Por Trivia Demir

Aunque la semana comience con debates políticos de poca monta empujadas por el peso de los egos Y el calor de las encuestas, el juego fino comienza a transitar por otro lado en términos electorales, a partir del límite operativo que `el dueño de la pelota´, el oficialismo liberal, buscará ponerle con todo el aparato del Estado a las aspiraciones de retorno progresista. En ese marco, si algo va a ser auscultado con lupa en 2019 va a ser el financiamiento político. Un tema que va más allá del adelantamiento o del armado de las alianzas más impensadas, sobre todos vinculadas al peronismo. La necesidad de evaluar bien el sentido de oportunidad y los protagonismos, irá de la mano de los riesgos. De allí que hay referentes provinciales por ejemplo que prefieran ni aparecer en esta contienda, mientras analizan la órbita que marcará la necesidad de jugar juntos o separados, un complicado tema que sigue debatiendo en Chubut el peronsimo k, que representaría Carlos Linares y Gustavo Mac Karthy, y el peronismo federal que representan Mariano Arcioni y Ricardo Sastre. Si no hay gestión que justifique los despliegues, todo indica que se pondrá pesada la cancha proselitista. De allí que el peronismo necesite de Maderna como el agua en la zona del valle, y busque recuperar al intendente de Trelew que por ahora manifestó su apoyo a Arcioni. Con Sastre también hubo intentona, pero el madrynense defiende el camino que tuvo que forjar en absoluta soledad y peleará la alianza con Arcioni a capa y espada.

Piedra libre a la presunta `caja política´

Así las cosas, la marcada de cancha ya empezó con
una iniciativa del Gobierno Nacional que busca auditar las cuentas de las Universidades a través de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Una idea que las universidades rechazan de plano, argumentando que sería una «intervención» que viola la autonomía universitaria.
Este domingo el diario La Nación dio cuenta de la intención de la Casa Rosada de avanzar con la designación de auditores de la Sigen para que trabajen dentro de las universidades. Pero desde LPO advirtieron que distintas casas de estudio ya tuvieron varias reuniones para resistir esta medida que intenta tomar el Gobierno desde el año pasado, a la que quieren ponerle un freno.
Lo complejo es que tampoco desde el Gobierno hay una posición unificada sobre este tema. Fuentes de Cambiemos reconocieron que el propio ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, está en contra de la idea, que sabe que lo deja mal parado frente a los docentes universitarios antes del inicio de clases, después de un año muy áspero en las negociaciones paritarias.

¿En qué se usa el dinero público?

La intención que dejaron trascender del Ejecutivo es que la Sigen -el organismo que hace el control interno de la administración pública- designe a pedido de Jefatura de Gabinete a auditores que trabajen dentro de las universidades, entes con autarquía financiera desde la reforma de la Constitución de 1994, que les dio autonomía.
La decisión del Gobierno se apoya en un decreto de la gestión de Mauricio Macri, el 72/2018, que le otorgó poder a la Sigen para designar y remover a los auditores internos de todas las dependencias públicas. Sin embargo, desde el ámbito universitario responden que ese avance sería ilegal y que las universidades no pueden ser alcanzadas por el decreto.

Los rectores piden 40 mil millones de pesos

Miguel Mouriño, subsecreatario de Asuntos Jurídicos de la UBA, dijo que está claro en la Ley de Administración de Administración Financiera la Sigen depende del Ejecutivo y tiene el control interno de sus dependencias, de los organismos descentralizados y también de empresas que dependan del Gobierno, pero no aparecen allí las universidades nacionales.
«Desde la reforma del ’94 que las universidades tienen autonomía. Uno de los propósitos fundamentales de esa reforma fue desvincularlas del control del Ejecutivo. El control externo está a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), pero nunca puede estarlo de la Sigen que depende del Gobierno», explicó.
Es que, en rigor, lo que explican desde la UBA es que tiene una auditoría propia con tiene responsabilidad legal. Además, diferencian una auditoría que puede hacer la AGN, que depende del poder legislativo, que un control de la Sigen que en este momento responde de modo directo a la gestión de Mauricio Macri.
Desde que se publicó el decreto de Macri, a principios de 2018, el síndico general Alberto Gowland removió a varios auditores en distintas dependencias públicas, pero no pudo avanzar en las universidades, que vienen resistiendo la medida.

