Uno de los mayores inconvenientes que tiene el sistema penitenciario de nuestro país, según las propias estadísticas oficiales, es la falta de reinserción social que tienen las personas que son privadas de su libertad una vez que vuelven a recuperarla. Si bien el Código Penal argentino plantea que este tipo de establecimientos deben trabajar para que los individuos que son apresados puedan volver a integrarse socialmente cuando sean liberados, las medidas que se toman no provocan estos efectos, sino todo lo contrario. La mayoría de los menores que delinquen, reinciden por la ausencia de políticas socioeducativas.
El propio defensor general de Chubut, Sebastián Daroca, consideró que la reinserción social es algo “fundamental”. “Muchos de nuestros reclamos hacia el Estado están vinculados a eso, a que den una mayor oferta educativa a las personas que están privadas de su libertad y también laborales o capacitaciones para aquellos individuos que estén cumpliendo una pena privativa de libertad en alguno de los sistemas penitenciarios de la provincia”, enfatizó en una entrevista con El Diario.
Esta es la forma para que las personas que ingresaron a un sistema carcelario puedan salir con algún tipo de capacitación para que en ese momento puedan tener más alternativas. “Los análisis que hemos hecho desde el Ministerio aseguran que en los últimos años aumentaron las personas que aceptan las capacitaciones educativas. Sí faltan más capacitaciones, pero la oferta educativa mejoró, aunque todavía falta mucho y el porcentaje es bajo de las personas que estudian”, manifestó.
Vale destacar también que la detención en las comisarías va en contra de la posibilidad de reinsertar a las personas, ya que las mismas no están preparadas ediliciamente para cumplir con estos objetivos. Esta no es una realidad que le sea ajena a Chubut, ya que la provincia se ha declarado meses atrás en emergencia carcelaria, debido a que las cárceles están colapsadas y muchos detenidos se encuentran privados de su libertad en las comisarías.

Baja de la edad de imputabilidad

Respecto al proyecto impulsado desde el Gobierno Nacional que será enviado al Congreso y que busca bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 15 años, Daroca enfatizó que “no es la solución. Primero se la quiso bajar a 14 años y no es la forma de combatir la inseguridad para nada. Al contrario, en los lugares en los cuales se intentó la baja no ha surgido efecto y en este caso menos porque es un año. Las estadísticas que se manejan a nivel nacional hacen referencia a que de 75 homicidios uno solo fue realizado por un menor de 16 años. No hay un porcentaje que nos haga pensar que la baja de la edad de imputabilidad vaya a mejorar la inseguridad o va a prevenir este tipo de delitos”.

Alternativas para reducir la inseguridad

Al ser consultado sobre las medidas que se podrían tomar para reducir las estadísticas de delitos y bajar los casos de inseguridad, Daroca explicó que desde el Ministerio Público de la Defensa de Chubut están realizando reclamos para que se implementen políticas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. “Hay todo un sistema de protección de derechos de los menores que hay que complementarlo con políticas públicas hacia ellos. Generalmente en casi todos los casos en los que están involucrados menores son de los estratos sociales con más carencias, por lo que hay que apuntar a una mayor inserción social, mayores programas culturales y educativos también”, agregó.
Además, el defensor general de la Provincia hizo referencia a que las alternativas para bajar la inseguridad deberían ser a largo plazo, considerando que “la pena no sería la solución y ya está comprobado. Sumado a esto, hay que tener en cuenta que el sistema penitenciario de nuestro país, no sólo en el caso de los menores, tiene muchas carencias que no facilitan la reinserción social de las personas sometidas a una privación de su libertad”.

Situación en Chubut

Respecto a la realidad que vive Chubut sobre la cantidad de menores detenidos, Daroca precisó que en la provincia está el COSE (Centro de Orientación Socioeducativa), ubicado entre las localidades de Puerto Madryn y Trelew. “Nosotros hacemos relevamientos todas las semanas y la semana pasada constatamos que hay cuatro adolescentes detenidos ahí. Constantemente nosotros trabajamos con el Ministerio de Familia para lograr mayores políticas educativas, sociales y culturales también”, sostuvo.
Por su parte, la titular del Ministerio de Familia de Chubut, Valeria Saunders, también se refirió al proyecto del Gobierno Nacional para intentar bajar la edad de imputabilidad y dijo: “No creo que sea la forma de solución del problema que podríamos tener con los adolescentes incursos en delitos. Nosotros creemos que la forma es apostar a la escuela, apostar a la educación, apostar al trabajo social, a trabajar en cada uno de los barrios. Tenemos una realidad distinta a la que tienen los grandes centros urbanos y evidentemente el Gobierno Nacional sólo gobierna para algunas provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba que tienen una realidad diferente a la nuestra”.

Números negativos

Si bien en muchos casos se hace hincapié en medidas posteriores a la detención de las personas, resulta interesante también analizar la situación de los individuos que pudieron provocar o que tuvieron incidencia en los actos delictivos. Al respecto de esto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) elaboró un informe sobre los adolescentes que actualmente están privados de su libertad.
Según este documento, el 28% de los chicos que hoy están detenidos vivió en la calle, mientras que el 14% lo hizo en hogares de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, debido a que sufrió violencia y maltrato en su casa, abandono o abuso sexual. Además, casi el 40% de los chicos manifestó haber sido maltratado por las propias fuerzas de seguridad antes de resultar privados de su libertad, mientras que el 30% sufrió algún tipo de violencia en la institución.
En tanto, de acuerdo con el relevamiento realizado en el año 2015 por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en la Argentina había 7.178 adolescentes y jóvenes adultos (18 años y más) en conflicto con la ley penal, de los cuales 1.305 estaban en establecimientos de privación de libertad. Con 508 encuestados, el trabajo de UNICEF indagó al 40% de esos adolescentes y en total fueron relevados 22 centros cerrados.
Puntualmente, los datos presentados por UNICEF indican que la privación de la libertad de las personas es una medida sancionatoria ineficaz para cumplir con los fines educativos y de reinserción social que deberían tener las sanciones especializadas para adolescentes y que tendrían que tener el objetivo de que los chicos presos puedan insertarse en la sociedad en el menor tiempo posible. Esto es ratificado con el propio sondeo, que determinó que para más de la mitad de los encuestados no se trataba de la primera vez en una institución de encierro (51,7%).