La diputada Gabriela Dufour (FpV), condenada por administración fraudulenta en la preservación de los bienes de Alpesca, propone que se destinen 300 millones del Presupuesto Provincial 2019 para pagar la expropiación. La causa civil aún no fijó una tasación oficial de los bienes y no debería ser el Estado quien lo afronte, sino el privado que usufructúa los barcos y la planta en cuestión. La ex ministro de Buzzi buscaría favorecer a quienes vaciaron la empresa y dejaron a mil trabajadores en la calle.

Sin ruborizarse

El proyecto de ley que presentó la diputada Gabriela Dufour en la última sesión legislativa que promueve adecuar el Presupuesto 2019 para asegurar el pago de bienes expropiados de la ex Alpesca, causó sorpresa entre propios y ajenos. Sucede que la legisladora provincial fue condenada por “administración fraudulenta”, por la Justicia de Chubut, precisamente por no preservar los bienes expropiados.
La diputada Dufour, que ya agotó todas las instancias ante la Justicia de Chubut, y en cada una fue ratificada su condena, ahora se anima a más y promueve “autorizar al Poder Ejecutivo Provincial, con carácter excepcional y extraordinario, a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para afectar los fondos provenientes del Presupuesto 2019 para el pago de los saldos de indemnizaciones de los bienes expropiados en la causa Alpesca”, indica el proyecto ingresado este martes a la Legislatura.

Apuro en pagar

No sólo resulta llamativo que la diputada provincial condenada por no preservar los bienes de Alpesca ahora se muestre tan interesada en que estos sean pagados por la Provincia de Chubut, sino que además pretende que esos fondos sean incluidos en el Presupuesto 2019, sin indicar la fuente de donde la Diputada supone debería provenir la partida para abonarlos.
Vale mencionar que además instrumento al que apela la legisladora provincial, se encuentra en debate legislativo, y es precisamente Dufour quien ha cuestionado la escasez de obras en la proyección presupuestaria, y ahora quiere distraer fondos por 300 millones de pesos.

Segundo y Aleua, agazapados

El proyecto de Ley prevé adecuar el Presupuesto 2019 para el pago de bienes expropiados, y según publica la prensa del Valle, Dufour habría ratificado que Omar “Cura” Segundo es el propietario de Alpesca.
Todo indica que la legisladora interpreta que, el fallo de la Justicia Penal de Chubut acerca de la venta fraudulenta de Alpesca, que pone en cabeza de Omar Segundo la titularidad de la empresa, modifica el estatus que le confiere la IGJ a Renato Aleua y Rodolfo Martín Lenk Aleua, sobre la titularidad de la compañía, lo que no necesariamente funcionaría de ese modo.

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Eroles se toma su tiempo

Así las cosas, la causa civil está aún en trámite en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn, a cargo de la jueza María Laura Eroles, y según trascendió el expediente no ha girado al Tribunal Nacional de Tasaciones, por lo que los bienes en cuestión no estarían tasados oficialmente.
Aparentemente la diputada interpreta que, de acuerdo a los términos de la ley original sobre la expropiación, es la Legislatura la que debe hacer la asignación presupuestaria específica para eso y por eso determina que sean 300 millones de pesos, lo que hace suponer que se trataría de los fondos para pagar los saldos de indemnizaciones de los trabajadores, y no de los bienes expropiados.
Sin embargo, el proyecto de ley expresa “el pago de los saldos de indemnizaciones de los bienes expropiados en la causa Alpesca”, y bajo la premisa de que los bienes no han sido tasados oficialmente, se desconoce el origen de la suma que propone la diputada Dufour de 300 millones de pesos como el monto que debería abonarse, lo que alcanzaría una suma estimada en poco más de 7 millones de dólares.

Rol de Red Chambers

Haciendo un ejercicio comparativo, vale recordar que en la causa por la que fue condenada Gabriela Dufour por “administración fraudulenta”, los acusadores afirmaron que el daño ocasionado superó los 5 millones de dólares, por lo que aún si se hubiera destruido completamente las siete embarcaciones, está claro que su valor sería mayor, y aún resta considerar la planta procesadora en Puerto Madryn.
De acuerdo a lo que propone Dufour, el Estado pagaría 300 millones de pesos, que irían a una cuenta judicial y se pagarían indemnizaciones, y luego Red Chambers podría hacerse de los bienes por tener prioridad por contrato y pagar por los mismos.
Sea cual fuere la interpretación del proyecto que promueve la diputada, los fondos inicialmente saldrían de las arcas del Estado, y en su opinión se trata de una cuestión prioritaria porque quiere que se paguen a través del Presupuesto del año próximo.