Por Trivia Demir

El juez federal Claudio Bonadío rechazó ayer excarcelar al último arrepentido de la causa de los cuadernos de las coimas para el supuesto otorgamiento de obras públicas durante el kirchnerismo, el ex secretario de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo. En paralelo, el magistrado ordenó 82 procedimientos en oficinas públicas y privadas en 14 provincias, incluida Chubut.
Según se confirmó, en los operativos los policías piden información administrativa, actas societarias y otro tipo de documentos que a criterio del magistrado podrían ser útiles para avanzar en la investigación. Poniendo el ojo principalmente aparentemente, en los crecimientos económicos exponenciales, en la persistencia de algunos nombres en un sinnúmero de empresas y en grupos económicos que abrevaron sostenidamente del poder político de turno en la última década.
En noviembre, Bonadio le había pedido a la Inspección General de Justicia (IGJ) que le indicara los nombres de los directivos de 71 empresas que participaron de las licitaciones de obra pública entre 2003 y 2015, y que señalara si alguna de esas compañías integraron Uniones Transitorias de Empresas (UTE) para participar de las licitaciones estatales.

La Cámara de la Construcción al rojo

Julio Crivelli, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), uno de los lugares donde se realiza un operativo, aseguró que «Bonadio ordenó un pedido de informes sobre autoridades y balances de las empresas asociadas». «Es un pedido que ya cumplimos, aunque parcialmente. Fue sobre unas 70 empresas que están mencionadas en la causa, no de todas», dijo el dirigente, en declaraciones realizadas al portal Infobae.
Crivelli, que está en el cargo desde fines del año pasado, explicó que el sistema de votos de la entidad está vinculado a la facturación de cada compañía y que por eso tienen los balances de los miembros, aunque no los archivan.
«El día de la elección vemos cuántos votos le corresponden a cada miembro según su patrimonio y cuando se vota se tiran, es el único propósito por el que los tenemos. Presentamos lo que había, además hay balances en los que están las autoridades y otros en las que no», detalló Crivelli, que es abogado, y aseguró que no sorprendió el procedimiento.

Llegan `visitantes´ a Chubut

Según el diario La Nación, los operativos se realizan en simultáneo en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Entre Ríos, Río Negro y también Chubut, que este año explotó casi en simultáneo con las causa de los cuadernos K una seguidilla de causas entre ellas la denominada “Revelación”, vinculada a presunta corrupción institucionalizada en la obra pública.
Esta semana, la visita del Presidente Mauricio Macri activó denuncias sobre grupos monopólicos que manejan las actividades portuarias, condicionan los servicios y también han manipulado la Cámara de la Construcción provincial sacando ventajas históricamente de la obra pública. Toda esta información fue recolectada semana antes de la llegada de Macri. A la par ayer se especulaba con la presencia de un programa televisivo de investigación que alguna vez bautizó a la zona portuaria del Golfo Nuevo como “Narcolandia”, con lo que varios actores centrales de la saga, habrían acelerado vacaciones en el exterior.

Campillo seguirá detenido

A su vez, Bonadio rechazó ayer a la tarde excarcelar al último arrepentido de la causa de los cuadernos de las coimas, el ex secretario de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, confirmaron fuentes judiciales. Por la mañana, el detenido ex secretario privado de Cristina Kirchner, Isidoro Bounine, fue o trasladado a los tribunales federales de Retiro para ser indagado en la misma causa, luego de que Campillo dijera que el ex secretario privado lo contactó para que asesorase al fallecido Daniel Muñoz con operaciones inmobilliarias en Estados Unidos y empresas off shore. Horas después, Bounine quedó detenido.
El ex secretario de Cristina Kirchner aceptaría hablar ante Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo, según fuentes de su defensa. Bonadio ordenó además trasladar desde la cárcel a la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, que ayer al mediodía se encontraba ampliando su indagatoria, y a otro arrepentido del caso, el financista Ernesto Clarens, para el mismo trámite.

Siguiendo el rastro de los `sobornos´

La semana pasada el financista K Ernesto Clarens amplió la lista de nombres de empresarios que pagaron sobornos en este circuito.
En esta parte del expediente, habrá un llamado a indagatoria para completar las tres áreas en las que se realizaron pagos de sobornos por parte de los empresarios. Se trata de las concesiones y subsidios al Transporte, los contratos con empresas energéticas y obra pública.
En función del avance de la investigación, el magistrado envió órdenes de presentación a la sede social de 71 empresas, según confirmaron fuentes judiciales. A las firmas ya `visitadas´ se les requirió la entrega de documentación relacionada con aspectos administrativos: constitución de las compañías, actas societarias, y todo tipo de información institucional de la vida de las firmas.
Con esta documentación, el juez de la causa busca analizar el rol de las empresas que recibieron contratos de obra pública durante el gobierno kirchnerista, sus fechas de constitución y sus movimientos aquellos años. Parte de estas compañías ya fueron allanadas en otra instancia de la causa y sus principales autoridades se encuentran procesadas como responsables del pago de sobornos a ex funcionarios del extinto Ministerio de Planificación Federal.

El costo de los `asesoramientos´

En su declaración, Campillo sostuvo que Bounine lo llamó para presentarle a Muñoz y pedirle asesoramiento en operaciones vinculadas a venta de propiedades en el exterior y constitución de sociedades off shore. Por ello, dijo que Bounine le pagó en efectivo unos 200.000 euros como honorarios. «Cuando la cosa tomó ribetes de mamarracho yo me fui. Al doctor Kirchner le hubiese firmado una sentencia de muerte, pero a ella no», dijo Campillo en referencia a Cristina Kirchner. Cabe destacar que Campillo fue ministro durante la gobernación del fallecido ex presidente en Santa Cruz y después presidió el ONCCA a nivel nacional, hasta que dejó la función pública, algo que vinculó a su falta de «obsecuencia» para con la actual senadora.
Si bien no vinculó de manera directa las maniobras de lavado de activos de Muñoz y su entorno con la figura de los ex presidentes, Campillo analizó que «los secretarios nunca cesaron en sus funciones, y por discreción podían dejar de decir que los mandaba tal o cual persona».
«Luego de haber cesado en sus funciones todos siguieron trabajando con el matrimonio Kirchner», dijo. Campillo recordó además que cuando recibió el llamado de Bounine pensó en un principio que «era la doctora Kirchner» la que podía estar llamándolo, pero siempre dijo que sus contactos y reuniones fueron con Muñoz.
Así las cosas, el verano investigativo no descansa a pesar de la feria y del presunto relax en torno a causas que son claves para la supervivencia institucional nacional y provincial. Habrá que ver…

Fuentes: LN, C, Mitre, Exhaustiva, LPO, NA; propias