El gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, salió al cruce de los numerosos posicionamientos que generó la medida coincidente con la política migratoria nacional. En rueda de prensa desde Sala de Situación de Casa de Gobierno, junto al ministro de Gobierno, Federico Massoni, explicó los alcances del Decreto Provincial Nº136/19 que dispone “la realización de todas aquellas medidas conducentes a la expulsión y prohibición de ingreso al territorio provincial, de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentran cumpliendo condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero”.
Arcioni aclaró que “a esta medida se llegó a partir del análisis profundo de todos los hechos violentos de público conocimiento que vive la provincia sobre todo con extranjeros. Este decreto tiene como prioridad instruir al Ministro de Gobierno y todo su equipo para que arbitre todo medio necesario para que en la provincia no ingresen aquellos extranjeros condenados por delitos comunes tipificados en el Código Penal argentino”, agregó.
“Apostamos a la seguridad y al libre tránsito de todos aquellos que quieran venir a la provincia a trabajar, a prosperar como lo han hecho nuestros antecesores, nuestros abuelos, padres. Nuestra provincia está abierta a todos aquellos que quieran venir a aportar al crecimiento”, remarcó el mandatario provincial.

En línea con Nación

Arcioni señaló que los procedimientos “van a ser monitoreados por el Gobierno Nacional, se han suscripto diferentes convenios, con Migración nacional, el Ministro de Gobierno estuvo abocado a esto. La medida se tomó luego de un análisis para controlar el ingreso a nuestra provincia de personas con antecedentes, por eso se ha incrementado la presencia policial en Arroyo Verde y en cada punto de ingreso de la provincia”.
“Todas aquellas personas tanto procesados, como con condena firme, libertad condicional, todos aquellos que hayan delinquido y tengan que saldar una deuda con la sociedad Argentina, a Chubut no van a ingresar”, manifestó.

Avanzarán con la aplicación

En tanto el ministro de Gobierno, Federico Massoni, explicó que “hemos firmado diferentes convenios con Migraciones, como con el Ministerio de Seguridad y de Justicia con el fin de obtener un detalle de los antecedentes de todas las personas extranjeras, pero no quita que dentro de los controles instruidos por el Gobernador, que llevemos adelante fundamentalmente en Arroyo Verde, se identifique al 100% de ingreso a la provincia y a partir de la semana que viene se trasladará todo el recurso humanos para que se lleve a cabo”.
El personal “tendrá a disposición una base de datos brindada por Migraciones, tendrán acceso a los programas de Migraciones para saber en el caso de los extranjeros, si entraron en forma irregular, por un paso que no esté permitido, dónde y cómo entraron, en concepto de qué y con todos los antecedentes delictuales de nuestro país y del país de origen de la persona”.
Massoni confirmó además que “a través de una resolución del Ministerio de Gobierno se da aplicación inmediata a la forma procedimental de control e identificación de personas, hay otras cuestiones que está el equipo de gobierno trabajando como en el código de procedimientos. Además tenemos planteadas reuniones con Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal y Jueces para establecer medidas en conjunto”.
Agregó que “los convenios son de aplicación inmediata, hay otros que firmaremos y se llevarán a cabo dentro del marco normativo provincial y nacional, además del respeto estricto a la Constitución Nacional y Provincial. Todo procedimiento lo debemos hacer en un fiel cumplimiento a lo establecido en la constitución y en respeto a los extranjeros. No estamos hablando de extranjeros en su totalidad sino los que hacen del crimen como forma de vida”, concluyó Massoni.

Los datos estadísticos no acompañan

Pese a la defensa de la decisión política Nacional y Provincial, que tiene sus fundamentos ideológicos y pragmáticos seguramente, los datos duros que exponen los análisis estadísticos están lejos de confirmar que el grave problema de inseguridad que hay en el país y la provincia tenga todo el peso en la incidencia extranjera. Según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP) que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2017 había 35 extranjeros detenidos en Chubut. Mientras que el Servicio Penitenciario Federal, dirigido por Emiliano Blanco, cuenta hoy con 2.342 extranjeros en sus cárceles en todo el país, de acuerdo con datos del organismo actualizados al 31 de diciembre de 2016; 1.584 de esos internos están procesados y 758 tienen una condena. Ninguno de ellos es considerado inimputable. Un 52% de ellos estudia alguna actividad educativa dentro del Servicio: 899 presos del total, tiene educación primaria completa. Con estos números, varios sectores de la sociedad comenzaron a cuestionar fuertemente la medida nacional que ya avanzó en provincias como Chubut y Jujuy, por considerarla otra escalada xenófoba del oficialismo liberal. La denominada “Doctrina Pichetto” – por tratarse del autor de la idea- es para otros una estrategia más de abonar un debate público con temas tan sensibles como el vínculo con los extranjeros, en un país 80% constituídos sobre inmigraciones, que no hace más que abonar la teoría del “enemigo externo” como discurso proselitista.

Gobierno de Chubut