La Cámara Federal de Casación Penal anuló la prisión preventiva que recaía sobre la diputada de Cambiemos Aída Ayala en una causa por lavado de dinero, negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito.
En ese sentido, el máximo tribunal penal entendió que la Cámara Federal de Resistencia no había fundado debidamente su decisión sobre las prisiones preventivas y por ello dispuso dictar un nuevo fallo.
La decisión alcanzó a otros acusados como Rolando Javier Acuña, Carlos Alberto Secundino Huidobro, Jacinto Amaro Sampayo y Pedro Alberto Martínez, que también tenían prisión preventiva.
El fallo salió por unanimidad de sus tres integrantes. En su voto, el juez Gustavo Hornos afirmó que «la prisión preventiva debía ser dispuesta por los jueces del proceso sólo cuando resultara imprescindible, es decir, para evitar riesgos procesales: la fuga o el entorpecimiento de la investigación».

Falta de análisis

«Lucen atendibles las críticas de las defensas en cuanto sostienen que el Tribunal a quo ha omitido evaluar los planteos oportunamente expuestos, que fueran calificados por las partes como dirimentes y decisivos para resolver la cuestión sobre la que conocía, supuesto que priva de fundamentación suficiente a la resolución recurrida», señaló.
Entonces, dijo Hornos, «resulta que, tal como afirmaron las partes recurrentes, los magistrados de la instancia anterior omitieron evaluar la cuestión sometida a su jurisdicción por las partes y dictaron la prisión preventiva de los imputados sin analizar de forma específica y concreta la situación de cada uno de los imputados, según los riesgos procesales que podrían verificarse en autos».
El juez Juan Carlos Gemignani apoyó esa decisión. Y en tercer lugar, el juez Mariano Borinsky dijo que «sellada la suerte» del fallo correspondía «estar a conformidad de la decisión adoptada» por sus colegas.

Negociaciones “incompatibles”

La diputada de la UCR está procesada por distintos hechos de corrupción a través de contratos con empresas de recolección de residuos en Resistencia, en momentos en que se desempeñaba como intendenta de esa ciudad.
Se le imputan los «delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautora, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautora, todos en la modalidad de concurso real».
La jueza del Juzgado Federal Zunilda Niremperger ordenó a mediados de abril -a pedido del fiscal Patricio Sabadini- la detención de Ayala porque entendió que en libertad podía entorpecer la investigación. Y pidió el desafuero a la Cámara de Diputados.

Asociación ilícita

Luego, la procesó por ser la jefa de una asociación ilícita que desde la intendencia de Resistencia -que ocupó durante tres períodos de 2003 a 2015- montó una ingeniería para beneficiar a la empresa «PIMP SA» con el negocio de la recolección de residuos en la ciudad.
Casación Penal revocó el beneficio de eximición de prisión para Ayala y luego la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó el procesamiento con prisión preventiva de la ex intendenta de la capital chaqueña.
Las defensas apelaron y expusieron sus argumentos en una audiencia que tuvo lugar el miércoles, y al día siguiente la Sala IV dispuso la anulación del fallo de la Cámara Federal.