NACIÓN VA POR LA RECUPERACIÓN DE BIENES DE CORRUPCIÓN Y DROGA. EL PROYECTO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO FUE APROBADO EN AMBAS CÁMARAS, PERO NUNCA FUE LEY. EL DNU DE MACRI SUBSANÓ ESE VACÍO. LAS RAZONES POR LAS QUE EL AÑO PASADO EL OFICIALISMO NO INSISTIÓ EN DIPUTADOS

Golpe a la guita trucha

Por Trivia Demir

El decreto guste o no, y si no hay novedades mayores, ya está vigente. Ahora falta que el Procurador General de la Nación determine el funcionamiento de la Procuraduría de Extinción de Dominio y establezca los criterios que orienten el inicio y selectividad de sus acciones. Pero todo indicaría que en marzo comenzaría a delinearse esta oficina que permitirá hacia mitad de año que la Justicia esté en condiciones de avanzar sobre patrimonios sospechosos con indicios concretos de provenir de corrupción o el narcotráfico en territorio argentino.
Según el columnista parlamentario José Angel Di Mauro*, el primero en poner el grito en el cielo fue el kirchnerismo, que no dudó en calificar de “humo electoral” la medida anunciada este lunes por el Presidente, de aplicar por decreto lo que nunca el Congreso pudo ponerse de acuerdo en sancionar: la extinción de dominio. Y más allá de las réplicas que pueda merecer ese calificativo de parte de la oposición más dura, lo cierto es que cuesta despegar el mensaje de Mauricio Macri brindado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno del año electoral ya iniciado.
En ese contexto, Cambiemos cuenta con la ventaja de ser gobierno y esa condición le permite ponerse en el centro y marcar la agenda. Del otro lado, quedan las críticas o el silencio de los sorprendidos.
Como sea, en el gobierno consideran que el debate que ha generado la aplicación de un DNU es “pura ganancia” para el oficialismo. Porque muestra a un gobierno diligente en un tema caro a buena parte de la opinión pública y sobre todo a su electorado: la corrupción. Y deja expuestos a los que critican, como es el caso puntual del kirchnerismo. Y difícilmente la oposición se una para “voltear” el decreto en ambas cámaras.

En busca de resultados

Esa era una de las banderas de Cambiemos al llegar al poder, aunque el proyecto que finalmente avanzó en Diputados tuvo la base de un texto elaborado por el massismo. Avanzó de la mano de otra iniciativa destinada a combatir la corrupción, la ley del arrepentido, y ambas fueron aprobadas en Diputados el 24 de junio de 2016. El mismo día que la Cámara baja votó el allanamiento de las propiedades de Julio De Vido.
La figura del arrepentido para casos de corrupción fue aprobada por 194 votos positivos y girada al Senado, luego de conseguir el apoyo del Frente para la Victoria gracias a la eliminación de la figura del “colaborador eficaz”. El kirchnerismo no aprobó en cambio la ley de extinción de dominio, que reunió entonces 135 votos a favor y 50 en contra.
El debate en esa ocasión giró en torno a la posibilidad de decomisar sin condena previa, y las prevenciones fueron por la posibilidad de que pudiera ser declarada inconstitucional. Esa fue la razón que esgrimió el FpV al rechazar la ley.
En el Senado, el proyecto también comenzó a ser tratado junto al proyecto del arrepentido, pero mientras aquel fue finalmente aprobado -con modificaciones que Diputados convalidó en octubre de ese mismo año, convirtiéndolo en ley-, la extinción de dominio se empantanó en el marco de las duras críticas de los senadores y los especialistas que concurrieron a exponer sobre la misma en comisión.

