Días atrás, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que Integran los Tres Poderes del Estado, también conocida como la “Ley Micaela”.
La normativa debe su nombre a la activista Micaela García, cuyo femicidio ocurrió en abril del año pasado en Gualeguay, Entre Ríos, y generó una importante conmoción en el país.
De este modo, la legislación establece que todos los integrantes de dichos poderes del Estado deberán, a partir de su promulgación, recibir capacitación en materia de género, buscando acaso corregir una perspectiva que, hasta entonces, había generado duros cuestionamientos desde la propia sociedad hacia la Justicia y el poder político.
La jueza penal de Puerto Madryn, Patricia Reyes, tuvo participación en varias de las causas más resonantes de los últimos años, entre ellos el “caso Diana Rojas”, que se constituyó como la primera condena por femicidio dictada en la ciudad del Golfo.
“Al estar siempre inmersos en una sociedad patriarcal, muchas veces los estereotipos se tienen incorporados”, reconoció la magistrada en diálogo con El Diario, a la vez que planteó la necesidad de que “el Poder Ejecutivo se ocupe de ver cómo está la sociedad y dar todas las herramientas; que el Poder Legislativo ‘legisle’ para que nos dé las herramientas a nosotros para poder administrar Justicia; y la manera de hacer esto último es con las leyes que nuestros legisladores, que son nuestros representantes, entienden que podrían ser la mejor solución para la sociedad en la que nos encontramos”.

Diario: – El Senado finalmente aprobó la Ley Micaela. ¿Cómo analiza que se dé un cambio institucional de esta envergadura, antes que uno de carácter cultural?

Patricia Reyes: En principio, lo veo con beneplácito, aunque pienso que todo lo que sea poner en letra lo que debemos hacer, genera que la gente se haga cargo de lo que tenemos que hacer como sociedad. Desde el punto de vista de decirlo con todas las letras, ‘ayuda’ para que la gente no siga mirando hacia otro lado y que se comprometan todos los operadores del sistema, es decir, del Estado. Esto tiene que ser desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, desde las más altas esferas, hasta las últimas. Es necesaria la formación y hacernos cargo de que nos falta formación y capacitación, así como tampoco tenerle miedo a meternos en estos temas, empezar a leer, a instruirnos, a escuchar y a capacitarnos.
D: – ¿Qué sucede con aquellos operadores que tienen una función tan sensible hacia la sociedad como el caso de los jueces?
PR: Muchas veces, las personas que estamos en cargos importantes pensamos que ‘no está tan bueno capacitarse’, o que el resto podría verlo como que nos falta formación, pero lo cierto es que todos los días se aprenden cosas, y formarse es importantísimo. La CEDAW (Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés) y la Convención Belém do Pará tienen instituido que los estados tomen, como algo importante, el formar para poder darle una mejor respuesta a la sociedad respecto de la erradicación de la violencia de género. Y la mejor manera es formándose y capacitándose.

D: – A pesar de que mucho “ya está escrito” en materia de legislación, leyes como la recientemente sancionada son una forma de reimpulsar dichos postulados.

PR: Efectivamente. Es darle fuerza a lo que ya está. Todo lo que sea para mejorar, para mí está bien, y aunque parezca redundante, lo veo como algo muy positivo.

D: – Un artículo de la “Ley Micaela” especifica que, para las personas que se negaran sin justa causa a recibir capacitación en materia de género, sería posible “hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres”. ¿Está de acuerdo con ello?

PR: En forma personal, creo que sí. Uno se tiene que hacer cargo de las circunstancias, y si toma la decisión de no capacitarse, debe hacerse cargo de que no quiere hacerlo. Como personas que somos responsables por los cargos que ocupamos, y además por ser mayores y adultas; uno se tiene que hacer cargo de las decisiones que toma, y si opta por no capacitarse sobre un tema que es importantísimo porque está en la agenda pública, porque es necesario, porque ya no podemos mirar para otro lado como sociedad y mucho menos, formando parte de los poderes que tomamos decisiones, no se puede no hacerse cargo de ello. Me parece que es algo importantísimo.
D: – En el caso de Chubut, ¿cree que la Ley Micaela puede generar cierta reticencia en el ámbito de la Justicia?
PR: Reticencia siempre hay en todo lo que sea cambios o cuestiones en las que parecería que se está “obligando a hacer” tal o cual cosa. Eso pasa siempre. Creo que, al ser una Ley nacional, termina siendo aplicable en todo el territorio, por lo que deberíamos hacerlo sin ningún problema. Igualmente, en Chubut nos debemos el hacernos cargo de que nos falta formación en todos los poderes, porque esto se ve en la igualdad de oportunidades, de igualdad de cargos y en otro montón de circunstancias. Por ende, en la provincia de Chubut, hace falta.

