La situación que atraviesan unos 110 trabajadores de la pesquera sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que los mismos se manifestaran en las inmediaciones del Palacio Municipal, reclamando lo que previamente había sido acordado durante la última reunión en la Secretaría de Trabajo, que fue la habilitación provisoria de la planta para que pudieran ser convocados a la próxima zafra.
El pasado viernes al mediodía, dos de los tres socios propietarios de la empresa se habían presentado en las oficinas de Roque Sáenz Peña, donde confluyeron con autoridades de Trabajo y concejales de varios bloques, atentos a acordar una solución mínimamente provisoria al conflicto; lo que en principio se haría era una Sesión Especial en la que se trataría la habilitación temporal de la planta y el levantamiento de la clausura; sin embargo, tras una reunión que se mantuvo desde la mañana hasta aproximadamente las siete de la tarde del martes, la empresa podría operar hasta los meses de marzo y abril, luego de lo cual sus propietarios resolverán cuál será el destino de la sociedad.
Sin embargo, una nota presentada por una de las partes, que a su vez es propietaria de la planta de Puerto Madryn, dejó sin efecto lo que habían acordado los ediles, sumando un nuevo capítulo de incertidumbre a la situación que atraviesan los trabajadores, quienes plantearon la necesidad de que la empresa vuelva a estar operativa, al menos hasta la finalización de la zafra del año próximo, a fines de abril.
A ello, le sobrevino un derrotero de reclamos que culminó cuando los manifestantes lograron darse paso al interior de la Casa de las Leyes, mientras los ediles de todos los bloques estaban analizando la problemática en la Sala de Reuniones; allí permanecieron durante más de seis horas, mientras que afuera de la sala, gremialistas que representan a los 110 empleados de la planta exigían que se realizara una Sesión Especial, finalmente prevista para este jueves.

Cómo se originó el conflicto

Según fuentes ligadas a las tres empresas que integran la sociedad (Food Arts, Ipesur y Pescarts) comentaron que, a partir de una serie de desavenencias dentro del ámbito privado, las cuales no han trascendido, una “interferencia” con el dueño de la planta, que reside en Italia y alquila el inmueble, hizo que éste notificara a las partes, en noviembre de 2016, que el sitio debía ser desalojado; concretamente, se les informó a los socios locales en Puerto Madryn que no se renovaría el contrato, el cual vencía en marzo de 2017.
La disolución de la sociedad fue solicitada, pero no es un trámite que actualmente se encuentre en proceso.
Luego, vendría una demanda de desalojo anticipado, la cual implicaba que, cumplido un plazo establecido, se debía abandonar la planta, lo cual no ocurrió; desde entonces, la situación fue escalando al punto de los trabajadores y el gremio que los nuclea solicitan, por estos días, la habilitación provisoria para poder ser convocados a la próxima zafra.

En qué condiciones reabriría la planta

De acuerdo a lo que conversaron las partes, existe una serie de puntos a cumplir, en cuyo caso la planta volvería a estar operativa, en principio, hasta el 31 de marzo de 2019, fecha que se encuentra en discusión dado que la zafra finaliza aproximadamente el 30 de abril.
Una de las condiciones para garantizar la operatividad de la planta es que, cumplido dicho plazo, la misma deberá ser devuelta en condiciones y acondicionada, tal como se encontraba cuando la empresa comenzó a utilizarla; también, solicitarían que se desestimen unas cuatro demandas en lo Comercial y Civil por parte de Food Arts contra Ipesur, además de que se levante la orden de desalojo que actualmente rige.
El otro pedido es retirar una demanda penal que fue realizada en Buenos Aires por una de las partes al dueño de la propiedad, aparentemente por “administración fraudulenta” y, por último, el 1 de mayo del año que viene la planta debería estar “liberada” y en orden para su utilización a futuro.

Un acuerdo que quedó trunco

El lunes 25 de noviembre, una nota interpuesta por la firma Ipesur, dueña de la planta y parte de la sociedad, impidió que se llevara adelante la posibilidad de habilitar la planta de manera provisoria, dejando trunco lo que había sido convenido por los concejales, es decir, el funcionamiento de la empresa para la explotación de la zafra provincial hasta marzo o abril del año que viene.
La situación de la empresa tiene, a su vez, un doble efecto; por un lado, la falta de cobro por productividad de los 110 trabajadores y la incertidumbre respecto de sus puestos de trabajo, teniendo en cuenta que, en el mejor de los casos, si se habilitara la planta hasta principios de 2019, no se sabe qué sucederá después.
Por el otro, el efecto que produce en el circuito comercial dicha falta de productividad y dinero circulante, profundizando la situación local y depreciando el nivel de consumo.

“Alejados de la realidad social”

Al día siguiente, desde la Secretaría de Trabajo se envió una nota al Concejo Deliberante, en virtud de reiterar el compromiso que había sido asumido la semana anterior para generar el marco de garantías y protección de las 110 fuentes laborales de la empresa, además de plantear “la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores y el compromiso social que como funcionarios públicos nos comete”, según indicó la delegada regional, Marcela Curache.
Bajo la premisa de “afianzar las bases de la justicia social”, se volvió a solicitar la excepción al artículo de la Ordenanza 8.353, que establece que “en el caso que algunas de las condiciones exigidas no sea satisfecha, y siempre que no afecte las normas de seguridad e higiene, o en el caso de demora por causa justificada en la presentación de la documentación requerida, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá extender un permiso de funcionamiento provisorio por un máximo de 180 días no renovables” y, “por consiguiente, procurar la habilitación provisoria de la planta fabril de la sociedad Food Arts S.A.”.
A su vez, en el documento se expresó que “existen evidencias que habilitan la excepción a la norma requerida”, a la vez que Curache consideró que “guiarse por pacatos dictámenes, alejados de toda realidad social, y de endeble contenido jurídico, devendría en una conducta rayana a la desidia, ya que las problemáticas de los vecinos y trabajadores de la ciudad de Puerto Madryn deben ser atendidas y resueltas”.
Sobre las primeras horas del lunes, alrededor de cincuenta trabajadores de Food Arts ingresaron al Concejo Deliberante, solicitando la intervención de los ediles en el conflicto; para ello, se apostaron en las inmediaciones del edificio y en el interior del recinto, al tiempo que los concejales hicieron lo propio en la Sala de Reuniones, donde analizaron los pasos a seguir, una postal que se repitió el día miércoles, con el agregado de que la situación se profundizó y dejó a los concejales varias horas dentro de la sala.

Los dueños son de Italia y Buenos Aires

Hasta el momento, no existió un contacto con los socios por parte de los empleados, a excepción de los abogados que los representan, que son Diego Carmona (Pescart), Daniel Gómez Lozano (Food Arts) y Ricardo Gabilondo (Ipesur), mencionó que “los únicos representantes que tienen acá son los abogados, ellos bajan lo que les dicen los dueños, pero con estos últimos no hemos tenido ningún tipo de conversación”.
Preguntado sobre quiénes son los dueños y si se trata de empresarios locales, Mancini comentó que “hay un grupo inversor; la firma Food Arts es la que hace la explotación de la planta, y hay un grupo que es Ipesur, que es el dueño de la planta”, agregando que el titular de este último “reside en Italia y el otro grupo que está haciendo la explotación tiene domicilio legal en Buenos Aires”. El dueño de Ipesur “es el que no quiere continuar”, detalló.