Por Trivia Demir

La semana cierra con la primera avanzada en la intentona de desdoblamiento de las elecciones provinciales de Chubut de las Nacionales, y no fue precisamente con gran éxito, sino que la Cámara de Diputados le planchó os decretos al Ejecutivo, que al parecer buscará insistir. Paradójicamente en casi todo el país es el peronismo el que quiere desdoblar para evitar la ola amarilla, pero como Chubut es tierra de `contrapie´, acá el peronismo se enojó porque intentaron anticipar.
Un año antes del inicio del calendario electoral que en 2019 tendrá el toque de campana en Catamarca, el Gobierno nacional es en realidad quien comenzó el operativo para desarticular la estrategia que tejen los gobernadores peronistas para separar los comicios provinciales de los nacionales y desde la Casa Rosada presionan para unificar el calendario. Lo dejó claro en el mes de marzo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, durante su visita a San Juan. Por eso se monitorea de cerca el cronograma que maneja la mesa política del Ministerio del Interior, donde en principio habría una elección a gobernador en marzo (Catamarca), dos en abril (Entre Ríos y Neuquén), cuatro en mayo (Córdoba, Misiones, La Rioja, y Tierra del Fuego) y nueve en junio (Mendoza, Chaco, San Juan, Santa Fe, San Luis, Tucumán, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz). Por ahora descartada Chubut, que tendrá que remar la intentona.

La guita bajo la lupa

Se supo siempre que quien tiene “el aparato” de la gestión o está en funciones y cuanta con financiamiento público, se posiciona con muchísima más posibilidades electorales que quienes están en el llano. Estos últimos deben extremar los mecanismos para poder justificar como financiaron sus campañas y en todo caso, y si arrastran largos mantos de sospechas de malversar caudales como algunos exfuncionarios, deberán con mucha más precisión identificar sus aportantes.
Tal vez la gran cuestión es que más allá de los gastos de publicidad política, las campañas suelen ser las mejores operaciones para `blanquear´ dinero y los principales partidos políticos en Argentina mienten en sus informes de financiamiento político. Las rendiciones financieras ni siquiera son dibujos con trazos sutiles, más bien son burdos y torpes garabatos.
La causa de los cuadernos, la de los aportantes truchos y, seguramente, el brazo local de Lava Jato, han instalado finalmente la importancia de desentramar cómo se financia la política en nuestro país. Recientemente la Cámara Nacional Electoral le señaló a la Justicia Federal con Competencia Electoral que debe avanzar con lo que los auditores de la propia Cámara han marcado como inconsistencias en los informes de la campaña presidencial de 2015. La Cámara sospecha, que los informes de las cuatro principales fuerzas tienen un sinfín de irregularidades: origen de los fondos, aportantes sospechosos, capacidad contributiva de los donantes, aportes prohibidos, gastos no declarados, entre otros. El problema de los partidos no es conseguir dinero sino justificarlo. Son dos procesos diferentes.

Los sindicatos no podrán aportar

Esta semana, a nivel nacional, el oficialismo acordó con el PJ un dictamen del proyecto de financiamiento político, que acepta aportes de empresas pero no de sindicatos. Los gremios fueron excluidos por presión de Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, que pasó el miércoles pasado estuvo toda la mañana en el Senado para seguir la cerca la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el peronista Dalmacio Mera.
Tras la exposición de Nicolás Tereschuk, coordinador del Área de Gobierno del Centro de Estudios Metropolitanos y en contra de sumar aportes privados a las campañas, la senadora María Fiore Viñuales, salteña y aliado a Juan Manuel Urtubey, anticipó que no aceptaría las contribuciones de los sindicatos y concesionarios de servicios públicos.
Ocurre que el proyecto de Miguel Pichetto habilitaba aportes de personas jurídicas sin prohibir a sindicatos, históricos contribuyentes de las campañas peronistas. Mauricio Macri logró que no lo sean más, al menos en el dictamen que Mera hizo circular en los despachos, ya tarde, cuando muchos senadores se habían ido y no llegaron a firmar.
El proyecto permite que empresas asistan en forma permanente a los partidos políticos, pero impide contribuciones sindicales. Quieren tratarlo el 21 de noviembre.
El jueves continuaron releyendo para reunir una mayoría y llevarlo al recinto el 21, aunque si la negociación se dilata podrían estirarlo una semana más, al filo del inicio del G20.
«El financiamiento debe ser público y en el caso del aporte mixto, tiene que ser amplio desde el punto de vista de los sujetos jurídicos», sostuvo el fiscal general Jorge Di Lello, otro de los expositores, preocupado por la falta de autoridades partidarias.
El proyecto, permite que los partidos políticos reciban «por año calendario para desenvolvimiento institucional, un monto superior al cinco por ciento del que surja de multiplicar el valor del módulo electoral, por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior».
Claro que deben bancarizar los aportes e informar en todos los casos «la identidad del aportante y permitir la reversión en caso de que el mismo no sea aceptado por el destinatario».
De esta manera, las empresas estarán habilitadas para contribuir a las campañas electorales, pero entre las prohibiciones se encuentran las «contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales».

