Sobre las 14:15 horas del jueves tuvo lugar la Sesión Especial del Concejo Deliberante, convocada para tratar la situación de los 110 trabajadores de Food Arts, pesquera que integra una entidad societaria también compuesta por las firmas Ipesur –propietaria de la planta física– y Pescare, donde un conflicto entre dichas partes generó incertidumbre respecto del futuro de los puestos laborales.
Unos minutos antes de la hora pautada, un centenar de trabajadores y afiliados al gremio que nuclea a los empleados de la firma, se apostó sobre el ingreso al Palacio Legislativo, aguardando el comienzo de la Sesión, que duraría unos diez minutos y otorgaría, si bien una medida favorable para los trabajadores, un “final abierto” al conflicto entre la sociedad propietaria de la firma.
Por seis votos positivos, cinco abstenciones y una ausencia, se resolvió “autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar la habilitación comercial por el siguiente período de zafra del langostino, definido por la autoridad competente, a la Empresa Food Arts SA […], por única vez con carácter de improrrogable, garantizando de esta manera la fuente laboral 120 familias de la ciudad de Puerto Madryn”.

Capítulo cerrado, final abierto

Tras varias horas de reuniones y de analizar el tema entre los distintos bloques y sus asesores, en principio se apuntaba a declarar la planta donde funciona la empresa como un inmueble “de utilidad pública”, lo cual trasladaría la resolución a la Legislatura Provincial, que deberá resolver si resuelve una “expropiación transitoria” de la misma, a fines de garantizar la continuidad de los puestos laborales, al menos hasta la fecha pactada, que era entre fines de marzo o abril de 2019, al culminar la zafra de langostino.
Sin embargo, dicha posibilidad fue luego desestimada y ni siquiera figuró en el Orden del Día, por lo que el Despacho que finalmente se votó, consensuado por la mayoría de los concejales, estableció el otorgamiento al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) la posibilidad de habilitar la planta de manera provisoria hasta el 31 de marzo.
Sin embargo, cumplido ese plazo, si el conflicto hasta entonces no se resolvió, los 110 o 120 trabajadores seguirían en la misma situación que hasta este jueves.

Hasta el 31 de marzo

Finalmente, y tras un largo rato de deliberaciones, la Sesión Especial comenzó sobre las 14 horas, con la presencia de los ediles y de trabajadores y gremialistas, quienes habían remarcado que el encuentro sería sin sobresaltos, a diferencia de lo ocurrido el día anterior, donde hubo incluso rotura de vidrios dentro de la Sala de Reuniones del Concejo.
El Orden del Día comprendió un sólo Despacho, que prevé otorgar al Ejecutivo Municipal la “herramienta” legislativa para conceder la habilitación provisoria hasta fines de marzo de la planta, a fin de que los empleados puedan ser convocados a la próxima zafra, aunque la misma finaliza en abril de 2019.

Una excepción a la regla

Concretamente, según lo explicó el primero en tomar la palabra, Enzo Terrera (Chubut Somos Todos), el Despacho permitiría exceptuar el cumplimiento del Artículo 2, Inciso “G” de la Ordenanza 9.641, de diciembre de 2016, la cual establece que “el solicitante de la Habilitación Municipal deberá acreditar la titularidad del inmueble en el que se desarrolla la actividad mediante documentación fehaciente. En caso de no ser titular, deberá presentar el contrato correspondiente, el que deberá contar con el destino y plazos, con firmas certificadas por Escribano Público y de corresponder con el sellado de la Dirección General de Rentas de la Provincia”.
Acto seguido, un particular momento tuvo lugar en el recinto, cuando la edil Andrea Moyano (FPV-PJ) solicitó una Moción de Orden ya que “hace un minuto me entregó un sindicato un listado con los 120 trabajadores comprendidos en la Ordenanza (que se votaría luego), ya que el que tenemos no coincide”. Se trata de una diferencia de diez trabajadores frente a la cifra original que se manejaba hasta ese día.

“Ojalá sirva para las familias”

El concejal Miguel Antín, presidente del bloque oficialista, solicitó a la Secretaria Legislativa que explicara cómo se podría incluir dicho documento en el Despacho a votar, y transcurridos unos instantes, finalmente se aprobó la Moción de Orden.
A su turno, el concejal Juan Duarte (UyO) anticipó que votaría positivamente y aclaró que “la tensión que tuvimos estos días tuvo que ver con el trabajo que tuvo este cuerpo y todos los concejales, pero más allá de los problemas societarios, tuvimos en cuenta y cada uno de los ediles estuvo pensando en la economía de la ciudad y de las 120 familias; de eso se trata esta votación, que seguramente sea cuestionada por alguna empresa u abogado”, agregando que “ojalá esta herramienta que le estamos otorgando al Ejecutivo Municipal, exceptuándolo de un punto de la Ordenanza de habilitaciones comerciales, sirva para las familias; lo que suceda con esto, si será una herramienta efectiva o no, el tiempo lo dirá”.

“Todos los bloques nos hicimos cargo”

La próxima en justificar cómo votaría fue Claudia Bard, presidenta del bloque FPV-PJ, quien expuso que “en consonancia con lo que decía Duarte, estamos en esta situación a pesar de que es un problema entre privados y que se llevan varios beneficios por la explotación de la pesca, nosotros desde el Concejo Deliberante vemos como muchas veces los trabajadores se llevan la peor parte de la irresponsabilidad de los empresarios”, sumando a ello que “todos los bloques nos hicimos cargo de esta situación, en pos de las 120 familias y los 120 puestos de trabajo que se perderían; creo que el Estado debería intervenir en este tipo de cuestiones y en los amplios beneficios que se llevan las empresas privadas”.

