La violencia de género es una problemática que afecta a nuestra sociedad desde hace siglos, pero es en los últimos años, que a través de la lucha y el trabajo de varios colectivos sociales se ha ido visibilizando cada vez más, buscando una respuesta efectiva y contundente a este flagelo social.
En este marco, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, con sede en Florencio Varela, localidad del Gran Buenos Aires, aprobó un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género, un paso más en la igualdad de derechos y un puente al desafío de atender una problemática cada vez más presente en la agenda pública. Y de esta forma, se sumó a las primeras diez instituciones universitarias que cuentan con un protocolo para atender a estos casos.

El protocolo

Se trata de un instrumento que brinda herramientas para actuar en estas situaciones dentro del ámbito universitario. Realizado por el Programa de Estudios de Género (PEG) de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en coordinación con distintas áreas de la institución, se articulará a partir de un equipo de intervención integrado por dos docentes y un integrante del Departamento de Orientación Educativa, además de tres veedores sindicales, uno por cada representación gremial (docente, no docente y estudiantil).
El protocolo prevé, además de qué situaciones comprende y qué actores, un procedimiento que establece la manera en que el equipo va a trabajar y abordar los casos. La denuncia o la consulta puede llegar a través de correo electrónico, que lo va a administrar el equipo, o a través de cualquier otra vía (puede llegar a cualquier área de la universidad). Una vez que esa consulta o denuncia llega, el equipo evalúa; habla con la persona si es que quiere o no tener una entrevista. Si acepta tiene una entrevista personal. Si la persona quiere hacer una denuncia administrativa, en ese caso se pasa la denuncia vía Asuntos Legales mientras el equipo sigue acompañando a la persona y también al área de Legales para enmarcar el caso y hacer un seguimiento.
El marco normativo se logró a partir de la promulgación en 2009 de la Ley 26.485 de protección integral de las mujeres y el Plan Nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres 2017-2019 del Consejo Nacional de las Mujeres, que habilitó a las universidades como instituciones educativas vinculadas a los problemas sociales a la elaboración de estos protocolos.

El objetivo: el cambio cultural

“El objetivo, más allá del abordaje de los casos, es la prevención y el cambio cultural. Que exista este protocolo quiere decir que el tema se visibiliza, se habla, se trata, se informa a los estudiantes. Al entrar el tema en debate, eso es preventivo, ayuda a no ignorar el tema, no naturalizarlo. Y para prevenir es necesario desnaturalizarlo y ponerlo a debate. Los movimientos de mujeres son fundamentales porque esto está cada vez más en agenda, en los medios y acá en las aulas es un tema que estamos debatiendo permanentemente”, expresó Luciana Pérez, docente integrante del PEG.
El protocolo busca ser “lo más amplio posible” para que contemple todo tipo de casos. Por ello se aplica a cualquier persona que esté vinculada a la universidad (estudiante, docente, no docente, docente invitado) ya sea que el hecho ocurra en la sede central o cualquier otra sede de la universidad, o se trate de una actividad que la universidad haga en otro lugar.

Enfoque de género

Si bien los femicidios representan el caso más extremo en violencia de género, no son la única manera de ejercerla. Por eso, muchos de los movimientos feministas y de defensa de las disidencias sexuales hablan de violencias, en plural. Asimismo, esta problemática requiere un abordaje específico, el enfoque de género.
Luciana Pérez asegura que “como agentes públicos (las universidades) tenemos la responsabilidad y la obligación de abordar estos casos de violencia de manera adecuada y adecuarnos a la ley nacional, sobre todo para la protección de las víctimas que están sufriendo estas situaciones. Porque si el abordaje no es el adecuado se puede generar revictimización, lo que produce que queden expuestas en las denuncias, que se les haga relatar los hechos innumerables veces”.
Por su parte Daniela Lossigio, docente coordinadora de Vinculación Ciudadana del PEG, agrega que “en el caso de instituciones autónomas como la nuestra, tenemos que asegurar el cupo femenino, los cargos representacionales, en el Consejo Superior, en la Asamblea Universitaria. Y garantizar la perspectiva en las aulas también, que no es solamente para las materias que son sobre género sino en todas las materias. Esto es que no exista discriminación por género o sexualidad dentro de las aulas. Y las políticas de vinculación que también tengan que ver con el género. Es una política de Derechos Humanos, y la universidad es una institución que debe reproducir los Derechos Humanos y sensibilizar a la ciudadanía. En este sentido, el género es uno de los temas de los Derechos Humanos”.
El Programa dio a luz a partir de un trabajo previo de un grupo de docentes dedicado a temas de género, tanto en áreas de investigación como actividades relacionados con el territorio, y específicamente con violencia de género. A partir de esta articulación se conformó la Red de Trabajo Interdisciplinario sobre Género y Sexualidad en Florencio Varela (GeFloVa) -que hoy es parte del programa-. En 2015, el PEG pasó a integrar la Red Interuniversitaria por la Igualdad de género y contra las violencias, donde se agruparon todos los programas, áreas de género y grupos de docentes de 38 universidades, dedicados a la temática y se propuso como primer objetivo la realización de estos protocolos.
Actualmente el PEG cuenta con una coordinación en Investigaciones y una coordinación en Vinculación Ciudadana y si bien el programa “lleva un poco la bandera de los derechos de las mujeres, impulsa actividades y abre espacios”, Losiggio remarca que “es responsabilidad de toda la universidad”.

