Como es habitual en esta época del año comienzan a desarrollarse en todo el país las discusiones por los arreglos paritarios entre los gremios docentes y los gobiernos de cada una de las provincias. En este contexto, las tensiones entre representantes de los trabajadores e integrantes del Poder Ejecutivo, no son novedosas ni inesperadas.
En este contexto, la situación es diferente a la de años anteriores, teniendo en cuenta que desde el Gobierno Nacional han reiterado en diversas oportunidades que uno de sus objetivos centrales es reducir el gasto público a través de la licuación en el gasto por salarios estatales, lo cual está directamente vinculado con el conflicto en cuestión.
Esta postulación de la Casa Rosada se puede vincular con propuestas de ajustes del convenio colectivo sectorial, que en los últimos años se posicionó muy por debajo de la inflación, tanto por la esperada como por la que finalmente se concretó. También hubo otro ingrediente en esta batalla, que es la no aplicación de la cláusula gatillo, que permitió durante 2017 mantener relativamente a la par ambas variables económicas.
Al respecto de esta situación, desde la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) consideraron que las “propuestas de ajuste famélicos y el consecuente deterioro del poder adquisitivo para los trabajadores docentes, determina situaciones dificultosas y extendidas a lo largo de los meses”. Para ejemplificar esta problemática, la alta casa de estudios mencionó el caso de la provincia de Buenos Aires, donde no se cerró un acuerdo salarial en 2018 y, “aunque se otorgaron aumentos parciales a cuenta del porcentaje de recomposición final, el ajuste ha evolucionado por debajo de la inflación consolidada anual”.

Problema en todos los niveles

Si bien los docentes de primaria y secundaria están en el centro de la escena, los docentes universitarios también se ven afectados por los posicionamientos del Gobierno Nacional. Vale recordar al respecto que el año pasado la paritaria para los profesores de grado tuvo diversas complicaciones en 2018. De hecho, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), con sede en varias localidades de Chubut, protagonizó reiterados conflictos en el transcurso del año pasado, perdiendo varios días de clases y con reiteradas amenazas de cerrar las puertas en algunas de sus facultades.
A pesar de que se acordó una recomposición parcial a modo de “bono” sobre el final del año, el porcentaje consolidado quedó muy por debajo de la inflación 2018. En el plano institucional, las casas de altos estudios sufrieron durante el año pasado importantes retrasos en las transferencias corrientes para cubrir gastos de funcionamiento, otra problemática que impactó rotundamente en las sedes de la UNPSJB. En un contexto de tarifazos y fuerte devaluación, estas dilaciones pintaron un escenario de perspectivas complicadas para el desarrollo de la educación superior.

Impacto en la ciencia

Desde la UNDAV también remarcaron que “no muy disímil se muestra la coyuntura de los investigadores del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Además de tener incrementos en sus estipendios atados a una paritaria con notorio menoscabo, como es la de estatales nacionales, su situación se ve afectada de manera más integral por la decisión del Ejecutivo de reducir los nuevos ingresos a la carrera de investigador/a, además de un deterioro presupuestario acumulativo sobre la cartera de Ciencia y Técnica”.

Subejecución de la Educación

En el año 2018, con datos provisorios proporcionados por la oficina de presupuesto, se observó que el gasto destinado a la función presupuestaria “educación y cultura” sólo fue ejecutado en un 91,5%. Mucho menor al nivel de ejecución que se registró en 2017, en el orden del 98%. En términos monetarios este ajuste significa más de 17 mil millones de pesos aprobados por el Congreso pero que el Ejecutivo Nacional decidió unilateralmente no gastar.
Dentro de los gastos que se llevan adelante en esta función presupuestaria el más relevante es las transferencias que se realizan a las universidades nacionales, dado que dicha partida representa más de la mitad del presupuesto en educación. Respecto a esto, el nivel de ejecución fue del 94,4%. Esto representa un monto no ejecutado de más de 6.500 millones de pesos.
Al observar el detalle de ejecución por universidades, se observa que las partidas no ejecutadas en la órbita universitaria se explican por aquellas englobadas en la categoría de “universidades sin discriminar”, una artimaña de técnica presupuestaria dispuesta al momento de sanción de presupuesto, con el propósito de su posterior subejecución ex profeso. Ahora bien, en comparación al año anterior, en términos reales dichas transferencias cayeron un 16%.
Otra partida en la cual el gobierno nacional decidió desinvertir el año pasado fue en maquinaria y equipos para las instituciones educativas. Estos fondos, utilizados para dotar de bienes de uso durables a los distintos establecimientos, sufrió una ejecución de tan solo un 80%.

Pérdida de poder adquisitivo

En 2016 se percibió la mayor parte de la paritaria en marzo, pero fue insuficiente para compensar la escalada inflacionaria de ese año, llegando a diciembre con una caída del 4,6%. El año 2017 fue el año de las cláusulas gatillo, que permitió prácticamente igualar los aumentos paritarios a la inflación, aunque como el gatillo se aplica una vez conocido el índice, se llegó a picos de -8,2% en agosto.
Finalmente, en un año en el que la pauta salarial inicial (15%) resultó menor a la tercera parte de la variación efectiva de precios, la pérdida de poder de compra fue escandalosa, acumulando una variación negativa de 14,5% desde 2015. La evolución del salario real en el caso de los docentes universitarios es similar, aunque con algunos matices. En el año 2016 sufrieron una caída algo mayor y con percepción de los aumentos con mayor retardo, hecho que produce que no se encuentren en ningún mes con mayor poder de compra que en diciembre de 2015. El año 2017 les permitió, sobre fin de año, recuperar algo de lo perdido en 2016. Sin embargo, no duró demasiado: en 2018 la caída fue aún mayor, alcanzando una variación de -17,2% en su poder de compra en los últimos tres años.

Paritarias docentes en Chubut

Vale recordar que el conflicto por las paritarias docentes en Chubut durante 2018 se extendió durante toda la primera mitad del año y recién en los primeros días de julio se logró un acuerdo entre los gremios y el Gobierno Provincial. Puntualmente, las clases se reiniciaron el 23 de julio.
El acuerdo alcanzado consistió en una elevación de 1.350 pesos al básico testigo y el compromiso de no descontar los días no trabajados. Además, resolvieron en su momento que el básico se actualice mediante el Índice de Precios informado por Estadística y Censos de Chubut y el Índice de Precios al Consumidor Patagonia a septiembre y diciembre del año pasado.

Gobierno de Chubut