Ingresó a la Cámara Alta del Congreso, un proyecto de ley que declara la Emergencia Tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2019. La iniciativa fue presentada por la senadora nacional por Chubut, Nancy González.
De acuerdo al texto del proyecto, se prohíbe todo incremento de tarifas en los servicios públicos de energía eléctrica, gas natural y agua potable, por el plazo de un año a partir de la sanción de la ley. Las empresas prestatarias de los distintos servicios se deberán abstener de efectuar cortes en el suministro motivados por falta de pago.
El proyecto propone un Régimen de Equidad Tarifaria Federal, que tiene por objetivo principal evitar desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos, de jurisdicción nacional, que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ellas habitan.
En ese contexto, se establece que se deberá contemplar el impacto de las condiciones climáticas de cada región o provincia, su nivel de desarrollo económico, la situación socioeconómica de sus habitantes y los perjuicios que provoque la imposibilidad de acceso a alguno de los servicios públicos contemplados en la presente ley. También se hace referencia a quienes son los beneficiarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos.
La Senadora advierte que, en diciembre de 2018 Argentina entró oficialmente en recesión. La caída del Producto Bruto Interno se ubicó por debajo de -3.5%. Los primeros meses de 2019 no muestran signos de recuperación sino de profundización de la estanflación.
“Ante este escenario es necesario tomar medidas urgentes para paliar las situaciones complejas que vive el conjunto de la sociedad como producto de la crisis económica. En este sentido, es preciso subrayar que los servicios públicos deben ser interpretados como derechos básicos protegidos por nuestra Constitución y por instrumentos internacionales. Ni la pérdida de poder adquisitivo ni el aumento del precio debe interrumpir el acceso a los servicios básicos: la electricidad, el gas y el agua deben ser considerados como derechos humanos”, sostuvo al respecto la Senadora González.
Según los datos relevados por la legisladora nacional, durante el período diciembre de 2015 y diciembre de 2018 las tarifas de energía eléctrica se incrementaron un 2.303%, mientras que la tarifa de gas se incrementó un 1.752%. En el caso del agua el aumento fue de 655%. La incidencia del gasto en estos servicios y transporte ha crecido en forma significativa, pasando del 6.3% del Salario mínimo vital y móvil a fines de 2015 a más del 23.5% en la actualidad.