Por Trivia Demir

Al final, la tercera no fue la vencida. No hubo acuerdo en la ley de financiamiento político en el Senado y el tratamiento pasa para la semana próxima. Pese a que Cambiemos y el PJ apostaban con lograr un avance en el financiamiento de los partidos políticos con el objetivo de permitir los aportes privados para soportar los gastos de la campaña electoral, no hubo acuerdo.
Cabe recordar que la iniciativa ya cuenta con dictamen de tres comisiones desde noviembre del año pasado, por lo que está habilitada para su debate en el recinto. Por tratarse de una norma electoral, su aprobación exige el voto de la mitad más uno de los miembros del cuerpo, es decir 37 senadores.
Sin embargo otra vez fue postergada, ahora porque no lograron saldarse diferencias como el límite de aportes de privados y la posibilidad de establecer un cupo para que el 50% de la pauta publicitaria destinada a plataformas de internet sea destinada a sitios periodísticos digitales de producción nacional, en lugar que las multinacionales Google y Facebook sean las grandes beneficiadas, como ocurre actualmente.

¿Con o sin ´fake news´?

Se trata de una propuesta de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa) y la Asociación de Periodismo Digital (APD), que había sido tomada por el bloque de Miguel Pichetto pero fue rechazada por parte de la bancada de Cambiemos. El catamarqueño Dalmacio Mera, que preside la comisión de Asuntos Constitucionales -cabecera del tema-, negoció por un lado los reclamos de su bloque y el texto final con el macrista Esteban Bullrich, que expresó las resistencias de cierto sector del macrismo a ponerle límites a Google y Facebook.
No sólo se trata de una discusión de la orientación de los recursos públicos. Estas plataformas, que no son medios de comunicación con editores responsables, son el vehículo para la diseminación de información y noticias falsas «fake news» con fines de manipular el voto, motivo de una acordada de la Cámara Nacional Electoral para exigir una legislación que el Gobierno se niega a llevar a cabo. Y paradójicamente es el propio oficialismo que no accedió a limitar lo que tantas veces repudia.
Entre el radicalismo dicen, habría una gran voluntad de acompañar el proyecto y más aún desde que este miércoles Mera incorporó una modificación que implica reservar una cuota de publicidad para los medios del interior. Se trata de un imperativo urgente para garantizar que provincias enteras no se conviertan en desiertos mediáticos, con el consecuente impacto sobre la calidad de la democracia. Los argumentos siempre son que una prensa libre y una justicia independiente son los dos pilares sobre los que se construyó la democracia republicana y a la vez, las herramientas más efectivas para mantener la corrupción bajo control. Pero también en el fondo suena la imposibilidad de hacer nada frente a candidatos que cuentan con el aparato de gestión. Una pelea, realmente desigual como la que lleva adelante en Chubut Gustavo Menna.

Los ´aportes´ privados en la mira

Pero no fue el único punto a resolver. También hubo debates sobre el límite a los aportes privados. Un sector planteó bajarlos del 5% a un 2% y acompañar esa decisión de una menor rigidez en la presentación de los balances. No es un tema para nada menor a partir de los escándalos de corrupción por el que hay más de una treintena de empresarios apuntados, y que proyecta su sombra sobre el financiamiento de la campaña electoral inmediata. Entre los empresarios de hecho, cunde un temor fuerte y persistente a volver a aportar a la campaña de cualquier candidato, o de varios a la vez, como era habitual, después del ´garrón´ que se comieron quienes accedieron a los retornos, supuestamente ´para política´.
Se trata de sumas de dinero para nada despreciables que los frentes electorales reciben en un 50% en partes iguales y el resto según los resultados de la última elección. Actualmente, las empresas y los empresarios pueden donar dinero a los partidos políticos, pero no a los frentes electorales, que son las alianzas que conforman antes de cada elección para poder competir.
La nueva ley de financiamiento, que el Senado debatiría esta semana, autoriza los aportes de privados a los frentes electorales, es decir, a las fuerzas políticas en campaña.
La ley vigente establece que las personas físicas, por ejemplo los empresarios, pueden aportar hasta $6.300.000 millones a los partidos políticos. El tope para las personas jurídicas, siempre para los partidos y no para los frentes, en tanto, es de $3,1 millones.

Otras diferencias en debate

También se discutió la eliminación de los dos artículos que prohibían competir en las elecciones a dirigentes involucrados en denuncias de dádivas.
Los jefes de bloque llegaron a la reunión de labor parlamentaria sin un texto definitivo, pero la ley de todas maneras se incluyó como primer tema del orden del día. Mientras las senadoras kirchneristas entretenían la sesión con cuestiones de privilegio, intramuros Cambiemos y el PJ intentaron un acuerdo que no fue posible. Volverán a intentarlo el miércoles a las 9, porque a las 15 visitará el Senado Marcos Peña.

¿De cuánto estamos hablando?

El aporte estatal que cada frente electoral recibe por voto surge de una resolución del Ministerio del Interior en la que se fija un monto fijo por sufragio. El ministro Rogelio Frigerio todavía no la emitió, por lo que el cálculo para este año es todavía una incógnita. Según un informe de La Nación, “los últimos datos oficiales disponibles para la candidatura de presidente y vice son los de 2015, que, a su vez, se calcularon en su momento a partir de los resultados de 2011, cuando Cristina Kirchner ganó la elección con el 54 por ciento. Para la campaña de 2015 el Frente para la Victoria, que tuvo a Daniel Scioli como candidato, recibió $54.541.441, tanto para imprimir boletas como para destinar a actividades proselitistas para las PASO, las elecciones generales y el ballottage, en el que Scioli perdió con Mauricio Macri. Para cubrir los mismos rubros y en las mismas instancias electorales, Cambiemos recibió en 2015 $43.759.938 del Estado”.
Aunque el Ministerio del Interior todavía no estableció el aporte estatal por voto, inflación de los últimos cuatro años mediante, los montos que los frentes recibirían para afrontar la próxima campaña serán mucho mayores. Según el Indec, entre diciembre de 2016 y febrero de 2019, la inflación acumulada fue de 96%. Durante los primeros meses de 2016, con Cambiemos ya en el poder, no hubo índices oficiales por el apagón estadístico.
A modo de ejemplo, si se toma ese porcentaje, y sin considerar la cantidad de votos de 2015, que fue superior a la del FPV, Cambiemos recibiría $85.769.478 millones. El caso del Frente la para Victoria promete polémica. Lo que en 2015 fue el frente kirchnerista, cuya denominación y composición para estas elecciones son todavía un misterio y dependerán de cómo se resuelva la interna peronista, recibiría $106. 901.224.
Alrededor del 80% de ese dinero irá a parar a las arcas del PJ, que es el partido con mayor cantidad de afiliados de los que en su momento integraron el FPV. La pregunta es: ¿quién se quedara con el sello del PJ y por lo tanto con unos 85 millones de pesos? Si fuera candidata, ¿resignaría Cristina Kirchner ese dinero por su histórica aversión al partido de Perón? La respuesta es un misterio y está atada a cómo decante la interna que hoy enfrenta a kirchneristas y peronistas anti-K. El dinero en juego no es poco. Con todo, la discusión en el Senado continuará la semana que viene en un cuarto intento por avanzar en las reglas de juego ´blanquedas´ de esta elección 2019 en materia de ´financia-miento´. Habrá que ver…

Fuentes: Indec, NA, LPO, Parlamentario, LN, propias