El flagelo del abuso sexual en todas sus variantes continúa siendo una preocupación de la comunidad madrynense, y en las últimas semanas el tema volvió a ser el centro de atención, luego de que familiares de víctimas de abuso infantil se manifestaran en la vía pública, en inmediaciones del Ministerio Público Fiscal, para reclamar por una Justicia “más rápida y eficiente” en este tipo de casos.
La ciudad de Puerto Madryn es una de las que más denuncias por abuso registran dentro de la provincia, no obstante, las condenas son escasas, pero se han ido incrementando con el paso de los años.
Tal es así que, en el último año, un total de 14 personas fue condenada por distintos delitos de abuso, entre ellos los de carácter “simple”, que contempla entre otras cosas los tocamientos, “agravado”, el estupro, el abuso sexual “con acceso carnal” y el “gravemente ultrajante”.

Más denuncias y sentencias

En este contexto, durante los últimos cinco años, la cantidad de condenas por abuso en la ciudad del Golfo registró un importante crecimiento porcentual, el cual no va a aparejado con la cantidad de denuncias, pero sí parecería sentar un precedente, de cara a una problemática que hoy es abordada con mayor profundidad desde el ámbito judicial y de las políticas públicas, ante la exigencia de la sociedad.
Según estadísticas judiciales a las que tuvo acceso El Diario, en 2014 hubo nueve condenas por este tipo de delito, cifra que cayó drásticamente a tres al año siguiente; sin embargo, desde allí la cantidad de sentencias condenatorias comenzó a aumentar, registrándose un total de siete para el 2016, 12 en el 2017 y, finalmente, unas 14 condenas durante el curso del 2018.

Un caso aberrante a nivel local

Uno de los casos más estremecedores ocurridos a nivel local, el cual convocó a familiares de una de las víctimas a movilizarse e incluso reunirse con concejales para impulsar el abordaje desde el ámbito público, fue el ocurrido hace pocos meses y que tuvo como protagonista a un sujeto que debía quedar al cuidado de cuatro menores.
El individuo, de 22 años y perteneciente a la comunidad zíngara, había viajado desde Trelew a Madryn para participar como testigo de un casamiento, pero en momentos en los que se encontraba en compañía de cuatro niños de 9, 8, 4 y 2 años, según la acusación abusó de todos ellos, e incluso accedió carnalmente a dos.
Fue detenido en su ciudad de origen y trasladado a un destacamento de la ciudad del Golfo, donde permanece bajo prisión preventiva; no obstante, familiares de una de las víctimas advirtieron que podría gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, una de las principales críticas de la ciudadanía en este tipo de casos.

Embarazo adolescente y abuso

El flagelo del abuso es una cuestión todavía pendiente en materia institucional a nivel país, la cual termina reflejándose en cifras relevadas por distintos informes y organismos que abordan la temática.
Según cifras de 2018, las cifras sobre el abuso sexual y el abuso sexual infantil han empeorado con el paso del tiempo, y actualmente se estima que 8 de cada 10 embarazos de madres adolescentes fueron producto de un abuso sexual o una violación.
Las víctimas de dicho segmento ascienden a unas 3 mil por año, muchas de las cuales son obligadas a ejercer la maternidad de manera forzada, sin estar preparadas física y psicológicamente.

El rol de las instituciones públicas

Una de las normativas que propuso cambiar el escenario fue la Ley 26.061 de “Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, sancionada en 2005 y que establece, entre otras cuestiones, que las políticas públicas de los organismos del Estado “deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, donde la prioridad “absoluta” implica, por un lado, la “protección y el auxilio en cualquier circunstancia” para las víctimas, la “prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas”, la “preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas”, la “asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice” y la “preferencia de atención en los servicios esenciales”.