Por Trivia Demir

Los ruidos de campaña suenan fuerte y claro, pero en tren de confesiones muchos se preguntan si vale la pena tremenda puja por llegar al principal sillón de Fontana 50 para empezar a empujar el carro por ahora fuertemente desfinanciado, como el que expone la provincia. Por ahora los números que hace el Ejecutivo están en el aire. El Presupuesto 2019 se trataría en sesión extraordinaria el próximo 20 de febrero, pero solo si se acuerda ya que por ahora está reconducido el Presupuesto 2018.
Si se analiza con detenimiento, la gestión del gobernador Mariano Arcioni afirma que tendría un fuerte superávit a fin de año, pero con números hechos en base al precio de un barril de crudo “presunto”, y a una coparticipación federal demasiado optimista. Estos datos fueron los que habrían generado dudas en la Legislatura, particularmente por la caída abrupta del precio del barril de petróleo WTI, que llegó a los U$S 50,4 después de estar en los U$S 75 a principios de octubre; y porque se prevé una Coparticipación Federal de Impuestos, cercana 20.389 millones de pesos, pero con un impacto mucho menor de inflación.

Para muestra sobra enero

Según datos del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, las provincias registraron un superávit primario en el tercer trimestre del año pasado por $ 133.267 millones. En el mismo período de 2017 tenían un déficit de $ 3.362 millones. La mejora obedece a que los ingresos totales de las jurisdicciones subieron 35,1% mientras que los gastos primarios lo hicieron al 24,2%. Según un trabajo del economista y director del IARAF, Nadín Argañaraz, el aumento de los ingresos por coparticipación, la caída del gasto real en personal -tanto por debajo de la inflación como en porcentaje del PBI-, y el ajuste en la obra pública, explican en realidad esta presunta “recuperación” de las provincias.
El tema es que los fondos coparticipables crecieron en el mes de enero apenas por debajo del proceso inflacionario. Así surge de la información oficial que publicó el Ministerio de Hacienda de la Nación. Por ejemplo, en el primer mes del año llegaron a Chubut $1.694 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo un año antes habían sido $1.121 millones. Esa diferencia positiva de $573 millones determinó un incremento del 51,1% para Chubut. Pero entre diciembre de 2017 y el mismo mes de 2018 la inflación acumulada alcanzó un 47,8%, es decir apenas 3 puntos por encima del incremento de los fondos que Nación envió a la Provincia. Siempre tomando como base los datos del INDEC.

Un debate más que postergado

Tal como plantea el politólogo* Ruben Manases Achdjian, desde el inicio de su gestión hasta fines de 2017 -cuando aún podía usufructuar los beneficios inmediatos del triunfo electoral de medio término- el gobierno nacional estaba firmemente convencido de poder sancionar, durante el transcurso de 2018, una nueva ley de coparticipación federal. Al menos, así lo creían el presidente Mauricio Macri y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, mentor intelectual de la reforma.
El último Consenso Fiscal suscripto entre el gobierno nacional y los gobernadores, en noviembre de 2017, plasmaba este convencimiento y avanzaba sobre temas y conceptos que volvían a adquirir importancia en la Argentina luego de quince años de marasmo; temas como la responsabilidad fiscal, la reforma impositiva y la modernización de los estados subnacionales.
La difícil coyuntura económica y financiera se devoró esta agenda e impuso un giro copernicano al clima de acuerdos que imperaba en aquellos días demasiado cercanos en el tiempo como para parecer tan lejanos. Hoy, mientras transita el último año de su mandato, la cuestión de la Coparticipación engrosa el extenso listado de las expectativas incumplidas de Macri.
Más allá de los consensos fiscales y el clima de acuerdos que pudieron haberse logrado un año atrás, la negociación política por una nueva ley de coparticipación no es, por cierto, un tema sencillo de resolver por varias razones. Tres instancias de negociación, íntimamente vinculadas entre sí, definen el contorno y la complejidad del problema, como si se tratara de un sofisticado mecanismo de relojería:
1. La masa coparticipable implica definir el tamaño y los ingredientes (impuestos) que debe contener el pastel que habrán de repartirse la Nación y provincias.
2. La distribución primaria consiste en acordar qué porción del pastel le tocará al Estado Nacional, por un lado, y a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, por otro.
3. La distribución secundaria fija, finalmente, el porcentual que le tocará a cada provincia y a la ciudad de Buenos Aires de la porción de pastel previamente obtenida de la distribución primaria.

¿Difícil o imposible?

Por un efecto de cascada, cada instancia de negociación determina la suerte de la siguiente. Por ejemplo, si el gobierno nacional decidiera no incluir ciertas fuentes tributarias en el reparto y el pastel terminara siendo más pequeño que el esperado por las provincias, la negociación por las distribuciones primaria y secundaria se tornaría, sin dudas, más áspera y complicada. Por su parte, y en vistas a una nueva ley, la distribución primaria sería muy compleja de resolver si el gobierno nacional no admitiera reducir su actual participación en el reparto.
Respecto de la distribución secundaria, los porcentuales de percibe cada provincia se basan en dos criterios: el primero es de naturaleza devolutiva y se aplica para que una parte de los impuestos recaudados regrese a su territorio de origen y el segundo, que es de carácter redistributivo, está pensado para garantizar que cada provincia esté en condiciones de proveer un nivel homogéneo y equitativo de bienes y servicios públicos, con el fin de reducir las brechas de desigualdad que existen entre unas y otras.
Ahora bien, ¿cómo lograr que en la nueva ley se cumplan ambos criterios, frente un entramado de intereses tan contradictorios? Porque, si se le asignara una mayor importancia a criterio devolutivo, las provincias de mayor desarrollo económico obtendrían una porción mayor de los recursos; y si, por el contrario, primara el criterio redistributivo, éstas sentirían que son perjudicadas por las provincias más “pobres”, como sienten que ocurre en la actualidad.
Por último, y para agregar una mayor dosis de complejidad al problema planteado, el régimen de coparticipación tiene una naturaleza jurídica muy especial: es una Ley Convenio. Esto implicaría que la nueva ley que sancione el Congreso deberá, además, ser ratificada por cada una de las legislaturas provinciales y la porteña. A primera vista, esta “regla de la unanimidad” le otorgaría al conjunto las provincias y a la CABA un peso desequilibrante en las negociaciones, siempre y cuando pudieran alcanzar un acuerdo interno y único frente a la Nación, posibilidad que en los hechos resulta difícil de lograr por la extremada amplitud y divergencia de sus intereses locales. Esta dificultad de las provincias le otorgaría una pequeña ventaja al gobierno nacional, pero lo obligaría a la titánica tarea de negociar en forma radial con las 24 jurisdicciones por separado. Queda claro que el actual gobierno, al igual que sus antecesores, fracasó en su intento de sancionar un nuevo régimen de Coparticipación durante su mandato. Pero también que la mayoría de las Provincias, también fracasaron en sus reclamos y sus gestiones con el consiguiente impacto en sus ciudades y por supuesto, en sus habitantes.

Fuentes: INDEc, IARAF, P/12, *Hacienda y Nación, propias