Días atrás tuvo lugar, en Puerto Madryn, el “Ciclo de debate sobre migraciones internacionales, que prevé abordar lo global en lo local, con audiovisuales, experiencias y producción científica, organizado en conjunto por el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH-CONICET); el Laboratorio de Problemáticas Socio-Ambientales y cátedra de Metodología de la Investigación Social, FHCS, Sede Puerto Madryn, las Cátedras de Derecho Político y Filosofía del Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas, Sede Puerto Madryn y la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNPSJB; sumando el trabajo y el material de la
Asociación Observatorio Sur; con la proyección del documental “Samba, un nombre borrado”.
Es sabido que las problemáticas migratorias constituyen el foco de los debates en la actualidad y que promueven diversas miradas al respecto, dependiendo de las matrices de interlocución en las que se enuncien.
“Desde la academia, cada vez más se buscan articular los conocimientos especializados con otras formas de expresión de estos saberes, más allá de la escritura y la oralidad, que promuevan la deconstrucción y desmitificación de los relatos monolíticos sobre nación, ciudadanía, identidad, territorio, entre otros aspectos”, consignaron desde el CCT Conicet-Cenpat, agregando que, por ello, el objetivo de la jornada fue poner en diálogo “diversas escalas de los procesos de movilidad humana contemporáneos, como son las migraciones africanas hacia el norte y sur global con las migraciones limítrofes, internas y de ultramar en la provincia del Chubut”.
El migratorio es un fenómeno constante, el cual se ha acrecentado en los últimos años para el caso de países como Venezuela, que atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes, lo cual ha generado un auténtico éxodo de millones de habitantes hacia otros países vecinos, uno de ellos Argentina.

En el caso de la jornada llevada a cabo en el Cenpat, la misma tuvo como principales destinatarios a los principales agentes del sistema educativo local, en sus diversos niveles, inicial, primario, medio, educación superior y universitaria, con el fin de generar un espacio de intercambio y divulgación científica sobre distintas experiencias de investigación y capacitación en el campo de los estudios migratorios, facilitar una arena de discusión sobre el trabajo de problemáticas asociadas a la migración y a la diversidad cultural en ámbitos educativos y poner en discusión distintas formas de producción de contenidos para facilitar el acercamiento a estas temáticas en un escenario de crecimiento de la xenofobia.
Además, distintos organismos como por ejemplo la Dirección Nacional de Migraciones, realizan todos los años charlas y talleres en escuelas de Nivel Medio, con el objetivo de derribar mitos respecto de las corrientes migratorias, los inmigrantes y las distintas problemáticas que, erróneamente, suelen ser asociadas con dicho fenómeno.

Más de 45 millones de migrantes al año

Según lo indicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), la Declaración y el Programa de Acción de Durban, adoptado en 2001, señaló que “la xenofobia contra los no nacionales, en particular los migrantes, constituye una de las causa principales del racismo contemporáneo”, agregando que “a menudo, los migrantes son objeto de discriminación en el ámbito de la vivienda, la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social” y que “se trata de un problema mundial que afecta a los países de origen, a los de tránsito y a los de destino”.
Según la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, “hay alrededor de 200 millones de personas que viven fuera de su país de origen, lo cual constituirá el 3,1 por ciento de la población mundial en el año 2010.
Las estimaciones revelan que “entre 1945 y 1990, el número de migrantes aumentó a cerca de 45 millones de personas al año”.

Derechos vulnerados

Por otro lado, los migrantes, según la ONU, que llegan de forma irregular a un nuevo país y que son víctimas de la trata de personas “son con frecuencia detenidos por la policía en centros administrativos o en prisiones”, y “aunque el ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos propugna que la privación de libertad debería ser el último recurso, los migrantes a menudo son detenidos como parte de un procedimiento rutinario sin tener acceso a las salvaguardias judiciales adecuadas”.
Además, los centros inmigratorios de detención hacinados, por lo general, “no cuentan con servicios adecuados de salud, alimentación, saneamiento o agua potable, ni tienen servicios de higiene separados para hombres y mujeres; de igual forma, hay una tendencia cada vez mayor a enjuiciar los delitos migratorios, lo cual, en algunos casos, ha resultado en violaciones de los derechos de los migrantes”.

