Esta semana, los concejales Natacha Wolansky, Mario Méndez, Franco Albanesi, Juan Duarte, Marcelo Gallichio y Claudio Tortoriello mantuvieron una reunión con trabajadores del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) con sede en Puerto Madryn, nucleados en el gremio de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Durante el encuentro, se expresó la preocupación en relación a la pérdida de puestos laborales, por lo cual, los ediles consensuaron enviar una nota al gobernador Mariano Arcioni y al presidente del IPV, Carlos Simionati, pidiendo que se regularice la situación. Asimismo, adelantaron que retomarán el tema, a través de un proyecto legislativo, en la próxima Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, la cual seguramente también estará marcada por el debate sobre el Presupuesto, la Tarifaria y el Código Tributario, constituyendo uno de los encuentros legislativos más esperados y uno de los últimos del 2018.

Fin de año sin empleo

Por su parte, el dirigente de ATE, Gerardo Garmendia, consignó que la reunión “fue convocada por Natacha Wolansky”, edil de Chubut Somos Todos con una vasta trayectoria dentro del gremio, previo a su asunción; al encuentro se sumaron “concejales de todos los bloques para expresar la preocupación por la inminente caída de contratos de ocho compañeros del Instituto y solicitando el apoyo del Concejo Deliberante”, continuó.
Por su parte, Juan Altamiranta, de la conducción de ATE local y quien protagonizó un incidente en el que fue agredido meses atrás, durante la visita de un funcionario provincial a un programa de televisión, expresó que “en principio, agradecemos el acompañamiento de los concejales”, a la vez que opinó que “es angustiante la posible pérdida de los contratos de los ochos compañeros, que están a veinte días de perder su fuente laboral”.

Algunos trabajan hace más de 15 años

Luego de transmitir sus inquietudes y consensuar el mensaje, desde el Palacio Legislativo se resolvió enviar una nota al Ejecutivo Provincial y al Presidente del IPV, señalando que “este Cuerpo Deliberativo mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado y trabajadores del Instituto Provincial de la Vivienda, quienes manifestaron la situación grave por la que atraviesan ocho trabajadores de este organismo, quienes peligran sus fuentes laborales”, a la vez que destacaron que “algunos son empleados que cuentan con más de quince años de antigüedad, y que vienen desempeñando su labor con suma responsabilidad y compromiso, aportando capacidad técnica y social que realizan con el trabajo de campo que enriquece y potencia el vínculo entre Municipio y Provincia”.

Garantizar la estabilidad laboral

Por tanto, solicitaron a la administración provincial y del Instituto “su intervención en esta situación, a fin de que los trabajadores obtengan su pase a planta permanente, que les posibilite contar con estabilidad laboral, amparando sus derechos en lo establecido por la Constitución de nuestra Provincia, la cual reza en su Artículo 23 que el trabajo es un derecho y un deber de carácter social, mientras que el Artículo 24 inciso 2 establece que la ley garantiza a todos los trabajadores la estabilidad en su empleo”, concluyendo que “hacemos propicia la oportunidad para saludarlo con atenta consideración, confiando en su pronta y favorable respuesta a tal situación descripta ut supra”.

Diezmados

De acuerdo a lo expuesto días atrás por uno de los dirigentes del gremio, durante la manifestación realizada en las inmediaciones de las oficinas del IPV de Madryn, se trata de ocho empleados que nunca fueron regularizados y a los cuales se les estaría abonando su sueldo a través de “órdenes de compra”.
Los trabajadores son profesionales dedicados al relevamiento y la auditoría de muchas de las obras financiadas por el Gobierno Nacional, entre ellas las del Programa de Mejoramiento de Barrios (Pro.Me.Ba.), que avanzaron con la urbanización de sectores como Nueva Chubut, entre otros.
Sin embargo, desde el sindicato que nuclea a los estatales advirtieron que, de un tiempo a esta parte, la decisión nacional habría sido la eliminación de dichas “cuadrillas” de trabajo, algo que también impactaría en el relevo del estado de obras y, consecuentemente, en la calidad de vida de los vecinos que esperan su concreción.