Luego de que el narcotráfico y el consumo de sustancias volvieran a constituirse como una preocupación para las autoridades provinciales a raíz de los dos crímenes con “sello narco” ocurridos en Puerto Madryn, desde la Legislatura Provincial buscan reflotar el proyecto presentado oportunamente por los legisladores de Cambiemos. Mientras desde el Ejecutivo anticipan que la provincia adherirá a la ley nacional de estupefacientes.
La iniciativa presentada en abril de 2016, tenía el mismo objetivo, pero no obtuvo consenso legislativo para su tratamiento; aunque preveía que la provincia de Chubut adhiera a las “disposiciones sobre competencia local”, en el marco del artículo 34 de la Ley 23.737, también conocida como “Ley de Estupefacientes”.
La preocupación respecto del tráfico de estupefacientes volvió a colarse en la agenda política, donde autoridades provinciales, legislativas e incluso judiciales mantuvieron fuertes cruces respecto del abordaje de una problemática instalada a nivel provincial y nacional desde hace muchísimo tiempo, pero que vuelve a ser motivo de discusión ante casos resonantes como, en este caso, el homicidio de Héctor Nehemías López y Federico Lomeña, quienes fueron hallados brutalmente asesinados y enterrados en El Doradillo y Playa Paraná, respectivamente.
El ministro de Gobierno, Federico Massoni, recientemente anticipó que Chubut adherirá a la normativa nacional, además de anunciar la creación de la Agencia Antinarcóticos provincial, en el marco de una iniciativa igual que fue impulsada por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, pero que todavía no pudo sumar acompañamiento legislativo en su provincia, una de las más castigadas por el narcotráfico y los delitos devenidos de dicho flagelo.

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El MPF elegiría a los fiscales generales

El proyecto oportunamente presentado en Chubut establecía, en el marco de las responsabilidades que competerían a nivel local una vez adheridos a la Ley nacional, el hecho de “asumir la competencia judicial de la Provincia de Chubut en la investigación, persecución penal y juzgamiento de las conductas” tipificadas en varios artículos de la Ley 23.737.
La normativa que impulsaba Cambiemos, preveía que la Procuración General, determine “los fiscales generales del Ministerio Público que tendrán a su cargo la investigación y el ejercicio de la acción pública en los hechos que constituyan las conductas tipificadas por las normas de la Ley 23.737”.

Competencia de los jueces penales

En otro orden, respecto a las “conductas tipificadas en el Artículo 34” de dicha Ley, entre ellas comerciar, entregar, suministrar o facilitar “estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”, la propuesta figuró que “serán competentes los jueces penales, de forma unipersonal o en tribunales colegiados, según corresponda, en la forma organizada y dispuesta por el Código Procesal Penal de la Provincia de Chubut”, sumando a ello que “los jueces penales, en la forma dispuesta por el CPP de Chubut, serán competentes para intervenir en todas las etapas previas del proceso, como así también en las recursivas”.
Sobre este punto, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) “tendrá a su cargo organizar, reglamentar y disponer todo cuanto resulte necesario para asegurar la puesta en marcha y funcionamiento de la competencia jurisdiccional que por esta ley se dispone”, agregaba el documento.

Requerirían fondos adicionales

En otro de los artículos del proyecto de Ley, se establece el requerimiento de la “transferencia de fondos que correspondan para garantizar la ejecución” de la misma, todo ello conforme al Artículo 5 de la Ley 26.052 “De Estupefacientes”, modificatoria de la actual, la cual establece “un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones (provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley”.
Al mismo tiempo, el proyecto de los diputados chubutenses apuntó a “la metodología correspondiente para que las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y el producto de su venta, sean destinados a la prevención, asistencia y rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes”.

“Fracturan el tejido social”

Uno de los aspectos más particulares de la iniciativa presentada por los legisladores de la oposición, se encuentra en los fundamentos de la iniciativa, donde plantearon que “la lucha contra el flagelo y la comercialización de drogas exige el involucramiento de los Estados Provinciales, por resultar sus habitantes los principales afectados por las organizaciones criminales que perjudican la salud de la población y fracturan el tejido social”, sumando a ello que “en esa inteligencia, no pueden las provincias permanecer al margen del esfuerzo punitivo en la materia, y como menos auxiliares de la Justicia Federal”.

