En la reunión llevada a cabo el pasado viernes por parte de la Comisión Ad Hoc encargada de analizar la regulación del servicio de transporte urbano, una nueva iniciativa fue puesta sobre la mesa de discusión; la misma contempla un incremento en la tarifa de colectivos de los 16,95 pesos actuales a 22 pesos finales para el usuario.
A su vez, a diferencia de varias de las propuestas que fueron planteadas con anterioridad, esta última contemplaría modificaciones en frecuencias y recorridos, pero descartaría la reducción de conductores en las seis líneas que actualmente funcionan bajo la órbita de la empresa Ceferino del Sur.

Febrero, muy cerca

El proyecto aún no fue consensuado y habría novedades en esta semana, teniendo en cuenta el objetivo de la Comisión, integrada por cuatro concejales y tres representantes del Ejecutivo Municipal, de evitar que llegue el mes de febrero y la quita de subsidios nacionales impacte de manera directa en el bolsillo del usuario, elevando el precio del boleto a un valor muy por encima del estipulado en las últimas reuniones.
Algunas de las iniciativas preveían una tarifa a 25, 23 y 21 pesos, además de modificaciones en los recorridos y frecuencias, y el despido de entre 10, 20 y 30 choferes; es decir, casi la mitad del staff de la empresa de transporte, donde hoy trabajan 69 empleados, entre conductores, administrativos y mecánicos.

Novedades en pocos días

Sobre los primeros días de esta semana, todas las alternativas serían evaluadas y lo único confirmado hasta el momento es el aumento en el boleto de transporte urbano, mientras que el mayor esfuerzo estará puesto, por parte de quienes integran la Comisión, en evitar que ello repercuta en despidos en el servicio, algo que sucedió cuando se quitó la concesión a la anterior empresa, Benítez Bellini.
En aquél entonces, la situación era marcadamente diferente, con salarios que se pagaban de manera atrasada y una postura inflexible por parte de la empresa en la mesa de negociaciones; además, la rescisión del contrato derivó en acciones judiciales luego de que el Municipio le reclamara a la firma la devolución de las terminales del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
Luego de que varios choferes fueran cesados, algunos pudieron ser reubicados dentro de distintas áreas del Municipio, pero esto último sería un costo que ahora se buscaría evitar, evitando los despidos dentro del esquema de modificaciones en el servicio actual.

Críticas a la “mayoría automática”

Por otro lado, días atrás la edil y presidenta del bloque del FPV-PJ, Claudia Bard, se opuso y cuestionó por inconstitucional la Ordenanza a través de la cual el Concejo Deliberante declaró, por mayoría de votos, la Emergencia del Transporte Público de pasajeros en Puerto Madryn, advirtiendo que ello pondría en manos de otro órgano la potestad que la Carta Orgánica le da a los concejales de fijar las tarifas de los servicios públicos.
Se trata de una discusión que ya había tenido lugar dentro del recinto, donde varios concejales señalaron que, a partir de la conformación de la Comisión Ad Hoc para analizar el servicio de colectivos, la integración de un concejal por la mayoría, es decir por el oficialismo, más tres representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgaría una “mayoría automática” para los proyectos que se impulsen en pos de reorganizar recorridos y tarifas, entre otras cuestiones.

Límites a la labor de los ediles

En este sentido, Bard aclaró, que si bien no está en desacuerdo con la Emergencia en sí misma, porque “no es como con Benítez Bellini, con sueldos impagos y el servicio cortado, pero estamos en situación de emergencia”, sumando a ello que “no me parece mal que el Concejo Deliberante se anticipe, creando una comisión para el estudio pormenorizado de frecuencias, recorridos, costos operativos”.
Además, planteó que “en la composición de esta Comisión no sólo no están respetando las mayorías representativas que conforman este Cuerpo, sino que también limitan a los presidentes de bloques en establecer que integren esas comisiones aquellos concejales de cada bloque considerados más idóneos entre sus integrantes”.

Potestad legislativa y ejecutiva

Consecuentemente, junto a su par de bloque, Andrea Moyano, previo a emitir su voto, presentaron dos alternativas; la primera, que la Comisión Ad Hoc no determine tarifas, o que, en su defecto, sea compuesta únicamente por miembros del Palacio Legislativo.
En esta línea, para Bard “lo más grave de esta norma” es que “tuerce la potestad que tiene este Concejo por Carta Orgánica” de definir los cuadros tarifarios, “y de no hacerlo como lo establece esa norma se estaría violando la Carta Orgánica y esta Ordenanza se vuelve inconstitucional”, señaló.

“Se definen tarifas desde un escritorio”

Por otra parte, remarcó que la iniciativa “pone en manos del Ejecutivo la potestad que tenemos los concejales de fijar las tarifas, con la discusión de todos los sectores políticos que lo componen, con la representatividad de mayorías y minorías que el voto de la ciudadanía eligió para este cuerpo” y señaló la “muy mala experiencia que ya hemos tenido de delegar en otro cuerpo el establecimiento de los importes de servicios públicos, hace poco tiempo, cuando definieron tarifas de Servicoop desde un solo escritorio”.