Por Nerina Miranda*

Desde tiempos inmemoriales el ceremonial aplica dos principios con la finalidad de garantizar paz y armonía a las múltiples interacciones que se dan en las reuniones como condiciones fundamentales para alcanzar los objetivos que se proponen al organizarlas.
Uno de ellos es el principio de igualdad, que se aplica entre quienes tienen igual jerarquía o condición, como es el caso de los estados, reparticiones, partidos políticos, organizaciones, cargos, etc. En tanto el otro, el de precedencia, establece el orden de todos los presentes de acuerdo a su cargo, función o representación.
Pero vayamos al punto en cuestión, la reunión que tuvo lugar en ocasión del lanzamiento a la reelección del gobernador Mariano Arcioni, fue motivo de una denuncia que pone en jaque la alianza que postula la fórmula que encabeza el mandatario provincial. La hizo uno de los partidos de la alianza electoral, el histórico Partido Acción Chubutense (PACH).
Según los dichos del presidente del PACH en declaraciones radiales, el conflicto se desencadenó cuando llegaron al lugar de la convocatoria y no se vieron representados ni considerados de acuerdo a su jerarquía como partido de la alianza política. Ni entre quienes presidían el acto, ni en el auditorio, donde presuntamente no se les había asignado ningún espacio para su permanencia, lo que desencadenó una serie de reproches.
Si lo analizamos desde un enfoque protocolar, cabe mencionar que en las reuniones de carácter público, sea en ámbitos oficiales o privados se espera sean respetadas las jerarquías y representaciones. Y digo “se espera” por la sencilla razón de que todos esperamos respeto y consideración, para propios y ajenos, en todos los rituales de los que participamos. Lo aprendimos así en el seno familiar y lo llevamos a todos los ámbitos sociales.
Por los tanto, a nadie se le escapa que de habérsele dado un lugar a las autoridades del PACH en la presidencia del acto y un espacio a sus afiliados igual al resto de las fuerzas de acuerdo a su número, respetándose así el principio de igualdad entre los partidos fundadores, hoy, esa alianza provincial no tendría un problema que atenta contra sus objetivos electorales.
También es probable que la ausencia del dispositivo protocolar mencionado fuera la expresión de cómo fueron gestados los acuerdos partidarios. Pero esto, sería materia de otro análisis, por supuesto. Como sea, el interrogante que ahora subyace es si ¿podrá esta falta al protocolo -intencional o no- romper una alianza política? De no ser así, lo que seguro dañó es la confianza entre los aliados, sin ninguna duda.

*Licenciada en Relaciones Públicas. Especialista en Ceremonial