Uno de los casos más interesantes de reinserción sumó, en estos días, un nuevo capítulo; se trata de la disputa mantenida entre el docente de la Escuela Politécnica 703 de Puerto Madryn, Pablo D’Horta, y el Estado Provincial, luego de que el primero fuera removido de su cargo durante el último mandato de Mario Das Neves, debido a un hecho penal ocurrido años atrás.
A pesar de que el educador, jefe del área de Electromecánica de la institución educativa, ya había cumplido su condena, distintos planteos morales y éticos fueron interpuestos para evitar que el profesor volviera a las aulas.
Esto último encendió las alarmas de sus propios alumnos, que incluso se manifestaron públicamente solicitando su reincorporación, así como también lo hicieron padres y docentes de la misma escuela, a excepción de una profesora, que fue la que realizó la primera denuncia.
El cuestionamiento puntual era hacia el “decoro” de la función educativa del docente, teniendo en cuenta su participación en el intento de robo al cajero automático de Puerto Pirámides, ocurrido hace algunos años; sin embargo, la Justicia entendió que, al haber cumplido su condena y reinsertarse dentro del sistema, tuvo un mayor peso el desempeño de D’Horta como educador, por lo que sería restituido dentro de su función.

Habilitado

La semana pasada, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut finalmente rechazó una apelación realizada por la cartera educativa provincial, y de este modo, D’Horta ya estaría habilitado para retornar a la Escuela Politécnica y dictar clases de manera regular.
Los ministros Mario Vivas y Alejandro Panizzi entendieron que, como D’Horta no había reclamado una suma económica, al no haber un presupuesto en disputa, su cargo docente debía ser cubierto de todas maneras, por lo que finalmente declararon como “inadmisible” el recurso del Estado provincial, que además pagará las costas del proceso judicial.
Seis años dictando clases

El docente y ex policía había sido condenado por participar del intento de robo de un cajero automático en Puerto Pirámides, ocurrido el 2 de agosto de 2011; quedó libre en 2013, pero ya el año anterior había sido exonerado de la Policía.
de formación “Técnico en Electrónica y Telecomunicaciones”, D’Horta se volcó a la vida académica y cursó las carreras de Forense en Delitos Ecológicos e Impacto Ambiental, así como también la Licenciatura en Gestión Político-Pública y Dirección de Organismos Gubernamentales y Privados. Desde hace seis años, dicta clases en la Politécnica como jefe del área de Electromecánica en el Nivel Medio.

Derecho a trabajar

La disputa comenzó en 2017, cuando a través de un Decreto de la cartera de Educación, entonces, el Decreto 1.095 estableció “exonerar, a partir de la fecha del presente Decreto (12-09-17), al docente D’Horta, Pablo […], por aplicación de lo dispuesto en la Ley VIII – N° 20, Artículo 72° inciso i), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 79° Incisos a), d) y e) del mismo cuerpo legal, haciendo extensiva la sanción impuesta a todos los cargos y/u horas cátedra que detente, por aplicación de la Ley I – N° 74, Artículos 62° y 113°”.
Acto seguido, el docente impulsó amparo al considerar que se había violado su derecho a trabajar, aclarando que el delito que había cometido y la condena eran anteriores a su ingreso al ámbito educativo, y que su desempeño en el mismo era literalmente “intachable”, en comparación con la postura del Ministerio, que consideraba que afectaba “el decoro de la función” y “el prestigio de la administración”.

Gestiones educativas

Sin embargo, en el contexto de su rol como maestro, D´Horta había logrado obtener licencias de programas informáticos para que puedan utilizar sus alumnos, que en todo momento pidieron su reincorporación, así como también fue responsable de remodelar el taller de Electromecánica de la Politécnica, además de gestionar estaciones de trabajo y donaciones de vehículos para prácticas de desarmado.
También, impulsó la actualización del inventario de herramientas y estuvo al frente de la creación del “Aula de Diseño 3D”, cuyos estudiantes en 2017 imprimieron la primera mano ortopédica a partir de una impresora 3D, la cual fue donada a una vecina de Puerto Madryn.