D: – ¿Y modificaciones en la operatividad del Poder Judicial, en un sentido práctico?

PR: No se trata solamente de las sentencias que nosotros (por los jueces penales) más vemos, que serían las penales, las cuales suelen trascender más en los medios de comunicación; pero las cuestiones de género afectan desde las instancias menores hasta las más altas, en todas las esferas, en todos los ámbitos; el laboral, en la escuela, en los noviazgos violentos, en las relaciones entre pares y amigos, esto abarca todo, incluso la violencia mediática, simbólica, patrimonial, de un empleador hacia una empleada. Por eso, es necesario que nos formemos para que todos los que lleguemos a tomar contacto con alguna de estas circunstancias, las podamos ‘ver’, darnos cuenta, hacer una escucha atenta y poder darle una respuesta a la persona que está pidiendo el asesoramiento.

D: – ¿Existe actualmente presupuesto para implementar este tipo de capacitaciones, o bien se espera que se designen partidas para una aplicación plena de la reciente Ley?

PR: Espero que se designe presupuesto, el cual es necesario. Hay una Ley que está vigente y que fue sancionada a mitad de este año, la cual obliga al personal policial a que, para ascender de categoría, debe hacer una formación en género. Desconozco si se hizo o se aplicó o no, pero esto sumaría a esta Ley, ya que es necesario que las personas se formen en dicha materia, más aún el personal policial, que está en contacto con la víctima de manera contínua. La formación en género le ayuda a la persona a tener una mejor empatía y una mejor escucha con la víctima, no solo de violencia de género sino cualquier tipo de víctima. Porque uno le abre la manera de pensar, de ver, de ponerse en el lugar del otro, ver que pueden haber otras circunstancias rodeando el caso, y consecuentemente, se permite escuchar de otra manera y estar atento a otras cosas, que en definitiva ayudan a hacer mejor el trabajo.

D: – Evidentemente, la empatía es una cualidad necesaria como sociedad y en todos los niveles de la misma.

PR: Ponerse en el lugar del otro es importante, mucho más cuando se trata de esto, porque normalmente uno se pregunta ‘por qué la señora estuvo tanto tiempo en esa relación en la que el señor la maltrataba’, o bien ‘por qué después de hacer la denuncia volvió con él’. Y esto es una manera de darse cuenta de que la persona está inmersa en un ‘círculo’ del cual es difícil salir, tal vez porque tiene hijos, porque no tiene dónde ir a vivir, porque no tiene trabajo, así como también un montón de circunstancias que, si uno no tiene la posibilidad de ponerse en la misma situación, no lo va a poder entender. La ‘escucha’, el acceso a poder escuchar de una mejor manera, hace que la empatía ayude.

D: – Otro artículo de la Ley Micaela insta a que las entidades sindicales y, por ende, todos sus integrantes y representantes reciban capacitación en materia de género. Más allá de las entidades gremiales, ¿esto podría genera modificaciones en otros estamentos y poderes, que históricamente han tenido representación masculina?

PR: Seguramente. Igualmente, creo que no será de otra manera dentro de unos años. Vamos hacia la igualdad; lentamente y cuesta, pero vamos hacia allí. Hoy puede verse, en todas las reuniones que se hacen, incluso para tratar cuestiones relacionadas con la violencia de género, que la mayoría de los participantes son hombres. En una foto de un sindicato, la mayoría son hombres, y son muy pocas las mujeres que llegan a cargos altos en todos los estamentos. En el Poder Judicial, ni hablar. La pirámide termina en el Superior Tribunal de Justicia, con tres ministros, y hace sesenta años que tenemos Poder Judicial donde nunca hubo una ministra mujer. Entonces, falta para llegar a eso, pero creo que nos encaminamos, es inevitable que pase. Esto (por la Ley Micaela) va a ayudar, porque como todo es educación, cuando se hace que la gente se capacite para que pueda trasladarle al resto cómo se tienen que tratar estas circunstancias, al capacitar a la gente que forma a los maestros, a los que están en las comisarías, a los jueces, empleados y a toda la gente, como lo establece la Ley Micaela, ello hace que uno se haga cargo del problema y que lo pueda transmitir. Como se trata de educación, porque la base es eso y nosotros estamos criados en una sociedad patriarcal, cuando se produce un cambio en la estructura de pensamiento, de a poco se va cambiando la sociedad. Soy una ‘optimista’ pensando que, dentro de unos años, vamos a estar mucho mejor.

