La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, imputó al presidente Michel Temer por corrupción y lavado de dinero en un caso relacionado con irregularidades en el sector portuario.
La denuncia es resultado de una investigación sobre irregularidades en un decreto de mayo de 2017, cuando Temer ya era presidente, que habría beneficiado a algunas empresas del sector portuario, precisó la fiscalía. Temer habría recibido, por medio de cuatro firmas, pagos indebidos del Grupo Rodrimar, principal beneficiario del decreto, según las investigaciones. El encargado del grupo, Antonio Celso Grecco, también fue acusado, así como el exasesor de la presidencia, Rodrigo Roucha Lores.
En total, seis personas fueron acusadas tras la investigación en el último día antes de comenzar el receso del poder judicial. Los valores desviados, según las investigaciones, ascienden a 32 millones de reales (8,2 millones de dólares al cambio actual), que la fiscalía pide sean restituidos por los acusados. El caso fue abierto en septiembre de 2017.
Ésta es la tercera acusación presentada contra Temer desde que asumió la presidencia de Brasil en agosto de 2016, reemplazando a su antigua compañera de fórmula, Dilma Rousseff, destituida por el Congreso por manipular las cuentas públicas. Las primeras dos denuncias contra Temer fueron desestimadas en votación por el Congreso, sin embargo, como su mandato culmina el 1 de enero, cuando debe ser sucedido por el electo Jair Bolsonaro, el Legislativo no tendrá tiempo para evaluar esta nueva acusación, como estipula el marco legal brasileño.