En lo que parecería ser una escalada en la disputa entre la Justicia provincial y la federal, el juez Gustavo Lleral criticó en duros términos la declaración de incompetencia de la jueza de Puerto Madryn, Stella Eizmendi, para investigar los homicidios de Federico Lomeña y Héctor Nehemías López, a la vez que expresó que “frente a la gravedad de los hechos y a la innegable conmoción social, debo advertir con preocupación que la reiterada práctica de las agencias judiciales penales ordinarias con asiento en la ciudad de Puerto Madryn”, algo que consideró “corrompe la forma republicana de gobierno y la forma federal de Estado”.
Luego de que Lleral rechazara investigar la causa que inició con los dos asesinatos con “ribetes narco”, el fiscal Fernando Gélves apeló la decisión y ahora deberá resolver la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia; si esta la rechazara, la última palabra la tendría la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mientras tanto, se conoció por parte de Gélves que tanto López como Lomeña habían sido señalados por un “arrepentido”, en declaraciones enmarcadas en una investigación federal previa de 2018, como personas que se dedicaban al tráfico de estupefacientes.

Sin “sello narco” para el juez federal

En este sentido, Lleral expuso que “este proceder del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, que se viene reiterando en Puerto Madryn, de desprenderse livianamente de expedientes judiciales sustanciados por hechos graves, de relevancia mediática, con arrojado fundamento en una hipotética vinculación con el accionar de organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes, supone una ilegítima abdicación del ejercicio de la función estatal de administrar justicia y una grave afectación al derecho a la jurisdicción de las víctimas y de sus familiares, y a la garantía del juez natural”, sumando a ello que “hay que decirlo, podría incluso comprometer la responsabilidad internacional del Estado Argentino”.

Críticas a la “laxitud interpretativa”

Por otro lado, Lleral redobló las críticas tras el cruce “judicial” y manifestó que “la renuncia al ejercicio de la facultad constitucional no delegada por la Provincia de Chubut, de investigar, juzgar y fallar judicialmente respecto de los delitos ordinarios cometidos dentro de su ámbito de competencia, representa un abierto desprecio” al principio de la división de poderes, puntualizando que “si un Estado provincial, a través de uno de sus poderes constituidos, se niega a ejercer sus competencias reservadas y, por el contrario, violentando las leyes nacionales en la materia, renuncia a su autonomía e indebidamente se desprende de los asuntos que le concierne, en definitiva podría desequilibrar la configuración constitucional del Estado Argentino”.
Al mismo tiempo, el juez federal remarcó que “no puedo dejar de alertar que la laxitud interpretativa puesta de manifiesto por las autoridades judiciales de Puerto Madryn, al momento de definir su incompetencia con relación a los hechos, podría dar lugar a la conversión del fuero federal en un virtual fuero de atracción, desviación forense que privaría de vigencia material las normas supremas de la Nación”.

Delitos “comunes”

En caso de que esto ocurriera, consideró el magistrado, “el fuero federal terminaría interviniendo en cualquier hecho o delito común que pudiera tener alguna clase de vinculación, de cualquier grado de verosimilitud, con el comercio de estupefacientes, desnaturalizándose así la misión institucional para la cual fue concebido y estructurado”.
Varios fueron los delitos relativos a la tenencia y comercialización de drogas en los que tomó intervención tanto la Policía de Chubut como la Policía Federal Argentina (PFA) con asiento en Puerto Madryn, donde sujetos detenidos con droga fueron luego liberados por la Justicia Federal, previo a ser imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes.
En muchos casos suele apelarse al “fallo Arriola”, donde la Corte Suprema entendió que “no es delito la tenencia de estupefacientes para uso personal”, cuando declaró inconstitucional el artículo 14, segundo párrafo, de dicha Ley 23.737.
Esto último también provocó que muchos esfuerzos por parte de agentes federales cayeran en “saco roto”, luego de ver que la mayoría de los sujetos detenidos en la vía pública, como ocurrió en casi una decena de ocasiones en la zona costera, luego continuaban en libertad.

Fiscalía seguirá investigando

Por su parte, el Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, se hizo eco de las últimas declaraciones de Gélves y sostuvo que “nos enteramos que de las víctimas ya había, con bastante anticipación, una investigación”, agregando que, hasta que la Cámara de Apelaciones de la ciudad petrolera defina la competencia, la investigación continuará siendo llevada a cabo por la Fiscalía provincial, mientras que los seis detenidos continuarán recluidos en destacamentos de Trelew y Puerto Madryn por el plazo establecido de seis meses; en el caso del menor, debe permanecer tres meses en el Centro de Orientación Socio Educativo (COSE), con la posibilidad de una extensión de su estadía por otros tres meses más.
Con respecto al rechazo de Lleral a investigar la causa, entendiendo que los crímenes no estarían encuadrados en ninguna figura penal federal, el Procurador dijo estar sorprendido y advirtió: “Creí que iba a aceptar la competencia, que iba a compartir lo que el fiscal Gélves dictaminó. Me sorprendió porque hay muchos elementos para considerar que, obviamente, fue un doble homicidio relacionado con estupefacientes”.