada trayectoria dentro de ATE, impulsó dos proyectos de Comunicación; el primero, dirigido al “Gobernador de la Provincia de Chubut, escribano Mariano Arcioni, al Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut, y al Ministerio de Salud de la Nación Argentina”, en el cual advirtió que “este Concejo Deliberante solicita con carácter urgente que se arbitren los medios necesarios a fin de que los enfermeros continúen siendo considerados profesionales de la salud, entendiendo que los mismos se ocupan de la asistencia de los pacientes, de manera segura y con la calidad que se requiere”.
Por otro lado, la segunda Comunicación estuvo dirigida a Carlos Simionati, titular del Instituto Provincial de la Vivienda, y también a Arcioni, donde se planteó la exigencia de “una pronta solución a la situación mencionada en el VISTO, garantizando la estabilidad laboral de los trabajadores del IPV, a través de su pase a planta permanente”.

Contratos provinciales y no nacionales

Uno de los que se pronunció respecto del reclamo de los estatales, en el caso del IPV, fue el edil Claudio Tortoriello, quien advirtió una particularidad en el pedido al señalar que la situación “no tiene que ver con que Nación no esté enviando fondos”, sino con que “los contratos no son nacionales, sino que son celebrados entre los trabajadores y el IPV”, lo cual dejaría en la órbita de la resolución a las autoridades provinciales, que deberán decidir si renuevan los acuerdos; en la mayoría de los casos, los empleados del Instituto con sede en Puerto Madryn tienen más de una década de trayectoria y trabajan en distintas áreas del Programa de Mejoramiento de Barrios (Pro.Me.Ba.), a través del cual se avanza en la urbanización de diferentes sectores, entre ellos la zona de Nueva Chubut, una de las más populosas de la ciudad del Golfo.

El caso de los enfermeros

En el caso de los enfermeros de Puerto Madryn, desde el gremio de los estatales precisaron que hay unos 25 que actualmente no son reconocidos como profesionales de la salud de manera oficial; es decir, en cuanto su categoría y consecuentemente, en el salario que perciben.
Si bien la Ley sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) afecta a los enfermeros y enfermeras del ejido porteño, unas de las advertencias por parte de los gremios es que la misma “sentaría un precedente” para que ello se replique en otras ciudades.