Las autoridades siguen con suma atención la andanada de empresas líderes en problemas. Muchas de ellas buscan negociar con el guiño oficial una reducción de sus costos laborales y fiscales para afrontar el deterioro de la economía. En ese marco, el Gobierno rechazó el jueves pasado la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPCE) solicitado por Coca Cola Femsa, por lo que la empresa acordó con el gremio 35 despidos en su planta de Nueva Pompeya, menos de la mitad de lo previsto.
La embotelladora, sin embargo, no es la única que se declaró en situación crítica. En efecto, los recursos de crisis se duplicaron durante el macrismo y, en las últimas semanas, se conocieron los casos de Avianca, Editorial Atlántida y el del fabricante de neumáticos Fate. En este último caso se avizora un fuerte conflicto por la falta de acuerdo con el gremio, liderado por la izquierda, para afrontar la disminución de los ingresos de la compañía por la caída de sus ventas, pero también por el impacto de las medidas oficiales.
La secretaría de Trabajo celebró una nueva audiencia la pasada semana en la que el sindicato del neumático (Sutna), encabezado por Alejandro Crespo, rechazó la apertura del PPCE solicitado el 1 de febrero por la compañía de Javier Madanes Quintanilla. El objetivo es aplicar una fuerte reestructuración laboral y reducir hasta 400 puestos en su planta de San Fernando, en la que trabajan 2.000 empleados.
En su respuesta oficial, plasmada en un documento de 12 hojas, el gremio argumentó que la firma pretende alegar una situación de crisis para resolver una disputa con el Gobierno con la finalidad de obtener beneficios fiscales. En tanto, voceros de Fate consultados por este medio se mostraron pesimistas al asegurar que «el conflicto no tiene solución».

Los verdaderos argumentos

Pero los documentos presentados en el marco del procedimiento de crisis revelan que los problemas del fabricante exceden el ámbito laboral y dan cuenta de fuertes tironeos con las autoridades por el rumbo del plan económico que, según la visión de su dueño, perjudicó en el último tiempo los resultados del establecimiento por motivos ajenos a sus negocios.
En el anexo XI del expediente, la compañía presentó una nota enviada el 8 de enero pasado al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, (foto) en la que le informaba casi un mes antes de iniciar el PPCE la situación crítica de su planta en San Fernando. El problema se originaba -según la misiva- en la aplicación de retenciones a las exportaciones industriales (una alícuota del 8% que representa unos us$500.000 dólares al tipo de cambio vigente) y la disminución del reintegro a dichas ventas (del 7 al 5,5% en su caso).
La empresa advertía que de no haber cambios iba a tener que hacer una reestructuración, reducción de escalas y el eventual cierre parcial de la fuente de producción. Por ese motivo, en el segundo párrafo del escrito que la cartera de Sica recibió el 9 de enero solicita que «con la máxima urgencia se exima a Fate de la aplicación de los referidos derechos de exportación y se restablezcan los reintegros a la exportación que se han visto reducidos». (NA, IP)