Hace dos años, el gobierno de Cambiemos había presentado una iniciativa para bajar a 14 años la edad de imputabilidad, algo que fue resistido por organizaciones de derechos humanos y la oposición. Ahora, el oficialismo busca reflotar el proyecto para que se pueda tratar junto a la reforma del Código Penal.
Según datos oficiales, el 7% de los delitos están cometidos por menores de 16 años. El proyecto que promueve el ejecutivo busca que la imputabilidad penal sea de 15 años cuando se trate de delitos muy graves, como los casos de homicidios, secuestros extorsivos, violaciones y robos con armas de fuego.
La iniciativa aparece en cada año electoral, lo que lleva a debates acalorados y abra otra grieta en la sociedad, tal como ocurrió con la despenalización del aborto. La propuesta llevaría una fuerte impronta de acercarse a las ideas de Jair Bolsonaro, el flamante presidente de Brasil.

Para delitos graves

El proyecto del nuevo régimen penal juvenil ya había sido anunciado en 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano, e incluso ya había avanzado en la construcción de consensos con sectores de la oposición, como por ejemplo con el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, pero la coyuntura electoral obligó a postergar el debate.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien pretendía que la edad de imputabilidad sea fijada en los 14 años, le dio el visto bueno a Garavano para que la edad quede en 15 años. La moderación del proyecto facilitaría los acuerdos con sectores de la oposición y permitiría reemplazar lo previsto por la ley 22.278, sancionada en plena la dictadura militar.
La iniciativa contemplaría un criterio de escalas por edad: a los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego. Rápidamente, desde el oficialismo elogiaron la propuesta, mientras que la oposición apuntó a la ministra Bullrich y la acusó de «fascismo».

Los criterios por edad

A los 15 años: serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego. Los adolescentes que reciban una condena de prisión, no compartirán celdas con adultos.
Entre los 16 y los 18 años: serán imputables siempre y cuando no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años. Los adolescentes podrán ir a la cárcel cuando cometan un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.
Menores de 15 años (inimputables): para quienes cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 por el Código Penal, habrá un programa de asistencia a través de la intervención de equipos interdisciplinarios (integrados por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales) para acompañar a los chicos y evitar que continúen desarrollándose en torno al delito.

Fuertes rechazos

El colectivo de especialistas y organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y de derechos humanos reunidos bajo la consigna «Red Argentina No Baja» rechazó el nuevo intento de Cambiemos e insistió en la «necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil basado en los derechos humanos».
«En medio de un contexto de violencia generalizada, con las fuerzas de seguridad empoderadas en el uso de las armas de fuego, me parece sumamente peligroso bajar la edad de culpabilidad de los chicos», advirtió Nora Schulman, titular del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn) e integrante de la red.

Los argumentos en contra

La propuesta de bajar la edad de punibilidad para lograr mayores niveles de seguridad, es una falacia ya que es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 14 y 15 años, sostienen desde la «Red Argentina No Baja». Como ejemplo, el último informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires indica que en 2015, sobre 175 homicidios registrados en 2015 en la Ciudad solo uno fue cometido por un adolescente menor de 16 años, mientras que 10 casos fueron cometidos por adolescentes entre 16 y 18 años (el 3,8 por ciento del total).
Por otro lado, dicen que empeora la situación en vez de resolverla. Por la naturaleza de los delitos cometidos por los más jóvenes (delitos contra la propiedad y no contra las personas), aplicar políticas de endurecimiento penal es contraproducente. Los estudios sobre los países en los que esto se hizo muestran cómo estas políticas terminan reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas.

“Chivos expiatorios”

Las organizaciones sostienen que la medida utiliza a los adolescentes como “chivo expiatorio” de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, delincuencia, abandono de políticas del Estado que, en realidad, son los primeros en sufrir. Se estigmatiza a los adolescentes pobres mostrándolos exclusivamente como delincuentes, cuando son los niños y adolescentes sobre los que más impacta la pobreza e indigencia, el recorte de las políticas educativas y de salud, la violencia institucional policial.
Interpretan también que confunde sobre el fondo de la cuestión: es necesario distinguir dos discusiones que en el debate público aparecen entremezcladas. Una es la necesidad de establecer un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y derechos humanos, que derogue la actual Ley 22.278, dictada por la dictadura en 1980. La otra, un nuevo sistema penal juvenil respetuoso de los derechos y garantías de los y las adolescentes debe regir para la franja de 16 y 17 años.

Inconstitucionalidad

Otros especialistas, consideran que es inconstitucional porque viola el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho. En el caso de la edad de punibilidad, que fue establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, reducida a 14 años durante la última dictadura cívico-militar y vuelta a establecer en 16 años a poco de retornar al sistema democrático. Volver a bajarla sería afectar los derechos adquiridos de la franja de adolescentes de 14 y 15 años. Lo mismo ocurriría frente a la propuesta de bajar la edad sólo para los casos más graves. Está expresamente rechazado por el Comité de Derechos del Niño, órgano creado por la Convención sobre los Derechos del Niño que en Argentina tiene rango constitucional. Por último, sería incongruente respecto del conjunto de derechos y obligaciones de las personas en función de la edad.
Estas entidades que se pronunciaron en contra de la propuesta gubernamental sostiene que el Estado debe garantizar a los niños y adolescentes por mandato constitucional y convencional de derechos humanos, todos sus derechos. En los casos en que a algún niño, niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061.