Por Trivia Demir

Más allá de la comidilla doméstica de candidaturas y chicanas, lo que se viene es bien complejo. Y todo indica que en un año electoral, el poder por excelencia que dará que hablar será el judicial. Y no solo por los ´carpetazos´ que ya silban en el aire. Dicen que ´pese a que el Gobierno nombró a dos de sus cinco integrantes, no logró impulsar sus criterios en la Corte Suprema. También dicen que una característica del gobierno de Mauricio Macri, que sabe que buena parte de la batalla electoral se juega en tribunales, es que se mete con los jueces y juezas, cuestiona y les promueve denuncias cuando un fallo no le gusta, o les dice lo que tienen que hacer, sin ninguna clase de prurito ni preocupación por la división constitucional de poderes. Aunque a cierto sector judicial lo está mirando con un poco más de prudencia. “En cada fallo, la Corte debe pensar en el equilibrio y la gobernabilidad”, dijo ahora desde Vietnam, en referencia a cosas que se decidirán en la SCJ, que hoy funge lejos de su control y promueve su propia agenda que tiende a descolocar al Ejecutivo. Como ocurrió con la reciente sentencia que obliga al Estado a pagarle a San Luis 15.000 millones de pesos de coparticipación que corresponden a un fallo incumplido de hace tres años, y que tendrá su próximo. Macri quiere marcar la cancha, además, porque esta semana se define el calendario supremo. Es obvio que la mayoría de las sentencias tienen una resonancia política, pero el problema es que hay temas en el tribunal, que para colmo podría comprometer al mandatario y a su familia, o también a sus amigos, como el decreto de 2016 que permitió que familiares de funcionarios blanqueen dinero o propiedades. La cuestión previsional también enloquece al Poder Ejecutivo, que tiene que hacer los deberes con el Fondo Monetario Internacional cargando el ajuste sobre los sectores más vulnerables.

Golpe a la caja nacional

El asunto de la coparticipación, además de tener un impacto fuerte para las arcas públicas tiene una carga simbólica políticamente: cuando terminaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Corte firmó tres fallos que declaraban la inconstitucionalidad de la detracción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que el Gobierno quitaba desde hacía años a las provincias para financiar a la Anses. En ese entonces ordenó restituir dinero a San Luis, Santa Fe y Córdoba. Era una fortuna. Con aquella sentencia la Corte recibió al Gobierno de Macri, cuya pronta respuesta fue nombrar dos jueces por decreto, en comisión, intentando pasar por alto el Senado, cuya aprobación tuvo que pedir ante el escándalo que se armó. Al menos uno de aquellos jueces, Horacio Rosatti, con el tiempo mostró que no actúa como Macri hubiera esperado. Carlos Rosenkrantz tiene gestos de mayor lealtad. Rosatti hoy es parte de ese grupo de tres, que también integran Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que en el Gobierno bautizó como “la mayoría peronista”. Y ellos tres fueron los que ahora fallaron para que se le pague a San Luis, pero ya proyectan otra sentencia similar a favor de Santa Fe, que reclama 45 mil millones para los acuerdos de las próximas semanas. Córdoba arregló el pago, por eso no reclama.