D: – ¿Tomar un camino más largo y extensivo, como es el caso de esta Ley, podría reducir ‘atajos’ como leyes de cupo y normativas similares?

PR: La ‘Ley de Cupo’ ayuda. Cada cosa que se haga, ayuda. Cuando se establece una ley de cupo, se obliga a cumplir con ese 50 por ciento y tienen que estar las mujeres. Lo que sucede es que hay algo que ‘choca’ con esto, que es que, cuando uno habla de leyes de cupo y que la mitad tienen que ser mujeres, se completa el cupo con esa cantidad, y a lo mejor no llegan las que realmente tienen que llegar. Lo mismo sucede con esta cuestión de que lleguen las mujeres al Poder Judicial: no se trata de que pongamos tres mujeres allí (en el caso del Superior Tribunal de Justicia, que tiene tres vacantes) y que completemos la foto, sino de que accedan personas que tienen la capacidad para ese cargo, y además con formación en género. Porque si queremos democratizar y que esta mirada esté presente, lo importante es que esa o esas personas estén formadas en dicho tema, sino tampoco lo vamos a ver. El limite con la Ley de Cupo ayuda para que pueda lograrse, pero hay que tener cuidado de no llenar el cupo con cualquier persona, porque de lo contrario, estamos en la misma situación.

D: – Como delegada de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA), ¿cuál es la injerencia de dicha entidad en el abordaje de género a partir de la nueva legislación nacional?

PR: La Asociación tiene como objetivo la igualdad de derechos e instaurar la idea de juzgar con perspectiva de género, como fin principal. La campaña que impulsó AMJA es ‘Más Mujeres, Más Justicia’, en el sentido de que con ello se logra una mayor democratización, un mayor acceso a la Justicia, el poder ser más permeables a lo que pasa alrededor, pero en todo sentido: con perspectiva de género, con el interés superior del niño, en cómo se ven las cuestiones de abuso sexual infantil, de familia, las cuestiones laborales cuando son mujeres. La mirada claramente es diferente, y uno se da cuenta, porque al estar siempre inmersos en una sociedad patriarcal, muchas veces los estereotipos se tienen incorporados. Es así que, cuando uno está leyendo algo, parece que está bien porque ‘siempre estuvo bien’, y luego uno se da cuenta de que la realidad no es tan así. Ahí es donde nos damos cuenta de que algo hace ruido y empezamos a buscar la forma de solucionar ese estereotipo; extirparlo, cambiarlo o, de a poco, ir cambiando la manera en la que se lo va viendo, para mejorar, porque de eso se trata. Tenemos que ir formándonos porque así nos vamos a dar cuenta de que no tiene que ser cuestión de que ‘nos obliguen’, sino que va a ser algo natural.

D: – La Ley fue impulsada tras el brutal femicidio de Micaela García, y aprobada tras un debate mucho más rápido que, por ejemplo, el de la despenalización del aborto, cuyos debates fueron extensivos y variados. ¿Cree que muchas de las legislaciones ‘sensibles’ se elaboran en Argentina ‘con el diario del lunes’, es decir, una vez que ya ocurrió un hecho trágico que afecta a la sociedad?

