El Defensor del Pueblo de la Provincia del Chubut, Héctor Simionati, confirmó que la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSI) donde expresa que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Chaco “carece de legitimación para cuestionar judicialmente la decisión adoptada por la autoridad nacional por la cual se dispuso el aumento de la tarifa del servicio de transporte de pasajeros interprovincial Chaco-Corrientes”.

Plena adhesión a actuación de la ADPRA

Simionati ejerce actualmente la Vicepresidencia 2da de ADPRA y participó días atrás en la III Convención de dicha Asociación que sesionó en la ciudad de San Martín de los Andes, en Neuquén, en cuya oportunidad los Defensores del Pueblo de distintas jurisdicciones del país ratificaron su adhesión a dicha presentación ante aquel Organismo Interamericano de Derechos Humanos en resguardo de los derechos de los ciudadanos argentinos ante decisiones del orden nacional (Secretaría de Transporte de la Nación) sobre incrementos tarifarios en servicio público de transporte.
Intervinieron por el recurso de Amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de esa provincia norteña, el Juzgado Federal de Primer Instancia de Resistencia y la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia por recursos de queja interpuestos por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Presentación individual de Defensorías del Pueblo

A consecuencia de esta controvertida decisión de la CSJ de la Nación que agravia y afecta a derechos de los ciudadanos/as argentinos en calidad de usuarios de un transporte público de pasajeros, en este caso por resistido incremento tarifario, se acordó en este último plenario de la ADPRA que de modo individual las distintas Defensorías del Pueblo del país (aproximadamente medio centenar) harán presentaciones similares contra la resolución del máximo órgano judicial del país, en compartida interpretación que se vulnera un genuino reclamo cívico en un contexto de federalismo, que debiera preservarse, a través de la legítima intervención de entes representativos de los intereses colectivos como lo son las Defensorías del Pueblo de la República Argentina.