EXISTE LEGISLACIÓN QUE AVALA SU USO, PERO CUESTIONES BUROCRÁTICAS COMPLICAN EL ACCESO

Madryn será sede de una jornada de divulgación científica sobre cannabis medicinal

A raíz de una nota enviada por la Asociación Pensamiento Penal, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn manifestó su apoyo a un encuentro que se realizará el próximo 14 de diciembre, en las instalaciones del Bingo Municipal, y que tendrá como eje temático la utilización del cannabis medicinal en el ámbito de la salud.
Se trata de una temática que ha sido abordada desde distintos aspectos y que ha tomado fuerza en los últimos años, a raíz de las propiedades comprobadas de dicho compuesto; sin embargo, la legislación respecto de su uso en terapias medicinales todavía no se ha consolidado por completo, a pesar de que diversos testimonios dan cuenta de su éxito en el tratamiento de enfermedades y patologías.

Programa Nacional

De este modo, la Casa de las Leyes resolvió declarar “De Interés” legislativo el evento, teniendo en cuenta varios aspectos; entre ellos, que “la fundamentación legal del canabis con fines médicos en nuestro país cuenta con la ley 27.350 sobre ‘Investigación médica y científica de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados’” y que “el uso medicinal del cannabis se encuentra regulado mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 738/2017 y sus contenidos se complementan con la Resolución 1537-E/2017 del Ministerio de Salud de Nación (actualmente con rango de Secretaría de Estado), mediante la cual se termina de delinear el ‘Programa Nacional de Investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no Convencionales’”.

Ejercer un derecho

Dicha ley y sus complementos normativos, consignaron los distintos bloques, “fueron originadas a través de una demanda de la sociedad civil a los poderes públicos, planteando la necesidad inminente de una regulación específica del acceso al cannabis para fines médicos y terapéuticos”, a la vez que “la visibilización mediática de estos casos y la resultante empatía social causada por los mismos, han finalmente precipitado los tiempos políticos, la presentación de diversas iniciativas parlamentarias y el tratamiento en el Congreso Nacional; asimismo, ha sido trascendental la organización social de madres, familiares y pacientes que llevaron adelante el reclamo por una normativa nacional que los proteja y reconozca en el ejercicio de sus derechos”.

Acercar la información a la sociedad

Por otro lado, el documento en apoyo a la actividad destacó que “el debate que se plantea en relación a este tema trata de reconocer o no el ejercicio de derechos humanos fundamentales que hacen a la dignidad humana, más allá del aval de la ciencia sobre tales conductas”, añadiendo que “la realización de las Jornadas ponen en conocimiento de la ciudadanía los nuevos avances científicos y la reglamentación jurídica sobre el tema, a los fines de que aquellos que se encuentren padeciendo enfermedades que impliquen el uso del cannabis para su pronta mejoría o tengan familiares en tales condiciones puedan acceder a la información de que su derecho a ser tratado médicamente con dicha sustancia es un derecho constitucional, su derecho a la salud”.

Acceso restringido

En uno de sus últimos informes, que remite a la “Jurisprudencia argentina en materia de usos terapéuticos de la planta de cannabis y sus derivados” y analiza la situación de nuestro país entre 2012 y 2018, la Asociación Pensamiento Penal planteó lo que ocurre con aquellos alcanzados por la normativa y que necesitan tener acceso a dicho compuesto: “La reglamentación de la Ley nacional derivó en una regulación que obliga a las personas que necesitan la sustancia a someterse al Programa Nacional de Investigación, al mismo tiempo que el Estado accedería a la sustancia por medio de la importación y la futura elaboración pública de sustancias en base a cannabis, por medio de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Pero todas aquellas personas que no se sometieran al Programa, se les negaría la gratuidad sobre la importación de productos, debiendo continuar accediendo mediante el régimen de excepción de importación, regulado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)”.

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