Organismos internacionales y de derechos humanos criticaron duramente la violencia empleada por la policía de Nicaragua el pasado sábado para impedir una manifestación que se saldó con más de 100 personas detenidas. La marcha había sido convocada en Managua por la Unidad Nacional Azul y Blanco -una alianza opositora al gobierno de Daniel Ortega formado por más de 40 organizaciones sociales- para pedir «la liberación de todos los presos políticos» en el país.
Las autoridades nicaragüenses informaron el viernes que la manifestación no estaba autorizada, pero la Unidad mantuvo la convocatoria apelando a «los derechos de libertad de expresión y movilización» recogidos en la Constitución. «A pesar de las advertencias formales de la Policía Nacional sobre una actividad no autorizada (…), salieron al lugar grupos de personas que violentaron el orden público», expresó la policía en un comunicado.
Por este motivo, la institución comunicó que «se vio en la obligación de capturar a 107 personas, que fueron trasladadas a la Dirección de Auxilio Judicial». En el comunicado se informó también que gracias a gestiones del nuncio del Vaticano en Nicaragua, Stanislaw Waldemar Sommertag, «la Policía Nacional está poniendo en libertad a esas personas».
Organismos de derechos humanos y medios locales denunciaron que varios manifestantes y periodistas que cubrían el evento fueron golpeados.