Falsas creencias y mitos

En la actualidad, uno de los principales obstáculos que impiden la integración de los migrantes y su acceso equitativo a los derechos humanos en las sociedades anfitrionas “son los sentimientos arraigados que existen contra los inmigrantes y las prácticas discriminatorias, los cuales sumados a prácticas a menudo son reforzados por las leyes, las regulaciones y las políticas orientadas a restringir los flujos migratorios, lo cual queda en evidencia con la creciente tendencia de criminalizar la migración irregular”, indican desde la OHCHR.
A ello, suman que “la crisis económica mundial y el aumento del desempleo han intensificado aún más estas tendencias, por lo tanto, para promover la integración de los migrantes en la sociedad y proporcionarles mayores oportunidades para que contribuyan con el desarrollo de las mismas, es fundamental adoptar medidas para eliminar las percepciones negativas que tienen las comunidades anfitrionas de los migrantes”.
Actualmente, existen varios instrumentos internacionales, en particular la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que ofrecen orientación sobre las salvaguardias de derechos humanos, y por otra parte, también “existen procedimientos especiales, órganos creados en virtud de tratados y el mecanismo de Examen Periódico Universal que también contemplan estas cuestiones”, indican.

“Poblar el país de europeos”

De acuerdo a lo publicado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en su documento “Migrantes y Discriminación”, elaborado en 2006, la inmigración constituyó siempre “una cuestión de vital gravitación en la conformación del Estado Nacional”, y “en el año 1853 se sancionó la Constitución de la Nación Argentina, cuyo artículo 25 expresaba, y aún hoy lo hace, que ‘el Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes’”.
En este sentido, el documento reflejó que “la letra constitucional indica la clara intención de sus redactores de poblar el país con inmigrantes europeos”, donde “la concepción eurocéntrica tiende a considerar despectivamente a las migraciones provenientes de países no europeos, e indeseable toda influencia cultural de poblaciones no blancas”.

Prejuicio y discriminación

Otra cuestión no menor fue la denominada “Ley Videla”, de 1981, a la cual el organismo hace referencia en su publicación: “En plena dictadura militar, se dictó la Ley 22.439, comúnmente conocida como ‘ley Videla’. Esta legislación fue concebida bajo la doctrina de la seguridad nacional y tenía, consecuentemente, una visión restrictiva de la política migratoria, claramente selectiva. La inmigración era vista como una amenaza al bienestar público, por eso la mirada sobre la persona migrante era persecutoria y represiva, basada en un prejuicio infundado.
Sobre esto último, desde el INADI plantearon que “el prejuicio es un fenómeno social y cognitivo, construido sobre la base de un elemento cognitivo -el estereotipo- y un componente de valoración negativa sobre una determinada categoría social”, agregando que “la discriminación es el comportamiento que se deriva del prejuicio, negando derechos y oportunidades a los grupos que son objeto de la discriminación, y se sustenta en el sentimiento de superioridad y autoafirmación de un grupo sobre otro”.

La única raza “es la raza humana”

La derogación de la Ley 22.439 se constituyó como uno de los logros políticos más importantes en la historia de las migraciones del país, según el documento, el cual remarca que, actualmente, “el rol del Estado en estos temas se construye sobre una concepción más realista de las migraciones; hoy se reconoce que la migración cuantitativamente más significativa es de carácter limítrofe y que el viejo paradigma de la preponderancia de unos sobre otros estaba cimentado en una estructura falaz del concepto de raza que ha operado como legitimante de la discriminación, a partir de un mito social para establecer falsas jerarquías naturales o clasificaciones entre los individuos o diferentes poblaciones”.
El término raza, señala el texto, “predominante en los siglos XVIII y XIX, hoy ha sido abandonado, tanto por su inconsistencia científica (la biología nunca ha podido demostrar la existencia de estructuras genéticas de raza) como por razones políticas (los efectos de terror y muerte colectiva que ha promovido); incluso, en sintonía con el objeto de echar por tierra la concepción biológica del término, cabe destacar que según la Declaración sobre la Raza de 1950 de la UNESCO, la única raza es la raza humana”.

Un desafío para toda la sociedad

Sin embargo, la discriminación continúa siendo una problemática y la xenofobia un flagelo, los cuales persisten en las sociedades modernas y donde Argentina no es una excepción; ello perjudica, sin lugar a dudas, el pleno ejercicio de sus derechos de las personas migrantes.
En relación a esto último, el documento del Instituto plantea un desafío tan sencillo como complejo: “Para combatir la desigualdad es necesario, desde el Estado, pensar en la planificación e implementación de políticas públicas tendientes a la visibilización del colectivo migrante como sujeto de derechos, pues es la falta de información lo que muchas veces dificulta el pleno ejercicio de esos derechos”.
El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, integrado por el INADI, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), entre junio de 2010 y mayo de 2011, de acuerdo a los últimos datos recabados, realizó un seguimiento de los reclamos y consultas recibidos por discriminación, en los cuales “el 13,6 por ciento atañe a migrantes” y, según lo cual, “en general se asocia a la población migrante con actos de delincuencia y vandalismo, y se tiende a inferiorizar y discriminar a los y las migrantes internos/as mientras se “ridiculiza a personas de otras regiones y comunidades del mundo (vascos, gallegos, etcétera)”.