La Oficina Judicial de Rawson fijo fecha para mañana miércoles 28 de noviembre a las 8 horas en la ciudad capital para que se realice la audiencia solicitada por los fiscales. Cinco empresarios de Trelew y Puerto Madryn serán imputados en la causa que investiga las contrataciones realizadas durante la Emergencia Climática de Chubut. El monto de perjuicio a la provincia sería superior a los 10 millones.
“En la maniobra defraudatoria resultó imprescindible la intervención de empresarios que fueron contratados por el Estado Provincial, en alguno de los hechos cobrando valores muy superiores a los que los productos tenían en el mercado, y en otros directamente cobrando por mercadería que nunca entregaron”, afirmaron los fiscales Omar Rodriguez y Alex Williams, a cargo de la investigación.

Funcionarios involucrados

En la causa ya se encuentran imputados los exsecretarios privados Diego Correa y Diego Luthers, el exjefe de Gabinete Alberto Gilardino, la Ministro de Familia Leticia Huichaqueo y los funcionarios del área Marcelo Suarez y Vanina Varale. Sobre ellos pesa la calificación legal por “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la modalidad de delito continuado”.
Ahora se sumarán los empresarios Franco Finiguerra, de Madryn; y otros cuatro empresarios de Trelew, a quienes se les imputará la calificación en carácter de “partícipes primarios”, ya que no son funcionarios públicos. El fondo de la emergencia climática era de 30 millones, y los fiscales sospechan que se defraudó al Estado en casi la mitad de ese dinero.

Múltiples maniobras

Una empresaria titular de una blanquería es investigada por las contrataciones por más de 2.900.000 de pesos. Ninguno de los artículos fue entregado al Estado. Una factura en el marco de la emergencia climática la presentó con fecha de antes que empiece a llover.
Fue contratada para vender colchones, frazadas y toallas por casi 3 millones de pesos, y “ninguno de los artículos descriptos en las facturas presentadas al cobro fue entregado a dependencia estatal alguna”, indica el pedido de apertura de investigación que sostiene que “provocó una defraudación de $ 2.911.845”.
El comercio de blanqueria y muebles fue contratado por el Estado Provincial por montos cercanos a los 3 millones de pesos, pero ninguno de los elementos se entregó, a pesar que fueron pagados.
La primera contratación fue por un monto de $ 443.340, en razón de la venta de 180 colchones. La compra se realizó el 30 de marzo, según la factura N° 6.762, es decir se compraron 180 colchones en el marco de la emergencia, antes de que lloviera en la ciudad de Comodoro. Ningún elemento se entregó al Estado.

Facturas sospechosas

La agrícola que comenzó a facturarle al Estado Provincial. Fue por 3 millones. Todas las facturas fueron correlativas, arrancando desde el cero. La empresa agrícola fue contratada para comprar leña, módulos alimentarios, artículos de limpieza y hasta pañales. “Pero aparece suministrado mercadería que en un caso no cuenta con respaldo de proveedor alguno, en otros las facturas de los supuestos proveedores tienen serios signos de ser apócrifas y por último en otros de los supuestos la mercadería que se le vendió a la Provincia se le cobró a un precio que superaría un 200%” indican los fiscales, quienes aseguran que “provocaron un perjuicio al Estado Provincial de $ 3.141.258”.
Además, también surge de “la lista de Luther”, que le entregó coima por 250 mil pesos. “Diego Luters realizaba anotaciones de manera minuciosa lo que la empresa iba cobrando, y los retornos a manos de los funcionarios que se materializaba”, afirma el escrito judicial.

Cobró y no entregó nada

El cuarto hecho está investigada una firma que fue contratada por más de 2 millones por la compra de colchones, que nunca se entregaron. “Fue una venta que en realidad no se realizó”, dicen los fiscales.
El 2 de Mayo, el Estado Provincial contrató a una colchonería de Trelew por un monto de $ 1.200.000, en razón de la venta de 800 colchones con un valor unitario de $ 1.500. Y el 27 de Junio, volvió a ser contratado por $ 900.000, en razón de la venta de 300 colchones con un valor unitario de $ 3000
“De los 800 colchones vendidos al Estado solamente tiene el respaldo documental por 40 colchones”, indicaron los fiscales para asegurar que “la firma no entregó la mercadería reflejada en los expedientes”. Además agregan una pericia informática sobre el teléfono de Luters, de la que surge como acordaban el retorno a cambio del pago al proveedor. “El responsable de la firma retornó a manos de los funcionarios la suma de $210.000”.

Mall Don Bosco vendió 1800 colchones, pero solo había comprado 30

Los fiscales investigan al dueño de Mall Don Bosco de Puerto Madryn, Franco Finiguerra, por provocar “un perjuicio Estado Provincial de $ 6.814.530 como consecuencia de la maniobra defraudatoria”. El “retorno” para los funcionarios fue superior a 1 millón.
El titular de la mueblería portuaria fue contratado por $ 2.368.330 para vender 629 colchones y 597 frazadas. A los pocos días se lo contrató por $ 2.690.200, para otros 580 colchones; 450 Mantas Polar de una Plaza, 450 Colchas Polar de una Plaza, 420 sábanas y 250 Toallas. A la semana siguiente, la contratación fue por 1.758.000 de pesos en razón de la venta de 600 colchones.
“Con estas contrataciones le provocaron un perjuicio Estado Provincial de $6.814.530 como consecuencia de la maniobra defraudatoria”, afirman los fiscales. Y sostienen que “no existe respaldo por parte del proveedor que justifique el volumen de venta realizado al Ministerio de Familia. Dicho en otras palabras, compro 30 colchones de 0,80 x 1,90 x 17 cm, y le vendió a la provincia 1.800 colchones de esas características”.
Además, los investigadores poseen pruebas que el empresario retornó a manos de los funcionarios la suma de $1.220.000. (Fuente: MPF)