El fiscal del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo, se opuso a aplazar su inicio y la principal acusada, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reclamó que el caso pase a la justicia de esa provincia.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 deberá resolver en los próximos días los dos recursos presentados el viernes pasado a última hora por el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi: el de suspender el inicio del juicio por la no conclusión de un peritaje y de enviar el caso a la provincia patagónica.
El tribunal a cargo del juicio oral y público, cuyo inicio está previsto para el 26 de febrero, está integrado por los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.
En el pedido de enviar la causa a Santa Cruz, Beraldi sostuvo que la justicia de esa provincia «resulta competente para juzgar el supuesto delito de defraudación por el que se ha requerido en esta causa la elevación a juicio».
En el mismo escrito, el letrado recordó que en Santa Cruz ya se sustanciaron otros expedientes en los que se investigan hechos similares a los que fueron analizados por la justicia federal porteña y que tiene en el foco al detenido empresario Lázaro Báez. «Los hechos investigados y juzgados en la provincia de Santa Cruz resultan idénticos a los que se encuentran descriptos en los requerimientos de elevación a juicio que dan origen a la intervención de este tribunal», sostuvo Beraldi.
El escrito de 40 páginas que presentó Beraldi ante el TOF 2 finaliza con el pedido de que «se declare la incompetencia de vuestro Tribunal para seguir interviniendo en este proceso y lo remita al juzgado Criminal de Instrucción número 3 de la Ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz», a cargo de la jueza Roxana Suárez.