Vínculos narco

De algún modo, el postulado anticipaba lo que sería la disputa actual entre autoridades provinciales y la Justicia Federal con asiento en Rawson, donde las primeras endilgaron una eventual responsabilidad y hasta “complicidad” con los delitos ligados al tráfico de estupefacientes, mientras que del otro lado, el juez federal Gustavo Lleral criticó a la Justicia provincial, particularmente a la de Puerto Madryn, por “desprenderse livianamente” de expedientes y declarar la incompetencia para el tratamiento de determinadas causas.
Lo cierto es que, luego de que fueran hallados los cuerpos de Héctor Nehemías López y Federico Lomeña, en diciembre pasado, comenzó a tejerse un entramado de versiones ligadas al tráfico de drogas, donde una presunta “venganza narco” se habría cobrado la vida de ambos, que eran amigos.
En principio se mencionó una deuda de dinero, de un valor de aproximadamente 200 mil pesos, una cifra menor si se tiene en cuenta los montos que los circuitos del narcotráfico manejan; no obstante, también surgió el dato de la presunta desaparición de 15 kilos de droga, los cuales hasta el momento no habrían sido hallados y eso habría motivado, para la Justicia Federal, la decisión de no aceptar la competencia en la causa, por no estar probada de manera fehaciente el vínculo entre los homicidios y el tráfico de sustancias.

Detenido con marihuana

Según las primeras hipótesis, testimonios recabados por los investigadores y datos extraoficiales a los que accedió El Diario, los involucrados en la, según el ministro Massoni, “extremadamente nueva banda” que se dedicaba al comercio de drogas, la sustancia que se vendía era marihuana.
Ello coincidiría con algunos de los hechos en los que intervino la Policía Federal Argentina (PFA) en Puerto Madryn, donde al menos uno de los implicados en la causa, ahora fallecido, había sido demorado en las inmediaciones del Monumento a la Mujer Galesa, meses atrás, por tener consigo “porros” o cigarrillos armados con cannabis sativa, así como también marihuana en formato de “caldos”, lista para su comercialización en la zona lindera con la pista de skate.
También, trascendió que los dos jóvenes asesinados ya habían sido investigados por otra causa que llevaba adelante la Justicia Federal de la ciudad capitalina, el año pasado, sin especificar si en ese caso, se hablaba de marihuana o cocaína como el estupefaciente (o los estupefacientes) presuntamente comercializados.

Una “disputa interna”

Según fuentes ligadas al entorno de los jóvenes asesinados y el que se quitó la vida en diciembre, el derrotero de muertes habría tenido lugar en el marco de una disputa interna por la titularidad de la “banda”.
Quien era considerado el “cabecilla”, según precisaron, enterraba la droga -marihuana- en distintos sectores de Playa Paraná, pero solamente uno de sus amigos, que integraba dicha estructura, conocía el lugar exacto en el que la sustancia era depositada.
Sin embargo, atentos a que esta última persona habría compartido la información con un tercero, con el objetivo de “correr” al líder del grupo, quien filtró los datos fue finalmente asesinado; el primer crimen, de acuerdo a los trascendidos, habría ocurrido en una vivienda de Berwin al 200, perteneciente a un familiar de uno de los jóvenes implicados en la causa.

Homicidios, complicidades y detenidos

Federico Lomeña, según precisiones de la Fiscalía, fue el primero en ser ultimado de “al menos 20 puñaladas”, aunque su cuerpo fue el segundo en ser encontrado en las inmediaciones de Playa Paraná, a unos cien metros del comienzo del camino de ripio que conduce a Cerro Avanzado.
El primer cadáver hallado fue el de Héctor Nehemías “Pato” López, quien presentaba un traumatismo de cráneo y cuyas manos habían sido seccionadas de manera aparentemente “no profesional”.
Dos versiones circulan por los entornos de las víctimas: la primera, que se habría tratado de dos asesinatos “por encargo” y por alguien de “más arriba”, lo cual coincidiría con la “complicidad a todos los niveles” denunciada por Omar López, padre del joven encontrado en El Doradillo.

El corte de manos, tomado de una ficción

La segunda hipótesis tiene como responsables directos, al menos de los homicidios, a los sujetos que actualmente permanecen detenidos en dependencias de Puerto Madryn, Trelew y el Centro de Orientación Socio Educativo (COSE); habrían sido algunos de los jóvenes de entre 16, 20 y 25 años quienes incluso seccionaron las manos de López; esta metodología, paradójicamente, la habrían tomado de una serie de ficción, e incluso compartido la idea de llevar a cabo ese tipo de “castigo” a través de un grupo de WhatsApp que compartían entre los integrantes de la presunta asociación ilícita.
Por otra parte, no faltaron quienes responsabilizaron a los jóvenes ahora detenidos de la autoría de los crímenes, pero que también advirtieron que serían solamente la “punta del iceberg” de una asociación ilícita mayor, cuyo “cabecilla” ni siquiera sería de la provincia de Chubut, pero habría estado en Puerto Madryn hace algunas semanas.
Esto último también tendría sentido, si se tiene en cuenta que varios de los fallecidos y quienes están bajo prisión preventiva, atravesaban situaciones económicas de nivel medio; uno de ellos trabajaba como albañil, otro se desempeñaba en el puerto hasta que sufrió un accidente y debió dejar su trabajo, etcétera.
Al momento, se desconoce quién habría aportado el “capital inicial” para que los jóvenes puedan comenzar a comercializar estupefacientes, a una escala tal que ello podría haber generado roces internos por la “titularidad” del negocio.