Buscar “la mejor herramienta”

Nuevamente con el dominio de la palabra, Antín fundamentó: “Creo que la concejal (por Bard) se me ha adelantado; lo que ha quedado plasmado en este despacho, creo que es una herramienta que el Ejecutivo, más allá de que sea atacado o no, tendrá para avanzar sobre este tema y que estas familias no se queden sin trabajo”, sostuvo, remarcando que “cada uno (de los bloques) ha puesto lo mejor”.
Por parte del mismo bloque, Mariela Williams manifestó que “desde ya, hemos estado trabajando en buscar la mejor herramienta, también en cuanto a tiempos, que era lo que nos preocupaba; creemos que esta es la que acorta los tiempos, más allá de los plazos normalmente estipulados por la promulgación y publicación en el Boletín Oficial; creemos que es la que más rápido puede ser usada, por lo tanto fue que nos decidimos por la misma para traerla al recinto y ser votada; mi voto será positivo”.

“En seis meses el conflicto continuará”

Nuevamente Moyano pidió la palabra y sostuvo que “mi voto también será positivo, y quiero celebrar que finalmente se arribó a un sólo Despacho, ya que en principio eran tres proyectos distintos”.
Al mismo tiempo, celebró la posibilidad en algún momento analizada de declarar a la planta como “de utilidad pública”, aunque reconoció que fue desestimada porque “los tiempos de la Legislatura no son los de la gente”. En ese caso, la Legislatura Provincial debería haber tratado una posible “expropiación temporal”, pero tampoco estaba garantizado al cien por cien el apoyo de los diputados.
“Hay que recordarles a los empresarios y al sindicato que en seis meses este conflicto va a continuar, y si no se resuelve estaremos en la misma situación que ahora”, reconoció la edil.

“Los empresarios nunca colaboraron”

Finalmente, el concejal Franco Albanesi (UyO) puso en relieve que “hubo un trabajo conjunto de todos los ediles presentes en el recinto, y quiero destacar que los empresarios nunca aportaron la solución; no viven en la ciudad ni en la Provincia, articularon con sus abogados, pero nunca colaboraron para solucionar el problema”.
Sobre este punto, opinó que “quizás, esta no sea la herramienta adecuada, pero es la que se pudo obtener”, al tiempo que consignó que “es evidente que los empresarios no tienen interés en ninguno de los trabajadores, sus familias o la ciudad”.
En la votación, los concejales que acompañaron el despacho fueron Raúl Cataldi, Mariela Williams, Miguel Antín (Chubut Somos Todos), Andrea Moyano, Claudia Bard (FPV-PJ) y Juan Duarte (UyO), mientras que no hubo votos negativos y sí se abstuvieron Claudio Tortoriello (Cambiemos), Enzo Terrera y Natacha Wolansky (Chubut Somos Todos), Franco Albanesi (UyO) y Marcelo Gallichio (PJ).
Se trata de una situación que generó una encrucijada entre la posibilidad de sentar un precedente acaso perjudicial, apuntando a buscar la herramienta más endeble para evitar interferir, desde el ámbito público, en un conflicto entre privados, y encontrando un “punto medio” que llevara garantías de continuidad laboral a los 110 (o ahora 120) trabajadores de Food Arts.

Seguro de caución y valor de mercado

El Despacho que obtuvo dictamen favorable también estableció que “previo otorgamiento de la habilitación comercial por el período indicado […], el DEM deberá requerir la presentación por parte de la empresa Food Arts SA de un seguro de caución a nombre del titular registral del inmueble u otra garantía suficiente a fin de cubrir las sumas correspondientes al valor de mercado del alquiler de la planta y eventuales daños que pueda sufrir el inmueble; dicho seguro de caución u otra garantía que, a criterio del DEM será ejecutado en forma proporcional en caso de no acreditar Food Art el pago de los valores correspondientes al alquiler por el siguiente período de zafra del langostino, definido por la autoridad competente; el valor de la garantía por potenciales daños será fijado en forma fundada por el DEM”.
También, la Ordenanza fijó que “el valor de mercado de las sumas correspondientes al alquiler de la planta deberá ser fijado por el DEM con la intervención de al menos tres inmobiliarias de reconocida trayectoria en el rubro; las sumas determinadas para el alquiler deberán ser consignadas por la Empresa Food Arts a favor del titular del inmueble y ante quien el DEM determine”.

Robaron elementos de la planta

Un episodio particular fue el ocurrido el día anterior, sobre las últimas horas del miércoles, en la propia planta de Food Arts, ubicada en Perú al 900, donde “una persona de apellido Tapia denunció que, entre las 9 y las 18 horas del día 28 de noviembre, en circunstancias en que la empresa había quedado únicamente con la custodia del empleado de seguridad, se constató que desconocidos, previo a violentar el cerco perimetral y las puertas de la sala de máquinas, ingresaron y sustrajeron dos máquinas de soldar, un televisor, una amoladora, dos rollos de cable de cien metros y una caja de herramientas de mano”.
En el hecho intervino personal de la División Criminalística y se dio conocimiento a la Fiscalía, que avanza en la investigación.