El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, integrado por los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Nora María Teresa Cabrera de Monella y Alejandro Joaquín Carlos Ruggero, llevó a cabo el juicio contra la banda integrada por argentinos y dominicanos que se dedicaba a la venta de estupefacientes en esta ciudad, algunos de cuyos miembros ya contaban con antecedentes penales por el mismo delito estipulado en la Ley 23.737.
La investigación se inició el 12 de abril de 2016 a partir de una denuncia anónima que se realizó en la Delegación Comodoro Rivadavia de la Policía Federal. Según el informante, en un conventillo ubicado sobre Pasaje Chacabuco al 1.100 vivía un hombre que prostituía mujeres y vendía drogas a personas que concurrían por breve tiempo a ese domicilio. De acuerdo al mismo informante, la venta de drogas también se haría en la vía pública y distintos puntos de la ciudad.

Vigilancia policial

Entre los datos aportados al inicio se indicó que el hombre de referencia, a quien describió como “pelado”, tenía una esposa dominicana y se movilizaba en compañía de otro individuo que andaba armado en un Peugeot 206 gris.
A partir de esos datos, la Brigada de Drogas comenzó una vigilancia para determinar si se realizaba venta de drogas al menudeo y además logró identificar al hombre calvo, de apellido Sotelo, y a su pareja, de apellido Guerrero Uribe.
La investigación incluyó escuchas telefónicas y seguimientos en los cuales se determinó las conexiones con los demás integrantes de la banda que fue llevada a juicio, entre ellos, los identificados con los apellidos López Rojas, alias “Helen”, Toconás “el mecánico”, Rodríguez, de Peña Paniagua y Barros, a quienes se procesó por comercio de estupefacientes agravado.
La prueba documental y testimonial que se reunió durante la instrucción fue ventilada en las jornadas de debate que se realizaron en la sala de audiencia del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, tras lo cual los jueces pasaron a deliberar y finalmente dictaron sentencia condenatoria.

Prisión, multas y trabajo comunitario

En primer término fueron consideradas partícipes secundarias en el comercio de estupefacientes Guerrero Uribe y del Rosario Barros. La primera recibió una pena de tres años de prisión y tres mil pesos de multa, mientras que su consorte recibió una condena de dos años de prisión y tres mil pesos de multa. Ambas penas fueron en suspenso.
Además, deberán cumplir tareas comunitarias gratuitas hasta cumplimentar 200 horas de actividad.
Los que sí recibieron penas de efectivo cumplimiento por comercio de estupefacientes fueron Sotelo, condenado a cinco años de prisión y cuatro mil pesos de multa; Lopez Rojas, condenada a cinco años de prisión y cuatro mil pesos de multa; Toconás, condenado a cinco años de prisión y cuatro mil pesos de multa; de Peña Paniagua, condenado a cinco años de prisión y cuatro mil pesos de multa y Rodríguez, quien recibió una pena de seis años de prisión y seis mil pesos de multa.