Precedente invaluable

Hay provincias que envalentonadas por los fallos de la Corte, no descartan revisar sus reclamos. Algunos de ellos desestimados, pero que analizarían buscar la forma de reeditarlos, asesoramientos mediante. En esa línea andaría Chubut. De hecho, el gobernador Mariano Arcioni se refirió por estos días con dureza al modo en que el gobierno de Martín Buzzi ´entregó´ ese dinero de los chubutenses a la Nación. “Los que hoy se presentan como alternativa para sacar a Chubut adelante embargaron a nuestra provincia por un favor político (sic)”, dijo Arcioni recordando que “en 2012 algunos dirigentes enrolados en el FpV desestimaron cinco causas que tenía la provincia por coparticipación en contra del Gobierno Nacional”. “De forma mezquina ha llevado a nuestra provincia a una crisis financiera (…) Hoy debemos hacer frente a esa crisis cada uno de los chubutenses”, señaló y agregó que “el monto de la deuda que en ese entonces mantenía Nación con Chubut representaba unos 1.000 millones de dólares”. ¿Podrá recuperarse algo de estos reclamos en función de la legitimidad que aportan ahora estos fallos? Un interrogante que ya tiene algunos ´expertos´ anotados en busca de desentrañar.
De hecho la Corte Suprema señaló que ya transcurrieron casi 20 años desde la fecha fijada por la Constitución Nacional para establecer un “nuevo régimen de coparticipación” sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias. Y pidió que esta norma “garantice la remisión automática de fondos y que contemple criterios objetivos de reparto de forma equitativa, solidaria y que dé prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional (art. 75 inc. 2)”.
“(…) Los poderes constituidos deben realizar todos los esfuerzos necesarios para asegurar el desarrollo del proyecto de organización institucional que traza su texto. En razón de ello, la Corte exhortó al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación a que asuman su rol institucional como coordinadores del sistema federal de concertación implementado por la reforma constitucional de 1994, y formulen las convocatorias pertinentes con el objetivo de elaborar e implementar el tan demorado sistema de coparticipación federal”, expresó uno de los párrafos de la sentencia tras el recambio electoral que se viene el año que viene.

Chubut con urgencias tremendas

No es para menos la necesidad de buscar que se replantee la repartija federal, una bandera que a todas luces levantará Mariano Arcioni. Sobre todo si se considera que además de lo que se ´cedió´ a Nación presuntamente por la ´idea feliz´ del ex Fiscal de Estado, Blas Meza Evans; con asesoramiento del siempre vigente Carlos Tomás Eliceche y con el gancho de Martín Buzzi (Ver https://www.elpatagonico.com/buzzi-defendio-el-desistimiento-las-causas-contra-nacion-n622252 ) que sumaba más de mil millones de dólares, se ha venido perdiendo ingresos en términos de repartos federal de manera sostenida. Como si fuera poco esos cinco juicios a los que se renunció (vaya a saber porque conveniencia política), tenían según los entendidos “pericias contables favorables a la Provincia por más de $ 5.000 millones y ya estaban a sentencia de la Corte Suprema de Justicia”
Además, de la ´generosidad´ del FPV, la toma de deuda de los gobiernos anteriores en Chubut, se incrementó de manera exponencial. Para ponerlo en números, en 2019 Chubut deberá afrontar vencimientos por casi u$163 millones, entre capital e intereses, sólo en lo que respecta a títulos públicos. A esto se suma el endeudamiento con el Estado nacional, a través de Letras del Tesoro, que este año sumarán vencimientos por otros 5.000 millones de pesos, lo que hace un total que supera los 11.000 millones de pesos anuales.
Según un reciente informe de la agencia de noticias ADNS “El monto de la deuda chubutense en lo que hace a colocación de títulos públicos asciende a 162.972.502 dólares, integrada según el siguiente detalle:
-150 millones de dólares Fideicomiso, año 2010, colocado por el gobierno de Mario Das Neves (tasa del 7,75%)
-u$220 millones BODIC I, año 2013, colocado por el gobierno de Martín Buzzi (tasa del 4%).
-u$88,9 millones BODIC II, año 2014, colocado por el gobierno de Martín Buzzi (tasa del 4,75%).
-u$50 millones PUY 23, año 2016, colocado por el gobierno de Mario Das Neves (tasa del 8,75%).
-u$650 millones Bocade, año 2016, colocado por el gobierno de Mario Das Neves (tasa del 7,75%).
Según estos números, durante este año, la provincia debería afrontar algo más de u$59 millones sólo en concepto de intereses, mientras que en concepto de capital, deberá pagar u$ 103,9 millones.

El Fondo sojero, otro agujero legal

El otro tema que se encuentra impugnado en la Corte Suprema de Justicia, y con posibilidades de entrar a la lista de casos con definición resonante, es el DNU que eliminó el fondo sojero, a través del cual la Nación debía transferir a las provincias y municipios el 30 por ciento de la recaudación de derechos de exportación de soja. Este es otro temita que la Corte deberá resolver, que también alcanza el destino de las provincias, y donde Macri ya vería que no viene bien la cosa. Habrá que ver…

Fuentes: NA, P/12, ADNSur, Tiempo Judicial.