El próximo lunes comenzará en Comodoro Rivadavia el juicio abreviado por corrupción en la delegación de esa ciudad del Instituto Provincial de la Vivienda, en la que el ex funcionario Abel Reyna ya ha aceptado su responsabilidad por los delitos que se le imputan, además de otros ex integrantes de dicho organismo, por hechos acaecidos durante la gestión del ex gobernador Martín Buzzi.
Se trata de las irregularidades cometidas en el plan de 81 viviendas de Ciudadela, en la que se le imputan los delitos de cohecho, exacciones ilegales y tráfico de influencias, ya que hubo viviendas entregadas a cambio de entrega de dinero o favores sexuales, entre otras irregularidades que la fiscal Camila Banfi buscará probar ante la juez Daniela Arcuri.
Además de Reyna, la causa involucra a otros ex funcionarios de la delegación, acusados por distintas irregularidades para favorecer la entrega de viviendas: Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori.

Responsabilidades

El juicio abreviado implica el reconocimiento del principal imputado de la mayor parte de los delitos imputados, lo que permite acortar el camino para llegar la etapa de sentencia, por lo que si bien la Fiscalía está obligada a presentar las pruebas para una eventual condena, no será necesario que declare la totalidad de los testigos que lo hicieron en la instancia previa de la investigación.
El ex funcionario Reyna estaría dispuesto a asumir la mayor parte de la responsabilidad de los hechos, lo que de algún modo aliviana la responsabilidad de los otros involucrados, que estaban bajo su dependencia jerárquica. En algunos casos, se podría aceptar la suspensión de juicio a prueba, siempre y cuando los involucrados restituyan al IPV las viviendas que se auto adjudicaron ilegalmente.

Un caso testigo

La causa del IPV es una de las primeras investigaciones por corrupción de fuerte impacto público en la provincia, a punto tal que el gobierno nacional tomó como antecedente este hecho, según se anunció a mediados del año pasado.
La puesta en marcha de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales, que se lanzó por entonces, tiene como objetivo declarado “evitar los abusos”, según se dijo desde el Ministerio del Interior. El tema fue expuesto durante la reciente reunión del Consejo Nacional de la Vivienda celebrado en San Juan, donde se mencionaron como ejemplos los casos de irregularidades tanto en la provincia anfitriona como el juicio al ex delegado del IPV que, finalmente, comenzará el lunes próximo en Comodoro Rivadavia.
La investigación fue de un carácter complejo, según describieron quienes trabajaron de cerca en el caso, ya que la situación de muchos testigos de los hechos implicaba involucrarse directamente en los delitos investigados, al aceptar haber entregado dinero u otros favores a cambio de recibir una vivienda. Y también por temor a presiones políticas.

Ninguno terminaría preso

En cualquier caso, si se llega a una condena sería de prisión en suspenso, ya que los tipos de delitos imputados parten de mínimos de pena de 1 año o 6 meses de prisión, si bien en la máxima pueden llegar hasta los 6 años. Sin embargo, por tratarse de personas sin antecedentes penales, la ley exige acusar por el mínimo, por lo que en una hipotética condena la pena no superaría los 3 años de prisión, quedando la misma en suspenso.
De igual modo, la fiscalía busca el castigo de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Otra de las reparaciones que podrían resultar al final del juicio es la recuperación de viviendas entregadas en condiciones irregulares, a personas que no cumplen los requisitos para acceder a las mismas, ya que esas unidades podrían ser redistribuidas para responder, al menos parcialmente, a la gran demanda de viviendas que hay en Comodoro Rivadavia. (Fuente: Adn Sur)

Gobierno de Chubut