El fiscal general Daniel Báez se refirió a la disputa entre la Justicia Federal y la Provincial respecto de la competencia para llevar adelante la investigación por los crímenes con evidente “sello narco” ocurridos en diciembre en Puerto Madryn, que tuvieron como víctimas a Federico Lomeña y Héctor Nehemías “Pato” López, y se mostró en sintonía con los dichos del fiscal federal Fernando Gélves, quien advirtió la poca celeridad con la que el magistrado Gustavo Lleral rechazó investigar la causa.
Actualmente, deberá resolver, tras la feria judicial, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y en caso de que rechace el planteo de incompetencia por parte de la Justicia chubutense, definiría la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Por los homicidios hay seis personas detenidas, cinco entre 20 y 25 años y un menor de 16 años que reside en el COSE, mientras que crecen las sospechas de un entramado aún mayor en la ciudad del Golfo, ligado al narcotráfico y donde los presuntos asesinos serían tan solo un eslabón de una cadena más grande, y con ramificaciones y contactos en otras provincias.

A la espera de la Corte

En diálogo con los medios, Báez expresó que “vine siguiendo el tema, mucho más no puedo agregar, pero hay que recordar que, en el mes de agosto, en un acto realizado en la Municipalidad, me preguntaron y advertí que había ‘poco interés’ de la Justicia Federal en abordar los temas de narcotráfico”, agregando que “lamentablemente, el tiempo me dio la razón y ocurrió este caso gravísimo, con dos homicidios, varias personas detenidas; hemos pedido la incompetencia en varios casos, en el primero respecto a Gastón León, que está (por definir) la Corte Suprema de Justicia, y ahora este caso también lo tendrá que dirimir la Corte”.

Declaración de incompetencia

A su vez, sostuvo que “es una realidad que aqueja a todo el país el tema del narcotráfico, y acá se vio reflejada, en este último caso en particular, por la gravedad de los hechos, la cantidad de participantes y el resultado de estas conductas, donde claramente nosotros advertimos, y así lo hizo la fiscal (Silvana) Salazar en declarar la incompetencia, porque estamos ante el comercio y tráfico de estupefacientes”.
En esta línea, se refirió al “poco interés” advertido tanto por él como por otros actores judiciales del fuero provincial, y entendió que “en la primera causa (por la desaparición de Gastón León), sobre todo, nosotros aportamos elementos de que habría una vinculación directa (con el tráfico de drogas) y no han sido tenidos en cuenta”.

La PFA no investiga

Por otro lado, señaló que “si se analizan los últimos dos años, 2017 y 2018, que yo sepa no ha habido ninguna actuación que indique que se está combatiendo el narcotráfico y el narcomenudeo; uno piensa que lo tienen que hacer las fuerzas federales, la Policía (Federal), la Brigada de Drogas, y yo mismo he hablado con esta última para preguntarle, sin inmiscuirme obviamente, si había investigaciones abiertas, y me dijeron que eran muy pocas”.
También, “hice lo mismo con la persona que estaba a cargo de una pequeña división (antidrogas), de dos personas, el comisario Fabián Fernández (jefe de la PFA en Puerto Madryn), quien me manifestó que no había investigaciones abiertas”, recalcó.

Aguardan definiciones

Asimismo, Báez remarcó, en virtud de la polémica que se generó por las declaraciones de incompetencia, que “con quien más coincido es con el fiscal Fernando Gélves, que ha sido muy claro respecto de que hay investigaciones, y que el problema es que no avanzan, o bien no se permite el avance, o bien cuando se quiera avanzar se las demora” y añadió que “eso no es un dato menor, porque de alguna manera, cada día que pasa en una investigación como esta, es tiempo que se pierde y, fundamentalmente, la prueba”.
En caso de que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia falle en contra de la Justicia Provincial, el último escalón será la Corte Suprema: “Ya se planteó la cuestión, va a ir a la Corte Suprema el caso de López y Lomeña. Lo que sí quiero aclarar es que la causa está activa, se sigue trabajando intensamente, la fiscal Salazar está produciendo prueba, y mucha, de todo el material que se recolectó. Pericias de ADN, dactiloscópicas, telefónicas; es decir, la causa sigue día a día con medidas”.
En caso de que la Justicia Federal finalmente acepte la competencia, desde el Ministerio Público Fiscal se remitiría todo el material de las actuaciones de rigor realizadas en torno a los dos homicidios: “Si aceptan la competencia, obviamente que se hará. No es que estamos ‘trabajando para ellos’, sino para descubrir la verdad. Si después resulta que la causa va a la Justicia Federal, tendrán todas las pruebas que nosotros hicimos”.