En el marco del Decreto provincial que dispuso que los extranjeros con antecedentes penales podrán ser expulsados de Chubut, la delegada en Puerto Madryn de la Dirección Nacional de Migraciones, Lourdes Schlemminger, criticó que el mismo “es inaplicable ya que la Provincia no puede decidir si ingresa o egresan ciudadanos extranjeros de su territorio, solamente el Poder Ejecutivo Nacional puede legislar sobre ello”, además de mencionar que la normativa reciente “alimenta la discriminación y la estigmatización de los ciudadanos extranjeros que eligen nuestra provincia para residir, es seguir segregando y señalando a ciudadanos de ‘primera categoría’ y de ‘segunda’, y es continuar alimentando el odio y la división, una actitud tremenda y repudiable”.
Además, mencionó que “somos la única provincia del país que cuenta con tres Delegaciones y ninguna de ellas fue consultada al momento de redactar este Decreto”.

“Provincia no puede regular el ingreso”

En este sentido, Schlemminger advirtió que “se puede pedir la inconstitucionalidad del Decreto, porque no es competencia de la provincia legislar respecto del ingreso, egreso o permanencia de ciudadanos extranjeros dentro del territorio de la República”, agregando que “eso es una competencia del Poder Ejecutivo Nacional, que se ejerce a través de la DNM, único órgano de aplicación de la Ley Nacional de Migraciones 25.871”.
Además, precisó que “en dicha normativa se establece que, solamente mediante esa ley, se va a regular el ingreso, la permanencia y el egreso de ciudadanos extranjeros a la Argentina; también, reconoce en el Artículo 105 a la Dirección Nacional de Migraciones como la autoridad de aplicación de la presente Ley; es decir que, por un decreto provincial, no se puede regular el ingreso, egreso o permanencia de ciudadanos extranjeros en alguna parte del territorio, porque Chubut no es un territorio ‘aparte’ de la República Argentina, sino que forma parte de la misma; y, quien efectivamente establece cuáles son las pautas para ingresar, realiza los controles y coordina las acciones, la permanencia, el rechazo o la expulsión del ciudadano extranjero, es el Ejecutivo nacional, no tiene nada que ver el Ejecutivo provincial en todo esto”.

La “Confederación del Chubut”

Por otro lado, ironizó que “con dicho Decreto se desconocería la Constitución Nacional y volveríamos a los tiempos anteriores al Pacto de San Nicolás, haciendo lo que hizo Buenos Aires en algún momento, creando la ‘Confederación del Chubut’, con aduanas interprovinciales y que cada provincia decida si decide ingresar ciudadanos extranjeros a su territorio”.
En la misma línea, consultada sobre las similitudes que el Decreto de Provincia podría tener con el Decreto 70/2017 impulsado hace poco más de un año y medio por el Gobierno Nacional, la Delegada sostuvo que el primero “no tiene nada que ver, ya que el segundo (por el nacional) lo que hace es reglamentar artículos en particular de la Ley Nacional de Migraciones; es decir que seguimos todo conforme a la misma competencia, la misma jurisdicción, siempre hablando de Nación, no de la Provincia”.

“Es de difícil viabilidad”

A su vez, Schlemminger mencionó que “las modificaciones que hicieron en su momento a partir del Decreto 70, fueron cambios en cuanto a los tiempos, de cara a achicar los plazos de los procedimientos administrativos de la Dirección Nacional de Migraciones para los procedimientos de expulsión” y opinó que “no podemos decir que este Decreto (por el Provincial) nos sorprende; viene como resultado de la ignorancia, por parte del ministro (de Gobierno, Federico Massoni), lamentablemente escuchado por el Gobernador de la Provincia, puesta a disposición y en servicio de la demagogia, ya que claramente es un decreto demagógico” y explicó que “es de difícil viabilidad, por no decir inaplicable; la Provincia no tiene la facultad ni la competencia para expulsar a un ciudadano extranjero, ya que como bien lo establece la Ley Nacional de Migraciones, en caso de que un ciudadano extranjero haya cometido un delito, el Poder Ejecutivo Nacional, por medio de la DNM, primero le cancela la residencia a ese ciudadano; esto es porque es el único organismo para otorgar, dependiendo del criterio que ostente este ciudadano extranjero, una residencia regular dentro del país”.
Consecuentemente, “como es el único que lo otorga, es el único capaz de quitarla; en primer lugar, se le cancela la residencia y, posteriormente, se ordena la expulsión; quien hace efectiva esa orden es un juez federal, que interviene en el proceso administrativo, en su carácter de ‘garante’ de los derechos que posee ese migrante”.

Injerencia nacional y federal

Una vez que el magistrado federal hace efectiva la expulsión, continuó la funcionaria, “la Dirección Nacional de Migraciones, con el auxilio de las fuerzas ‘nacionales’, procede a realizar el procedimiento de expulsión y devuelve a ese individuo al país de origen que corresponda” y remarcó que “en esto, la Provincia sigue sin tener ningún tipo de participación”.
A modo de ejemplo, detalló: “Supongamos que el día de mañana, en estos ‘controles’, que los ejerce la DNM y que son los famosos ‘controles de permanencia’, si se llegara a encontrar a un ciudadano extranjero con antecedentes penales o con una situación migratoria irregular dentro del territorio de la provincia, (las fuerzas provinciales) no pueden hacer absolutamente nada; lo único que pueden hacer es llamar por teléfono a la delegación de Migraciones más cercana, que realizará el trabajo; no lo hace la Provincia, ya que ésta no expulsa extranjeros de su territorio, así como tampoco impide que ingresen”.
En este contexto, sostuvo que “una vez que un ciudadano extranjero pasó por la frontera nacional y pasó por los controles que ejerce la DNM en sus pasos fronterizos, esa persona tiene garantizado el libre tránsito por todo el territorio de la República”, concluyendo que “si en esta provincia se busca impedir que un ciudadano extranjero ingrese, entonces se está violando un derecho constitucional, algo gravísimo”.