PR: Lamentablemente, sí. Lo hemos visto en un montón de cosas, por ejemplo la “Ley Blumberg” o alguna de las grandes reformas que se han tratado, que han tendio que ver con algún hecho resonante, donde la agenda mediática hace que la ‘otra’ agenda se mueva, que es la de los legisladores. Nosotros necesitamos que eso esté legislado para que el resto de los poderes podamos trabajar. Siempre digo, en relación al Poder Judicial, que es una ‘película’ y que llegamos al final, con el hecho concreto y ya consumado. Si no tenemos una Ley que nos habilite, muy poco podemos hacer, porque no hacemos más que aplicar leyes. Entonces, necesitamos que primero el Poder Ejecutivo se ocupe de ver cómo está la sociedad y dar todas las herramientas; que el Poder Legislativo ‘legisle’ para que nos dé las herramientas a nosotros para poder administrar Justicia. Y la manera de hacer esto último es con las leyes que nuestros legisladores, que son nuestros representantes, entienden que podrían ser la mejor solución para la sociedad en la que nos encontramos. Ahora, si los legisladores van a reaccionar cuando la sociedad reacciona, para cuando llegue al Poder Judicial, llegamos muy tarde. Lo importante es que, al menos, se reaccione. Sí, sería bueno que los legisladores se hagan cargo y representen el movimiento social.

D: – El debate por la despenalización del aborto fue un ejemplo claro de esto último.

PR: Sí. En ese caso, los diputados lo habían aprobado. Cuando llegó a los senadores, no se hicieron carne de lo que estaba pidiendo la sociedad. La discusión era necesaria, también es necesario que lo pongamos más en agenda y que discutamos más, que formemos a los chicos y los eduquemos. Lo mismo pasa con la Ley de Educación Sexual en las escuelas. A veces hay posturas tomadas con desconocimiento. Muchos decían con el tema del aborto que se quería ‘que todos aborten’, y no era así. Hay que tener en cuenta qué es lo que pretendía la Ley, y para eso hay que formar a la gente. También, me parece que los medios de comunicación no hacen bien la tarea de informar en algunos casos; hay muchos ‘opinólogos’ cuando uno ve los medios a nivel nacional, y no hay información; entonces, la gente se queda con una opinión que se forma, pero no sabe. Y opina sin conocer el contenido de la ley, sin siquiera saber qué es lo que realmente se está proponiendo. Y, a veces, uno ve la opinión de los legisladores y se da cuenta de que están igual que la gente que opina en Facebook, porque tampoco tienen mucho conocimiento de lo que están diciendo. Por eso, creo que hace falta hacernos carne de que tenemos que formarnos en todos los temas. Los argentinos sabemos de todo y, muchas veces, no sabemos nada. Todos sabemos de fútbol, de política, de economía, y no es así. Tenemos que aprender.

D: – Desde su rol como jueza, ¿cuál es la expectativa que tiene, a partir de normas como la Ley Micaela, de que los nuevos magistrados que ingresen en el sistema lo hagan con mejores herramientas para desempeñarse? ¿Será posible?

PR: Soy una convencida, porque soy muy optimista, de que siempre vamos a ir mejorando. Las nuevas generaciones de profesionales del Derecho, para mí, no van a poder estar afuera de esto. Todo el movimiento que hay a nivel social, sí o sí va a llegar; desde la universidad, desde el día a día, porque no se puede estar ajeno a lo que está pasando, y esto va a ayudar. La Ley Micaela, la obligación de las formaciones, algo que va a tener que estar ya incluido en los programas de las escuelas, de las universidades, de los posgrados que se hagan a partir de ahora, y va a ser necesario que se lo tomen a los futuros jueces en los concursos, donde tendrán que demostrar que tienen conocimiento sobre estos temas, al igual que cualquier tema específico del Derecho cuando uno rinde un examen. En el Consejo de la Magistratura, se toma sobre Derecho Constitucional, Penal o Civil, depende de lo que se rinda, y también ahí tiene que estar esta formación en género, porque es necesaria. Creo que las próximas generaciones de jueces, inevitablemente van a tener esta formación. Suelo decir, en una charla que dicto sobre perspectiva de género, que hoy por hoy, tenemos un montón de herramientas, incluso antes de la Ley Micaela y de estas obligaciones. Los jueces estamos obligados a juzgar fundando y motivando, por la Ley Provincial en el artículo 25; por la Constitución, en el Artículo 169, y para fundar y motivar, hay tratados internacionales, doctrina y jurisprudencia sobre la materia, que amplía un montón el fundamento. Entonces, las herramientas las tenemos, lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a usarlas. Los jueces tenemos que abrirnos a que eso también forma parte de nuestras decisiones diarias. Creo que, en el futuro, van a haber muchas más sentencias con perspectiva de género.