Fracasó el intento de recusación impulsado por la defensa contra la jueza Mónica García y en el marco de la primera audiencia del juicio el exgobernador Martín Buzzi brindó testimonio en torno a la causa de pedido de coimas y favores sexuales a cambio de una vivienda.
Finalmente se dio inicio al juicio contra Abel Reyna el extitular de la delegación local del IPV, tras el apartamiento del juez Jorge Odorisio quien alegó haber compartido eventos sociales con el imputado. La defensa de Reyna en la figura de Guillermo Iglesias intentó avanzar en una recusación de la juez que había quedado al frente del caso, Mónica García.
Tras un lapso dispuesto para definir sobre la recusación, pedido que contó con el total rechazo de la fiscalía, los jueces Miguel Ángel Caviglia y Mariano Nicosia también rechazaron el pedido de la defensa y se retomó la audiencia.
En el marco de la jornada de ayer, se presentaron el exgobernador Martín Buzzi, el exdelegado social Ricardo Trovant, el exdelegado local Daniel Carrizo y delegados gremiales.

Cinco hechos

A su turno Buzzi admitió que recibió la denuncia de un hombre y dos mujeres que le avisaron de irregularidades en el IPV. Uno de los casos reconoció que implicaba la denuncia de pedido de favores sexuales.
Cabe señalar que a Reyna se le imputan cinco hechos, por lo cual en caso de declararse responsable se solicitará pena de 5 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.
Entre las imputaciones, se cuenta: incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso ideal con falsedad ideológica, exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica, cohecho pasivo, cohecho activo cuatro hechos e incumplimiento de los deberes de funcionario público y trafico de influencia”.

Favores sexuales

Según la fiscalía, de la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias.
Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes, dice la acusación. Calificando este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.

Tareas ilegales

Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hace entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Calificándose jurídicamente para Abel Reyna, como autor de cohecho.
Para la Fiscalía, la investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.