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Si bien es cierto que la mayoría de las provincias argentinas cerraron el 2018 sin déficit fiscal, el balance positivo en las cuentas de casi todos los distritos se explica por varios dos motivos, aunque los principales son el estancamiento o los bajos incrementos en los salarios y la reducción o ausencia de la inversión en obra pública. Esto permitió cumplir con el pacto fiscal firmado a fines de 2017 con el Gobierno Nacional, que les impidió a los distritos incrementar las erogaciones por encima de la inflación.
Puntualmente, un documento elaborado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal explicó que al término del tercer trimestre de 2018 sólo tres provincias habían superado la cota del 29,45% marcada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Específicamente, se trata de Neuquén, Corriente y San Juan, que registraron incrementos del 29,75, 32,83 y 36,16%, respectivamente.
Al respecto, resulta importante destacar que en la mayoría de los casos el gasto público está ligado a las paritarias acordadas con los empleados públicos. Como consecuencia de esto no es llamativo que en los tres distintos disidentes los desembolsos en salarios hayan cerrado en torno al 30% y sean el único caso en donde los estatales no perdieron contra la inflación, según explicó un trabajo realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
En contrapartida, donde peor les fue a los trabajadores que dependen de las administraciones provinciales fue en la mayoría de las provincias patagónicas (Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz) y Misiones. En dichos distritos, el deterioro del poder adquisitivo fue de más del 10%, cuya contraparte fue una distancia más que holgada (entre ocho y 16 puntos) respecto al límite establecido con el pacto.
Mientras tanto, en el resto de las jurisdicciones el gasto corriente se movió desde un 22% en el caso de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero o Salta; hasta un 29,07% en Entre Ríos, a donde quedó cerca de la banda inflacionaria. Justamente, en esta última provincia los estatales consiguieron un aumento del 28% y casi le empatan a la suba de precios.

Pacto fiscal

El acuerdo firmado entre la Casa Rosada y los gobernadores estableció no sólo reglas para contener el gasto sino también para la tasa de crecimiento del empleo público y las alícuotas a los Ingresos Brutos, que a lo largo de estos años se reducirán paulatinamente en los sectores productivos. En ese sentido, otro de los aspectos contemplados fue el de la deuda: las erogaciones en intereses no pueden llegar a más del 15% de los ingresos.
Los datos relevados por el Consejo muestran que esto se cumplió en todos los casos salvo en Río Negro, que trimestre a trimestre modificó su proyección respecto a los servicios financieros: en el primero iban a ser del 13,9%, en el segundo ya pasaron la meta al llegar al 16,3% y en el tercero alcanzaron el 17,4%.
Por su parte, Neuquén se mantuvo debajo de la meta pero muy cerca con un 14,1%, en tanto para Entre Ríos el porcentaje llegó al 12,6%. El otro distrito en donde los servicios de deuda se llevaron más de dos dígitos de los ingresos fue la Ciudad de Buenos Aires con un 10,2%.
En Salta, la proporción llegó al 7,9%, en Tierra del Fuego al 5,9%, en Córdoba al 4% y en San Juan al 3,6%. Formosa, Misiones y Corrientes ocupan los últimos lugares de la tabla con un 1,3%, 1,7% y 2,4%, respectivamente.
En cuanto a la obra pública a cargo de los gobernadores, los datos consolidados publicados por el Ministerio del Interior muestran que el gasto en este rubro subió 23% hasta septiembre, lo cual arroja una licuación importante respecto a la inflación. Es que en varias provincias las partidas para infraestructura se mantuvieron congeladas en términos nominales. Por caso, eso fue lo que ocurrió en Buenos Aires, en donde la inversión real directa sumó 13.000 millones de pesos, la misma cifra que el año pasado, a pesar de que María Eugenia Vidal contó con una cantidad de recursos considerablemente mayor a raíz del acuerdo por el Fondo del Conurbano.

Sueldos y obra pública en Chubut

Vale recordar que el año pasado para los empleados estatales de Chubut no fue simple en cuanto a cuestiones salariales. Además de haber cobrado durante prácticamente todo 2018 de manera escalonada, las paritarias no superaron el 30%, sumando la cláusula gatillo inclusive, dependiendo de cada uno de los gremios.
Si a esto se le suma que la inflación oficial del INDEC rondaría el 48% a nivel nacional, la pérdida del poder adquisitivo de los empleados estatales de Chubut es contundente. Además, hay que tener en cuenta que el aumento de los precios en la Patagonia ha sido superior al nacional. De hecho, ya en diciembre la inflación había alcanzado el 48,5%, cuando todavía resta sumar el incremento de diciembre, lo que significaría que los productos valdrán el 150% de lo que valían hace un año en la región más austral del país.
El otro punto a tener en cuenta es la cuestión de la obra pública, que en 2018 en Chubut también estuvo estancada y no se realizaron fuertes inversiones al respecto. No obstante ello, el gobernador Mariano Arcioni ratificó semanas atrás que la baja del desempleo se debió la reactivación de la obra pública. Lo que sucedió fue que el INDEC emitió un informe en el que precisó que en el aglomerado Rawson-Trelew se había reducido considerablemente la desocupación. En la oportunidad, el mandatario dijo: “Los números coinciden con la reactivación de la obra pública de la provincia con fondos propios, el buen manejo de los recursos, y siendo Chubut destacada como una de las 3 provincias mejores administradas del país”.
Además, Arcioni responsabilizó de la situación adversa que se había vivido anteriormente al Gobierno Nacional y a las medidas económicas que se implementaron desde la Casa Rosada durante 2018. “Es muy importante el dinero que venía por el Fondo Sojero, te sacan esos recursos extraordinarios y se siente en una localidad como la de Paso de Indios como en cualquier localidad de la Meseta Central”, afirmó en su momento el Gobernador.

Gobierno de Chubut