En fiscal Marcos Nápoli que actúa en la causa denominada “Revelación”, se refirió ayer a detalles del proceso judicial que se está llevando a cabo y precisó que actualmente hay unos 40 imputados, entre los que se destaca casi una docena de funcionarios públicos, cerca de 30 empresarios y otras personas que oficiaban como individuos que trasladaban el dinero. Al respecto, el funcionario explicó que “el cúmulo de imputados es importante e implica que en la investigación se tenga que investigar a cada uno de ellos como si fuera una causa individual, más allá de que se estudia el conjunto”.
Además, Nápoli recordó que por esta causa judicial “hay varios imputados que están con domiciliaria”, al mismo tiempo que manifestó que Diego Luthers y Diego Correa están con “preventiva estricta”, al igual que “varios que eran funcionarios públicos que eran jefes de la asociación ilícita que investigamos están con domiciliaria”.
Respecto a la “probation” a la que accedieron varios de los empresarios involucrados en la Causa Revelación, el fiscal remarcó que “no son un paredón o una lata de pintura. Sino que son emprendimientos significativos. Por ejemplo, en Madryn se ofreció hacer un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, con un costo de cerca de 10 millones”. En cuanto a las obras que ya fueron comprometidas por los titulares de las firmas involucradas, manifestó que “nos hemos comunicado con personal de obras públicas para supervisar la evolución”, de las mismas.

Más pedidos de probation

En cuanto a lo que puede suceder en el futuro inmediato sobre este tema, Nápoli reconoció que ya hay cinco “probation” concedidas, al mismo tiempo que adelantó que hay otras 10 en tratativas, que serán analizadas en la audiencia prevista para febrero. Asimismo, desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut “aspiramos a que se sumen algunas otras al final del plazo de investigación para englobar a la mayor cantidad de empresarios que no han tenido una actividad de alta intensidad dentro del programa delictual”.
En cuanto a la respuesta de la población chubutense, que en muchos casos manifestó su malestar por este tipo de medidas, el miembro del Ministerio Público Fiscal explicó que “la polémica tuvo que ver con la falta de información que hay al respecto y que nosotros no pudimos explicar bien de que se trata este tipo de salida alternativa al proceso penal”.
Además, remarcó reiteradamente que “no basta con decir que es más gravoso, en términos de punición, una ‘probation’ que llevar a un empresario con pocas chances de lograr una pena”.
También explicó que dentro de todas las evaluaciones que realizan, una de ellas consiste en la de “costo beneficio en término del procedimiento y su final, y es allí donde accedemos o a las suspensiones de juicio a prueba”. Precisó también que se accede a este instituto porque “consideramos que es muy dificultoso probar (el delito) en el debate o porque las penas son muy pequeñas y no van a ser de efectivo cumplimiento”.

El juicio sería este año

Por último, el fiscal se refirió a las fechas y plazos que están previstas dentro de la Causa Revelación, manifestando que él espera que el juicio comience este año: “Tenemos la esperanza que salga este año. Es necesario que esto salga lo más rápido posible porque el tiempo que pasa hace que mucho de lo que ocurrió se disuelva o se pierda memoria al respecto”. Además, Nápoli dijo que el plazo de investigación y presentación de la acusación finaliza el 22 de marzo próximo, pero que evalúan si piden o no una extensión del plazo. “Es difícil ponerle un horizonte a un caso que constantemente muestra distintas aristas. En el transcurso uno va descubriendo otro tipo de maniobras”, dijo.

Pautas de conducta

Nápoli dijo que los beneficiarios de la probation “durante un año y medio van a estar controlados exhaustivamente en cuanto al cumplimiento exacto de las pautas de conducta que se les ha impuesto. Mal se puede decir no tienen nada que ver con el proceso. De incumplir algunas de estas pautas (por ejemplo y la principal) la comisión de un nuevo hecho delictual no solo que se le abrirá de nuevo el proceso, sino que la condena que se puede obtener será de cumplimiento efectivo”.
Consideró que hay muchas cuestiones técnicas que se nos hacen difícil de explicar porque no somos comunicadores sociales y es a veces frustrante no poder trasladarle al ciudadano de qué se trata. Lo cierto es que requerimos que confíen en nosotros, que renovamos día a día el compromiso con el proceso y vamos a tratar de llegar por todos los medios al juicio oral para los mayores responsables de este perjuicio que son los funcionarios públicos. Ellos tienen la obligación de cuidar los bienes del estado y en cambio han hecho un despilfarro no solo delictual sino también en el engrandecimiento de su patrimonio. Es a ellos a quien vamos a dirigirnos con la mayor fortaleza y estamos orientados a hacerlo”.

“Conde hace política”

Por su parte, Iturrioz criticó al diputado provincial de Cambiemos Eduardo Conde quien cuestionó la decisión de aplicar una suspensión de juicio a prueba a cuatro de los empresarios imputados por cohecho activo y coimas. Dijo que “Conde hace política. Me llama la atención que diga algo así un legislador que aprobó hasta la ley del 2 por 1 en delitos de lesa humanidad porque dijo que había que respetar el imperio de la ley. Y acá que respetamos el imperio de la ley y está en desacuerdo. Es una inconsistencia terrible. Si Conde no conoce la ley que dicta su propio cuerpo, estamos en problemas”, remarcó.
Agregó que en la causa “hay mucha prueba dura, objetiva” y sobre si con la misma no se podía avanzar y condenarlos aunque las penas no fueran de prisión efectiva manifestó: “Se podía pero era una decisión que había que tomar: o recuperar algo para la sociedad o una pena simbólica”.
El fiscal comentó además que “en el sistema acusatorio uno de los principios es la teoría del conflicto y la reparación y precisó que lo que se repara acá es “el daño que causó cada uno”. Respecto al aparato del Ministerio Público, dijo que “lo poco que tiene nos lo ha dado, pero tenemos recursos escasos: Trabajamos con una contadora, con un funcionario de fiscalía, una administrativa y tres policías compartidos”.
“Es una megacausa cuyo tamaño nunca se vio”, explicó y consultado sobre si las querellas aportaron algún tipo de prueba dijo que “no, absolutamente nada. Por eso la crítica nos indigna. Acá los únicos que vamos a recibir sanción son el doctor Nápoli y yo porque nos denunciaron. No somos buenos para la parte política”.
“Nos criticaron por la morigeración a (el exsecretario del entonces gobernador Mario Das Neves) Gonzalo Carpintero pero dijimos que cuando no haya riesgo procesal tenemos que ceder en la medida de coerción porque sería inconstitucional y abusaríamos de nuestra función. Ahí iríamos de nuevo al Consejo de la Magistratura”.
“No cambiamos nuestra hipótesis de trabajo en ningún momento. Siempre dijimos que Carpintero era la pata política de la sociedad criminal y sin la política nada de esto hubiera sido posible”, finalizó.