Una particular situación ocurre en la seccional Puerto Madryn de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que también abarca las localidades de Trelew y Rawson en calidad de filial, y donde, a pesar de no estar más “intervenida” por el Secretariado a nivel nacional, se encuentra “atravesada” por una serie de acciones que, según mencionaron desde el gremio, generarían un contexto de desfinanciamiento local.
En la ciudad del Golfo, el sindicato de los metalúrgicos nuclea a unos 2 mil trabajadores, entre ellos unos 1.100 aproximadamente en la empresa Aluar, mientras que el resto se encuentra repartido en otras plantas ubicadas en el Parque Industrial, siendo uno de los gremios que más cantidad de empleados tiene bajo su órbita.
Su titular, recientemente restituido tras el cese de la intervención, Jorge Paineman, advirtió que desde la conducción nacional, en cabeza de Antonio Caló, desoyeron una orden judicial y que actualmente retienen fondos, generando un perjuicio directo para los afiliados.

“Tienen la plata y no están pagando”

En diálogo con El Diario, el dirigente metalúrgico comentó que “seguimos en las mismas condiciones en las que arrancó la intervención, ya que recientemente salió un dictamen de un juez el cual el Secretariado Nacional no acató, de restituir el cargo al día 22 de octubre; por eso, el pasado jueves hicimos una solicitada publicada en algunos medios, que dejó en claro la situación que el sindicato atraviesa con respecto a la obra social”.
Sobre esto último, explicó: “Lamentablemente, nosotros no tenemos los fondos para pagar la obra social, todos los fondos están en Buenos Aires y no los derivan para acá. La situación de los compañeros afiliados que están en la misma es complicada, ya que se están cortando los servicios, tanto en las clínicas como en las farmacias; estamos ‘al borde’, por eso queremos hacer responsable al compañero Caló de lo que pase con la obra social, ya que hoy la plata la tienen ellos y no están pagando nada”.

“No acataron la resolución judicial”

En este sentido, se refirió al cese de la intervención, donde a pesar de que la estructura gremial parecería haber vuelto a la normalidad, la relación con las autoridades nacionales habría quedado trunca.
Consultado sobre su opinión respecto de la interrupción en el envío de fondos y si ello podría entenderse como un “castigo”, opinó que “yo lo veo como una represalia, al no acatar ellos la decisión de un juez, uno se da cuenta; y no hablo solamente del Secretariado nacional, sino que a una empresa local le hemos notificado sobre la decisión del juez y tampoco acató lo resuelto por la Justicia; no nos reconocen, hemos mandado permisos gremiales y aducen que el Secretariado no les ha informado nada, por eso también enviamos una carta documento donde figura la resolución del juez, que tampoco han acatado lo que él dice”.
Por parte de la conducción local, “lo que hicimos fue hablar con el abogado y trataremos de hacer un recurso de amparo, de modo que quede el 80 por ciento de la plata en Madryn y que se les derive el 20 por ciento con el que ellos se quedan (en Buenos Aires)”, precisó, agregando que “en Puerto Madryn, contamos con unos 2 mil afiliados en lo que refiere a la seccional local, Trelew y Rawson”.

Les prometieron 244 viviendas, pero solo se construyen 44

En otro orden, Paineman anticipó algunas de las obras pendientes de concreción en Madryn, entre ellas una pileta climatizada para el gremio y unas 244 viviendas, de las cuales hay solamente 44 en ejecución: “Tenemos unas cuantas. Una pileta en el camping, que tenemos que terminar, le falta solamente el cerramiento ya que será una pileta climatizada. En el caso de las viviendas, son las cuarenta y cuatro ubicadas después de la zanja de guardia, en el barrio Sur. Queremos tener una reunión con el Gobernador, ya que se había firmado por unas 244 viviendas con la conducción anterior, pero faltan doscientas. Por eso, queremos reunirnos ya que tenemos todo firmado y ese era el compromiso del Gobierno. En su momento, por intermedio del Secretario General nuestro a nivel nacional, tuvimos una reunión con (los ex funcionarios) Julio De Vido y Diego Bossio, que en ese momento estaba en Anses; el organismo quería hacer viviendas, pero no tenía terrenos, por eso nosotros lo que hicimos fue gestionar servicios y, por eso, el compromiso de las 244 viviendas”. Sobre este punto, sostuvo que “ya hay 44 en construcción, así que estimamos que antes de fin de año, algunas se van a entregar”.