REPRESENTANTES DEL CONSEJO FEDERAL COORDINARÁN LINEAMIENTOS PARA COMBATIR EL FLAGELO

Madryn será sede de un encuentro sobre lucha contra la trata de personas

Entre el 17 y el 18 de diciembre, representantes de distintas instituciones y entidades gubernamentales se reunirán en las instalaciones del Hotel Rayentray, para participar del “X Encuentro del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de personal y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”, una jornada que buscará abordar de manera multidisciplinaria la problemática.
Actualmente, Puerto Madryn es una de las ciudades que ha tratado el tema de manera activa, a partir de la conformación del Comité Interdisciplinario y Multisectorial integrado por actores municipales y referentes de entidades con injerencia en la temática, realizando campañas de difusión y concientización para instruir a la comunidad sobre la detección de este tipo de casos; el más resonante ocurrido en los últimos años fue el que tuvo como víctimas a cuatro mujeres de nacionalidad paraguaya, que fueron engañadas a través de un contacto que mantenía en dicho país el propietario del inmueble ubicado en Villegas 516 –hoy en disputa entre el Municipio y la Provincia a partir de su decomiso–, prometiéndoles ir a trabajar como empleadas domésticas en Buenos Aires, pero trasladándolas a la ciudad del Golfo, donde permanecieron recluidas durante varios días y fueron obligadas a prostituirse.

Un ámbito de “permanente acción”

El evento fue declarado “De Interés” por parte del Concejo Deliberante de Puerto Madryn, desde donde recordaron que la Ley Nacional 26.364 establece como objetivo, en su Artículo 12, “la implementación de medidas destinadas a prevenir y sancionar la Trata de Personas, como así también la asistencia y protección a sus víctimas”, además de remarcar que a través de dicha actividad mencionada “se busca profundizar la prevención y el combate de ese delito”.
Por otro lado, mencionaron que el Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas “es un ámbito de permanente acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a la lucha contra la trata y con autonomía funcional”.

Garantizar programas de prevención

Otro de los puntos resaltados por los ediles fue que “constantemente se realizan reuniones rotativas y periódicas en las distintas provincias con el objetivo de definir líneas de acción y articular dispositivos territoriales para prevenir y combatir el delito de trata y abordar la protección y asistencia a las víctimas”, al tiempo que advirtieron que la Carta Orgánica Municipal, en su Artículo 84, Inciso 8, establece que “el Municipio garantiza en el ámbito público y promueve en el privado “el desarrollo de programas integrales de prevención y asistencia a las víctimas de violencia familiar y del delito de trata de personas”.

Diez años de la Ley de Trata

Promulgada en 2008, la Ley de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas” tiene como fin “implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas”.
En este sentido, establece que existe la denominada explotación en cuatro posibles casos, entre ellos “cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas”; “cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados”; “cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual” y “cuando se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos”.
Además, la legislación que este año cumplió una década incorporó como Artículo 145 bis al Código Penal: “El que captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación, será reprimido con prisión de 3 a 6 años”.

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