Una audiencia de revisión tuvo lugar en sala de Oficina Judicial en Trelew, donde el Ministerio Público Fiscal, representado por la funcionaria de fiscalía Julieta Gamarra, expuso sobre los avances en la investigación respecto del hecho ocurrido durante los días 20 y 21 de septiembre de 2018 en Paso de Indios, que tuviera notoria repercusión provocando inclusive la movilización de parte de aquella comunidad.
El 5 de octubre se llevó adelante la audiencia de control, donde el Juez Fabio Monti dispuso la prisión preventiva por el término de tres meses, y cumplido el término se revisó la situación del joven de 19 años, a quien se lo imputa por amenazas, violencia y abuso sexual en perjuicio de una menor. Para la doctora Gamarra no existen motivaciones para alterar la medida de coerción, reforzándose la probabilidad de autoría con elementos colectados en el transcurso de estos meses que fue mencionando, como por ejemplo las pericias de ADN con resultados positivos, las numerosas entrevistas efectuadas en el lugar de los hechos y los allanamientos efectuados en los sitios donde el agresor llevó a la víctima, de donde se secuestraron diversos elementos y se recolectaron muestras principalmente hemáticas para ser periciadas.
Mencionó también el examen psicodiagnóstico practicado a la menor que se traduce en serias consecuencias emocionales y de salud que hoy está padeciendo. Informó que restan realizarse varias entrevistas, previstas para los próximos días en Paso de Indios y los alrededores, dificultándose esta acción debido a la difícil localización de los futuros entrevistados. Aseveró que se trata de un caso de suma complejidad, pero enfatizó sobre lo avanzado hasta el momento, que refuerzan la probabilidad de autoría del imputado, sin existir hechos que puedan conmover la situación actual, con la existencia del riesgo de fuga, y solicitó el mantenimiento de la prisión hasta la audiencia preliminar, tiempo en que podría elevarse la acusación respectiva.

Defensa y resolución

El defensor Lisandro Benítez expresó que resultaba excesivo el pedido de la fiscalía y que solo restan realizarse algunas entrevistas, a la vez que ofreció la posibilidad que su cliente continúe en arresto domiciliario, ofreciendo para tal fin una vivienda en la localidad de Dolavon.
Escuchadas las partes, el Juez Fabio Monti acordó con el Ministerio Público Fiscal en cuanto a la situación del imputado, el avance en las investigaciones, aunque dispuso la prisión preventiva por el término de dos meses, estimando que es un lapso adecuado para que la fiscalía culmine con la investigación correspondiente. La calificación con la que se imputa es la de privación ilegítima de la libertad, agravada por ser cometida con violencia y amenazas, abuso sexual agravado por ser con acceso carnal, lesiones leves doblemente agravadas al efectuarse contra una persona con la que había mantenido una relación de pareja y mediante violencia de género y daño, todo en concurso real, de acuerdo a los artículos 142 inciso 2do., 119, 89, 91, 80, 183, 45 y 55 del código penal, con una expectativa de pena que marca un mínimo de seis años y un máximo superior a los veinte años de prisión efectiva.