Apurando la Ley anti-Lobbys

La ley suma poder a la justicia electoral con un cuerpo de «auditores contadores» que verificarán los balances de las agrupaciones disponibles. Controlarán, por ejemplo, que ningún sindicalista haya girado fondos a un candidato.
Funcionará con un «fondo anual especial» que no será inferior al 7% del fondo partidario permanente, integrado con los aranceles cobrados por los trámites y los recursos del Estado nacional.
Pichetto y Mera buscan además las firmas para la ley de gestores de intereses, o lobby, otro reversión de un proyecto presentado por el Gobierno en Diputados. Adrián Pérez repasó los últimos borradores y pidió diferenciar con claridad los «gestores de intereses» y los «lobbystas», siendo los primeros miembros de organizaciones o empresas, y los otros intermediarios profesionales.

Noticias falsas y manipulación

Además, la Cámara Nacional Electoral, encargada de llevar adelante los comicios presidenciales del 27 de octubre del año próximo, lanzó una batería de medidas para “contrarrestar” la “desinformación” ante la preocupación por la creciente ola mundial de tácticas de manipulación a través de las Fake News (noticias falsas).
El secretario de Actuación Judicial de la CNE, Hernán Gonçalves Figueiredo, afirmó que “al verificarse un crecimiento exponencial en la publicidad electoral en redes digitales”, la Cámara dictó una serie de medidas para atenuar “los efectos negativos” de la incidencia que puede tener la difusión de noticias falsas durante una campaña electoral.
Y puso como ejemplo el proceso electoral de Brasil, donde a Flavio Bolsonaro, hijo del candidato presidencial Jair Bolsonaro, le bloquearon su cuenta de whatsapp por sospechas de difundir spam y Fake News. En ese marco, puntualizó que en 2011 empezaron a hacer lo que se “llama monitoreo con la finalidad de detectar gastos, para después confrontar con las cuentas de partidos políticos y ver si lo que se detectaba como publicidad en las redes coincidía con lo declarado”. Esa fue la forma en que se empezó verificar un crecimiento en la publicidad en redes sociales en detrimento de otras formas más tradicionales -en décadas pasadas- de difundir campañas. En ese aspecto, graficó que en 2011 la inversión en campaña era del “4,7 por ciento, mientras que en 2017 ese rubro llegó al 31 por ciento, a la vez que fueron bajando los otros” y enfatizó que “la mayor inversión electoral pasa ahora, no solo en Argentina sino en casi todas las democracias, por estas nuevas plataformas” digitales.
En estas condiciones, los entendidos afirman que la Ley Electoral es prioridad porque ningún candidato se atreve a empezar la campaña sin una regulación clara para financiarse, sin tener que dar explicaciones en Tribunales. Tanta es la urgencia compartida por esta ley, que en Cambiemos no descartan que sea el único tema de una sesión extraordinaria en febrero en Diputados, previo a un año con pocas reuniones parlamentarias por el interminable calendario electoral. Habrá que ver…

Fuentes: CNE, NA, CIPPEC, Parlamentario, propias.