Se realizó el miércoles de esta semana una audiencia por el caso Pilquimán, el cual es protagonizado justamente por Cercensio Pilquimán y el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC). En esta disputa se discute la titularidad de unas 2.500 hectáreas ubicadas en el departamento Gastre de la provincia de Chubut.
Con el patrocinio del abogado Eduardo Hualpa se presentó por la parte actora Hugo César Pilquiman; el presidente de la comunidad aborigen de Lagunita Salada, Gorro Frigio; mientras que el titular de la comunidad de Cerro Bayo, Giménez Meza, fue representado por los defensores públicos Delia Pérez y Jorge Benesperi. En tanto, por el IAC se presentaron Máximo Pérez Catán con el letrado apoderado Víctor Bezunartea, y el comprador Camilo Rechene asistió con el apoderado letrado Rodolfo Zabaleta.
La audiencia fue presidida por los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, Mario Vivas y Miguel Donnet y se trató de un encuentro informativo para que las partes expusieran una reseña del caso y todo aquello que consideraran pertinente.

Detalles del hecho

Vale recordar que el caso Pilquiman comenzó en 2007 cuando Crecencio Pilquiman pidió la nulidad de la resolución 60/07 que le reconocía derechos sobre tierras que estaban sin titular pero que perteneció históricamente a esta familia a otra persona. Ante esta situación, Pilquiman invocó derechos indígenas y antecedentes familiares para reclamar estas tierras. Además indicó que antes de que se resuelvan cuestiones que involucran a los pueblos originarios deben ser consultados previamente y esto no sucedió.
Por su parte, según Hualpa, el Instituto Autárquico de Colonización (IAC), no dio lugar a este pedido y no atendió a este reclamo. Por esto, fue necesario presentar un recurso de amparo, que fue rechazado por todas las instancias en las que se trató en Chubut. “Ningún juez de la provincia reconoció que había derechos indígenas en este caso. Se tomaba como un caso de tierras fiscales y de negocios sobre la tierra”, agregó.
El letrado defensor también consideró que “la tierra indígena no está para hacer ningún negocio. La propiedad de comunidad indígena tiene límites en cuanto a su comercialización o en cuanto a sus transacciones”. Este planteo fue rechazado por el Juzgado de Familia de Puerto Madryn, por la Cámara de Apelaciones de Trelew y por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJ), por lo que en 2014 el caso llegó a la Corte Suprema de la Nación. En esa oportunidad, el máximo tribunal judicial de nuestro país reconoció que los tribunales de Chubut no hicieron lugar a los planteos de los pueblos indígenas, por lo que anuló la sentencia del STJ y reenvió el caso a los tribunales provinciales para que sean analizados nuevamente.
Justamente eso es lo que se está tratando actualmente y el miércoles se realizó una nueva audiencia para que los jueces puedan tener conocimiento del planteo que realiza cada una de las partes. “Es un pedido que habíamos hecho, porque es la primera vez que la comunidad indígena es atendida por un tribunal en el marco de esta causa. Nunca fue consultada ni escuchada y es un gesto simbólico, insuficiente, pero necesario para la reparación de los derechos vulnerados”, consideró Hualpa.

“Respeto a los derechos indígenas”

“Lo que tiene que hacer ahora el STJ es dictar la sentencia y volver a tratar el recurso que presentamos en 2008 y analizar si la sentencia que se dictó estaba bien o estaba mal”, enfatizó el abogado de una de las partes del caso.
“Nosotros esperamos que dicte una sentencia haciendo lugar a nuestro recurso y que deje sin efecto la resolución administrativa que tomó el IAC en 2007. Lo que nosotros queremos es que la Justicia diga que el IAC debe respetar los derechos indígenas y debe consultar a las comunidades. La verdad es que tenemos expectativa de que este fallo tenga efectos sobre otras causas”, consideró.
Además, indicó que “El IAC se mantiene en una posición en la que no reconoce la existencia de la comunidad indígena. Es como que quieren hacer borrón y cuenta nueva, pero todos los negocios que se hicieron, todas las autorizaciones anteriores y los juicios anteriores no se pueden revisar. Si aceptamos eso, es como que estamos firmando el certificado de defunción de los derechos indígenas de Chubut”. “Esperamos que la Justicia le dé un claro mensaje a las autoridades administrativas de la provincia, que nunca ha querido entender la vigencia de la propiedad comunitaria indígena y que siempre ha promovido la propiedad individual, que es una propiedad que hoy está y que mañana puede no estar”, agregó.

Fundamentación jurídica

Por último, Hualpa se refirió a la fundamentación jurídica que tienen los pueblos originarios para realizar sus respectivos planteos. Además de hacer eje en el artículo 75 de la Constitución Nacional, los letrados también fundamentan su defensa en tratados internacionales de derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional.
Según el letrado, también hacen referencia a lo planteado en la Constitución Provincial y leyes provinciales que prevén derechos de las comunidades indígenas a tener parte en el proceso de la ley de tierras, que en este caso nunca se cumplieron.

Gobierno de Chubut