Las Universidades resisten auditoría

En 2018, ocho universidades entre las que figuró la UBA emitieron resoluciones internas rechazando la designación de auditores nombrados por el Ejecutivo. En tanto, la Universidad de La Rioja hizo una avanzada judicial y presentó un amparo.
Es que, como dieron cuenta desde las universidades nacionales a este medio, no todas las casas de estudio tienen el poder de frenar la medida al igual que las instituciones de mayor peso. La UBA, por ejemplo, el 12 de diciembre sacó un comunicado para rechazar esta intervención, con el argumento de la autonomía universitaria. Sin embargo, no todas las universidades tienen su «espalda» para decir que no, y esperan que las instituciones más chicas deban recurrir a la vía judicial.

El pasado, una verdadera condena

El debate por el dinero público que se deriva a las Universidades Nacionales arranca en un año donde el financiamiento de campaña estará fuertemente en la mira. Según el oficialismo, la inventiva del kirchnerismo para aprovecharse de los dineros estatales fue inagotable y lo que en primera instancia parecía un despilfarro, por lo general luego se revelaba como un negociado.
De hecho la Justicia investiga las triangulaciones que el kirchnerismo efectuaba con fondos estatales usando a varias universidades públicas que se crearon o crecieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Esos desvíos expondrían cuantiosos fondos que sirvieron para encubrir cajas negras para el financiamiento de la política y para negociados. Con la cobertura de la autarquía de la que gozan las universidades, varias de esas casas de estudios aprovecharon para no rendir cuentas y así ocultar lo sucedido. Dicen los investigadores, que por lo general, los fondos provenían del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, hoy con prisión preventiva. En una causa por ejemplo donde se llamó a declaración indagatoria al decano de la facultad regional de La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Carlos Fantini, se sospecha del desvío de 181 millones de pesos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social que lideraba Alicia Kirchner. Un exdecano de la UTN de Río Gallegos se encuentra procesado por desvío de dinero de la mina de Río Turbio. En estos dos casos se emplearon fundaciones de las facultades, que eran las destinatarias de los dineros públicos que servían para millonarias contrataciones, eludiendo los llamados a licitación pública.
En otro caso La Sindicatura General de la Nación (Sigen) y una auditoría interna de la UTN descubrieron que no se habían rendido las cuentas de los 181 millones de pesos que el Ministerio de Desarrollo Social le concedió para controlar el plan Argentina Trabaja. En total, diversos organismos estatales aportaron a la UTN de La Plata en virtud de diferentes convenios la suma de 859 millones de pesos. La auditoría concluyó que la regional La Plata se guardaba el 17% de la facturación y que casi la mitad de esa cantidad quedaba en poder de la fundación a modo de un sobrecosto por haberse prestado a la operación.

El mecanismo

El Ministerio de Planificación giró dinero a universidades para que ellas realizaran trabajos que requerían subcontratar a empresas de allegados a los funcionarios. Estas operaciones pudieron concretarse porque en 2004 Néstor Kirchner creó el instrumento que las permitió al dictar un decreto de necesidad y urgencia para reformar el Reglamento de Contrataciones de la Administración Nacional y facilitar que el Estado pudiera realizar contrataciones directas con las universidades nacionales. Ahí radicaba la triangulación: las contrataciones que el Estado se encontraba impedido de realizar en forma directa las llevaba a cabo por medio de ciertas universidades.
Causalidad y no casualidad, al frente de las casas de estudios que fueron utilizadas, en su mayoría del Gran Buenos Aires, se encontraban rectores y decanos kirchneristas.
Tras el cambio de gobierno, se descubrió que algunos empleados estatales cobraban mediante facturas que presentaban a universidades del conurbano. Del mismo modo se descubrieron facturaciones de presuntos proveedores que serían ni más ni menos `palos blancos´ de referentes políticos provinciales que necesitaban recaudar dinero para sus campañas, como un caso de proveedores de Chubut que estaría también investigándose en la justicia y que fungió a partir de la candidatura a gobernador en 2011 del exintendente Carlos Eliceche. Dicen que la caja política era tal que llegó incluso a existir en el ministerio de De Vido un programa llamado Enamorar, que derivó 671 millones de pesos a la Universidad de San Martín, la que más cheques recibió, seguida por la de Tres de Febrero con la mitad de esa suma, la UTN con 276 millones y la de La Matanza con 213 millones. Gran parte de todo eso no habría terminado en inversión académica ni de infraestructura, sino que habría circulado a financiar la política.

Fuentes: LN, NA, LPO, Infobae, Urgente24, propias