Resistencias académicas

Hugo Wortman Jofré, presidente del Consejo de Administración de Poder Ciudadano, centró su principal preocupación en que “simplemente con un llamado a indagatoria ya se puedan incautar bienes de una persona”. “El juicio ejecutivo implica que una persona puede perder sus bienes en diez días”, advirtió.
El doctor Edgardo Donna, profesor de la UBA, consideró “inaceptable que esta ley entre al Senado”. “¿Cómo se le va a quitar los bienes a personas sin condena?”, cuestionó.
León Arslanian fue otro de los críticos: aseguró que el proyecto tiene “un texto que contiene rasgos escandalosos y errores de concepto”. “Esto es grave: se propone ejercer la acción de extinción de dominio sin que haya una sentencia penal”, alertó y agregó que “el proyecto viola el principio de inocencia, entre otros rasgos escandalosos”.
El proyecto tuvo entonces sustanciales modificaciones y la promesa de que sería tratado antes del final de ese período ordinario, pero eso no sucedió, ni tampoco a lo largo de 2017.

Activación por varias vías

Ante las críticas que responsabilizaban al peronismo por el “cajoneo”, y en vistas de que se encaminaba a perder estado parlamentario, a mediados de 2018 el bloque de Miguel Pichetto presentó una iniciativa propia que, a diferencia de la media sanción de Diputados que enmarcaba el trámite en el ámbito civil, lo mantenía en el proceso penal. Al mismo tiempo Cambiemos presentó uno propio, que mantenía la vía civil como instancia de trámite del proceso de recupero, pero articulándola con la causa penal, que le servía de precedente. La ventaja de este sistema es que no requiere condena penal firme, e impone al titular de los bienes sospechados la carga de probar la licitud de la adquisición para su defensa.
En el caso del proyecto del Senado, al mantener la causa dentro del fuero penal, solo alcanzaría a casos futuros, dejando fuera casos como los de la causa de los cuadernos. (…) Finalmente el proyecto no fue tratado en Diputados. Se argumentó que no había acuerdo, pero lo cierto es que fue decisión del propio oficialismo, que no quiso generar controversias dentro del bloque Justicialista encabezado por Pablo Kosiner, después de que con sus votos hubieran logrado aprobar el Presupuesto.

Corte `por lo sano´

Ahora el gobierno apeló al DNU, que no encontró reacciones en el massismo, puesto evidentemente en una disyuntiva. Sí en Miguel Angel Pichetto. En tanto, en la calle que se había aplacado el entusiasmo por la lucha anticorrupción que en algún momento encendió a la opinión pública, precisamente ante la falta de resultados concretos, otra vez comenzó a prender el ajusticiamiento de las escandalosas maniobras de corrupción con dineros públicos o el enriquecimiento inexplicable de grupos económicos de dudosas actividades.
Para no dejar dudas que ésta será una de las principales banderas y compromisos electorales de de Cambiemos, Mauricio Macri no anduvo con rodeos al momento de defender el decreto: «Algunos vivos cometen delitos que no podemos permitir más. Los delincuentes, los narcotraficantes, los mafiosos y corruptos no tienen límites, son capaces de cualquier cosa, por eso desde el primer día estamos dando esta lucha fuerte”, indicó.
“Estamos hablando de dinero, campos, barcos, casas, autos y hasta obras de arte que se pueden subastar para financiar políticas públicas fundamentales”, añadió.
Se trata de «plata que necesitamos para seguir combatiendo la inseguridad, para construir escuelas, jardines, espacios de primera infancia, rutas más seguras, obras para mitigar las inundaciones y también llevarle cloacas y agua potable a todas las familias».
A su lado, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, estaban los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Estamos dando un paso adelante para que la justicia pueda avanzar”, explicó el primer mandatario. “No alcanza con condenar a quienes lideran estas bandas criminales, también hay que atacar su poder económico”. Por tal motivo, el Presidente consideró que “su aprobación es urgente» tras recordar que «los proyectos para aprobarlos en el Congreso están estancados hace años”. “La justicia necesita este mecanismo ya mismo”, agregó.
Por su parte, ayer el propio ministro de Justicia, German Garavano, anunció que «antes de mitad de año» estará en funcionamiento la Procuración de Extinción de Dominio y confirmó que las investigaciones serán retroactivas a 20 años atrás. Ante una consulta de Clarín, Garavano estimó que los bienes que se podría embargar a narcotraficantes y ex funcionarios acusados de corrupción, superaría los «100 mil millones de pesos». Habrá que ver…

Fuentes: *Parlamentario, C, NA.

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