Lo que falta

En particular, luego de esta normativa queda aún pendiente una cuestión fundamental que es la creación de una Oficina de Atención para las víctimas. “Porque el problema del femicidio y de violencia de género es muy acuciante. Los casos que se presentan en la universidad no son solamente de los actores de la universidad, las alumnas en las aulas denuncian todo el tiempo situaciones de violencia en sus casas”, sostiene la coordinadora en Vinculación Ciudadana.
Es que si bien algunas universidades ya cuentan con estas oficinas como la Universidad Nacional de San Martín, en el caso de la UNAJ depende directamente de que el Consejo Nacional de Mujeres destine este financiamiento. “En diciembre de 2016 presentamos una propuesta a este Consejo, cuya directora es Fabiana Tuñez, para poder aplicar el Plan de Acción. Esto incluye oficinas de asistencia en las universidades. Nosotros sí o sí necesitamos ese financiamiento”, enfatiza Losiggio.
Por el momento, la UNAJ continúa trabajando en red y derivando a las distintas dependencias aquellos casos de estudiantes que habitualmente se presentan en distintos ámbitos de la universidad. Queda mucho por hacer. La universidad tiene mucho para contribuir al debate y a la acción contra las violencias. (Fuente: Universidad Nacional Arturo Jauretche)

“Las violencias sexuales desarman la vida de las mujeres”

Sobre el tema, María Sondereguer, directora del Observatorio de Memoria, Género y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Quilmes, afirmó: “A lo largo de la historia, en todas las guerras y exterminios se viola a las mujeres porque existe cierta analogía de su apropiación con la conquista del territorio. Como si fueran un botín de guerra, la estructura patriarcal indica que sus cuerpos son propiedad de los varones. En efecto, la violencia también implica una ofensa a los miembros del bando enemigo”.
No obstante, la violencia sexual no constituye una excepción en momentos de crisis y conflictos sociales, por el contrario, se manifiesta a cada minuto y en formas bien variadas; quizás por ello su denominación legal se retrasó tanto en ser especificada entre los delitos de lesa humanidad, en el marco del orden jurídico nacional e internacional. Al respecto, Sondereguer detalló cómo fue investigar memoria y dictadura en los noventa: “En aquel período, la actualidad argentina se llenaba de discusiones que versaban sobre la teoría de los dos demonios y, también, se incorporaba la problemática de la memoria en agenda. Básicamente, se debatía acerca de qué y cómo recordar al terrorismo de Estado. En este marco, me concentré en el estudio de narrativas de memoria y en rescatar algunos trabajos en el ámbito de los derechos humanos que había realizado durante la dictadura”. Al tiempo que explicó que trabajó con Adolfo Pérez Esquivel en el Servicio Paz y Justicia: “Por ello, mi propósito era analizar narrativas de historias de vida para reconstruir cuáles habían sido los puntos centrales de debate y las preocupaciones políticas previas al Golpe de Estado en el partido de Quilmes. El objetivo estaba en observar cómo eran significadas las luchas previas a 1976, en un área industrial con un movimiento obrero de peso. Además, San Francisco Solano era uno de los espacios más significativas de zona sur, ya que se habían desarrollado importantes luchas por tomas de tierra”.
Pero, a mediados del año 2000, con la reapertura de los juicios de lesa humanidad y la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad, reaparecen los testimonios de mujeres que habían sufrido distintas formas de violencia de género y sexual en los centros clandestinos de detención, “entonces, comencé a investigar con perspectiva de género el impacto de la fuerza represiva sobre varones y mujeres. Me refiero a violaciones, desnudos, embarazos y abortos forzados, entre otros hechos despreciables”.
“Cuando revisé diversas fuentes encontré que existían denuncias de distintas formas de violencia sexual y que no había sido repreguntado en el interrogatorio de los jueces. Más bien, se trataba de un tema que había sido subsumido en la figura de ‘torturas y tormentos’”, expresó Sondereguer, pero no estaba la figura legal. “el eje del plan de exterminio en Argentina fue la desaparición forzada de personas y, tanto en la legislación nacional como en la internacional, no se había abierto la perspectiva de género para los delitos de lesa humanidad. Por primera vez, a fines de los noventa, las violaciones fueron consideradas delitos de lesa humanidad y condenadas en el marco de los tribunales penales internacionales ad hoc de Ruanda y la ex Yugoslavia, así como en el Tribunal Penal Internacional Permanente. En nuestro Código Penal, hasta 1999, la violación sexual era definida como “un delito contra la honestidad”, es decir, que el bien jurídico protegido era el honor de las mujeres en el marco de la concepción patriarcal de la vida. A partir de la modificación es comprendida como un delito contra la libertad y la integridad sexual”.
Definitivamente estas intervenciones ayudaron en la visibilización de una perspectiva de género que no se tenía en cuenta, “trabajamos con otras universidades del conurbano, con el CELS, con fiscales que estaban en las causas, realizamos jornadas y exposiciones teóricas, así como también una recapitulación de la experiencia internacional. Lo que ocurrió es que, con la reapertura de los juicios, muchas mujeres tomaron valor y denunciaron que habían sido violadas. Sin embargo, hay que señalar que se trató de una discusión compleja porque también estaban las que se sentían estigmatizadas y no querían abrir ese debate”.
Para finalizar, Sondereguer fue contudente: “Pienso que, a diferencia de otras formas de tortura y tormento, las violencias sexuales continúan desarmando la vida de las mujeres. Eran previas a la dictadura, sucedieron durante y también suceden ahora. En efecto, que estos delitos hayan sido invisibilizados en democracia constituye la prueba fehaciente que demuestra que el período de facto no fue una excepción”. (Universidad Nacional de Quilmes)

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