Por octava vez consecutiva, y a ocho meses de haber sufrido un revés legislativo en el Senado, la Campaña Nacional por el derecho al Aborto legal, seguro y gratuito, presentará a mediados de abril el nuevo proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Según fuentes de la Campaña, la definición de qué contiene el proyecto fue producto de un trabajo de una comisión especial durante cuatro meses, que buscó recoger el debate que se produjo el año pasado en las sesiones informativas tanto en Diputados como en Senadores. El fin de semana pasado, en una reunión plenaria de la organización realizada en Córdoba, se definió el articulado del nuevo texto legislativo.
Los puntos clave del proyecto son: La práctica será voluntaria hasta las 14 semanas. El texto no contendrá detalle sobre malformaciones. Se incorpora la derogación de artículos y nueva formulación en Código Penal. No incorpora objeción de conciencia, porque es una negación a una práctica de salud en base a creencias religiosas y morales. «No aceptamos negar derechos basado en creencias religiosas», aseguraron desde la Campaña.
Además, en el proyecto de este año se incluirán artículos sobre la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y también sobre derechos sexuales y reproductivos. También contendrá nuevas formulaciones sobre personas con discapacidad y capacidad restringida.

Desde 2007

El texto será ingresado por octava vez en la Cámara baja. El trabajo de la Campaña dio su puntapié inicial en el Encuentro Nacional de Mujeres de 2003 y producto del trabajo sostenido de numerosas organizaciones se redactó un texto legislativo durante 2006, que fue presentado por primera vez en 2007.
En 2018, por primera vez en la historia de la democracia argentina, el proyecto llegó a ser debatido en el recinto, luego de que las diputadas de distintos espacios políticos concordaran un pedido de sesión especial para tratarlo sobre tablas aun cuando no haya conseguido el visto bueno de las comisiones. Esta estrategia determinó que el oficialismo habilitara la discusión, que luego obtuvo media sanción en Diputados, pero fue rechazado por la mayoría del Senado.

“Demanda social”

Por su parte, el senador nacional por Chubut, Alfredo Luenzo, presentó este martes un proyecto de ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, en el que se legaliza el aborto hasta la semana doce de gestación.
Luenzo fue uno de los senadores que votó a favor del proyecto que había sido sancionado en Diputados pero que no obtuvo el aval de la Cámara alta a mediados del año pasado y perdió estado parlamentario.
“Esta iniciativa pretende acompañar un proceso de transformación cultural y una demanda social que está presente en este momento en la sociedad, a través de una visión integral y evitando tomar una posición basada en creencias propias”, afirmó Luenzo al presentar la iniciativa.
Además, mencionó que la norma, que fue girada a las Comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales, “contempla las modificaciones y sugerencias planteadas a lo largo del extenso debate que se desarrolló durante las audiencias celebradas en la Cámara de Senadores”.

Movilizaciones desde abril

Sin la seguridad de que el debate se renueve este año, pero con la premisa de mantener firme el reclamo, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito acordó este fin de semana un nuevo proyecto de ley que será presentado en la Cámara de Diputados a mediados de abril con movilizaciones en todo el país.
El articulado se terminó de consensuar entre las organizaciones que integran la Campaña, en una multitudinaria reunión plenaria desarrollada en la Universidad de Córdoba en dos jornadas, donde participaron casi 200 activistas de 30 regiones del país.
El proyecto es el resultado de más de cuatro meses de trabajo de una comisión redactora que se creó dentro de la Campaña, y “tiene como finalidad saldar una deuda histórica de la democracia”.

Catorce semanas de gestación

“Se recoge el ejemplar ejercicio de participación democrática de toda la sociedad durante 2018, así como los 14 años de organización y experiencia política de la Campaña”, indicaron sobre el proyecto, que será presentado por octava vez.
Si bien restan definir detalles, trascendió que se mantendrá el espíritu del proyecto aprobado el año pasado en la Cámara de Diputados y luego rechazado en el Senado, con un límite de 14 semanas de gestación para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.
La iniciativa ya no contempla las “malformaciones fetales graves” como causal de interrupción legal del embarazo más allá de la semana 14; y tampoco incluye la objeción de conciencia para los médicos, algo que se había concedido en Diputados para sumar votos.
Una novedad muy discutida es que se incorporó el concepto de “identidades gestantes”, en lugar de “mujeres” o “personas con capacidad de gestar”, en respuesta a un reclamo de distintos sectores sociales.
En un pronunciamiento, la Campaña exhortó a los candidatos que compitan en las elecciones de este año en todo el país, a pronunciarse respecto de la legalización del aborto voluntario.
“La Campaña seguirá luchando por la implementación plena y efectiva, con presupuestos adecuados, de las leyes de Educación Sexual Integral y de Salud Sexual y Procreación Responsable, y del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en todo el país, para que las niñas, niñes, adolescentes, mujeres e identidades disidentes accedan a sus derechos”, sostuvieron.
Y concluyeron: “Por la salud, la vida, la autonomía y la libertad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar; por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, se exige el tratamiento, el debate y la sanción de este proyecto”.

¿Consulta popular?

En ese marco en el Gobierno hay quienes piensan que una posibilidad de búsqueda de consenso sería una consulta popular. Entre ellos se contaría el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. «Yo antes era de la idea de que no había que hacer una consulta, pero ahora no sé, tal vez sería bueno», palabras más o menos, habría considerado en una charla en confianza el funcionario que el año pasado dio las explicaciones científicas a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
Este lunes, en un plenario en Córdoba, los integrantes de la campaña nacional elaboraron un nuevo proyecto, parecido al de los años anteriores, pero con algunas modificaciones como quitar la posibilidad de invocar objeción de conciencia por parte de los médicos y las malformaciones como causal justificada para un aborto.

Un derecho de las mujeres

Ante los persistentes obstáculos que encontraban las mujeres para acceder a los abortos legales, el 13 de marzo de 2012 la Corte Suprema dictó un fallo histórico que repitió que el aborto no punible es un derecho de las mujeres, resaltó que no era necesario judicializar estos requerimientos y exhortó a todas las provincias a adoptar medidas para garantizar el acceso al aborto legal. El Ministerio de Salud de la Nación publicó entonces un Protocolo de Atención. Siete años después, siete jurisdicciones aún no tienen protocolos y otras seis tienen guías propias que no se adecuan a lo planteado por la Corte.
Las provincias que no cumplen son Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. Las seis que tienen protocolos inadecuados son: CABA y Córdoba –en ambos casos suspendidos parcialmente por orden judicial–, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y Río Negro. En estos casos, los distritos piden desde autorizaciones judiciales hasta acompañamientos de los padres, algo que no está contemplado en el protocolo nacional.
En Argentina, y desde 1921, el aborto es legal por tres causas: violación, riesgo en la salud o peligro de vida de la mujer. Lo dice el artículo 86 del Código Penal. Las mujeres que atraviesen alguna de estas situaciones tienen el derecho a pedir y acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). A pesar de la norma, no fue un derecho al que las mujeres hayan tenido acceso. De allí la importancia del fallo de la Corte, que en 2012 salió a reforzar una ley ya existente pero poco cumplida. Se llama FAL porque son las iniciales de una adolescente violada por su padrastro en Chubut.