La Legislatura de Chubut volverá a sesionar 5 de febrero de 2019 en carácter extraordinario, tras las fallidas convocatorias de semanas atrás, y uno de los temas políticos que mayor expectativa genera es que la oposición intentará insistir con la ley que derogó el desdoblamiento de las elecciones en Chubut para el 7 de abril y el 9 de junio del próximo año.
Si bien la fecha en que se concretará la sesión extraordinaria está al límite con el cronograma electoral, ya que, al día siguiente de sesionar la Legislatura, vencerá el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en los comicios.
Cabe tener en cuenta que el 11 de febrero de 2019 caduca el plazo para solicitar la asignación de colores para las boletas que se utilizarán en las PASO y en las elecciones generales.
Una de las fechas claves del cronograma electoral en marcha en el 16 de febrero, fecha en la que vence el plazo para la presentación de listas de precandidatos. No obstante, trascendió que independientemente de lo que la oposición plantee el 5 de febrero del próximo año, la Justicia ya tendría definido resolver que la fijación de las fechas de convocatorias a elecciones se trata de “decisiones políticas no judiciables”. De este modo se excusarían de resolver sobre el conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento.

Designaciones en el Tribunal de Cuentas

La convocatoria a sesión extraordinaria para el 5 de febrero incluye además los reemplazos en el Tribunal de Cuentas de Chubut. La Legislatura deberá designar a un abogado y dos contadores, pero ya hay diferencias por quién propone al especialista en Derecho y quién al profesional de las finanzas.
Chubut Somos Todos quiere la continuidad de la abogada Lorena Coria, actual presidente del organismo de control, pero el FPV quiere ubicar a un abogado. Por su parte, el radicalismo irá por el camino de un contador.

Los expropiadores

Por otro lado, la diputada Dufour del FPV presentó un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo, con carácter excepcional y extraordinario, a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para afectar los fondos provenientes del Presupuesto 2019 para el pago de los saldos de indemnizaciones de los bienes expropiados en la causa Alpesca. El monto rondaría en los 300 millones de pesos.
En tanto, Blas Meza Evans del FPV presentó una iniciativa para expropiar los bienes de Soriano, con la finalidad de que los 32 trabajadores que perciben sueldos desde hace seis meses reactiven la planta.
El proyecto compromete a CORFO para que contrate al personal y administre la fábrica de algas hasta que surja un inversor privado.

Debaten Cartas Orgánicas

Las municipalidades de Lago Puelo y Sarmiento redactaron sus Cartas Orgánicas y ahora la Legislatura deberá debatirlas.
Algunos de los datos que contienen las Cartas Orgánicas son la figura del viceintendente, las bancas de los concejales se irán renovando parcialmente y los intendentes y los ediles tendrán un máximo de dos mandatos con el objetivo de oxigenar a la política. Los diputados confirmaron que no se opondrán, aunque advirtieron que podrían sugerir modificaciones.

Presupuesto 2019

Sin dudas, uno de los temas principales de esa sesión serán los proyectos económicos, como los Presupuestos 2019 del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y la emergencia económica y financiera en la provincia del Chubut y la otra la de los anestesistas.
El Presupuesto simulado por el equipo económico provincial fue de $ 61.340 millones con un superávit primario de 2.360 millones de pesos y una demanda de $ 37.040 millones en sueldos.
El de la Legislatura será de 1.101 millones e incluye los gastos de la Oficina Anticorrupción. Del total, 997 millones será para el pago salarial. El Poder Judicial contará en 2019 con $ 3.783 millones, de los cuales 3.101 millones de pesos estarán abocados a las obligaciones salariales.
En cuanto a la emergencia económica y financiera en toda la provincia del Chubut, la prórroga propuesta por el Ejecutivo se extiende hasta enero de 2020. La emergencia en los servicios de anestesiología obliga a los especialistas a negarse al cumplimiento de sus funciones personales y en caso de renuncia, la misma no podrá efectivizarse hasta que se concrete el reemplazo.