Sobre la mañana del viernes, familiares de víctimas de abuso sexual infantil de Puerto Madryn, nucleadas en la Agrupación No Más Abuso Infantil, recibieron al ministro de Gobierno, Federico Massoni, con quien compartieron sus reclamos, principalmente dirigidos hacia la Justicia, y analizaron el tratamiento de algunos de los casos que hoy tramitan por los Tribunales de la ciudad del Golfo.
En este sentido, el funcionario provincial anticipó que irán “a fondo” con la intención de publicar las fotos de los condenados por abuso sexual, a través de una aplicación que también informa la jurisdicción en la que los mismos se encuentran, una plataforma similar a la utilizada en países como Estados Unidos, donde es posible constatar si, en el lugar donde uno vive, también lo hacen personas condenadas por delitos contra la integridad sexual de las personas.
Los familiares, por su parte, advirtieron sobre las consecuencias “imborrables” del abuso en los menores de edad, habida cuenta del incremento en la cantidad de denuncias que se registró en la ciudad en los últimos años; y, más aún, teniendo en cuenta que “nuestra provincia es la tercera en el país con mayor cantidad de denuncias por este delito”, según consignó Massoni en diálogo con la prensa.

Generar políticas preventivas

En este contexto, el Ministro sostuvo que “en varios casos plantean la problemática que están viviendo, en la cual nosotros como Estado, tenemos que estar; no es un dato menor que seamos la tercera provincia del país con mayor cantidad de este tipo de delitos, y tenemos que hacer algo, activar políticas y no sólo buscar la prevención”, agregando que “presentamos la aplicación para que aquellos que tienen condena firme figuren en la misma y se pueda prevenir a la sociedad de dónde están y dónde viven, además de que, fundamentalmente, buscamos generar políticas de prevención con las víctimas”.

Contención

Además, planteó: “Escuchaba algo que da mucha bronca. Permanentemente, como Ministerio responsable también de los detenidos, estamos con varios habeas corpus en los que nos plantean algunas cosas en las que pueden llegar a tener razón, pero en su mayoría, son cosas que no. Uno de los pedidos, por ejemplo, era que uno de los detenidos no tenía la crema anti acné y quería que el Estado se la provea. Nosotros le proveemos psicólogos, medicamento, doctores las 24 horas del día, porque eso es lo que nos exigen muchas veces los jueces, a través de los habeas corpus”.
No obstante, señaló que “las víctimas no tienen psicólogo, no tienen contención, lo tienen que pagar ellos, porque en muchos casos los obligan a llegar al psicólogo a la criatura, y cuando no lo pueden pagar, no la pueden llevar; creo que estamos equivocados en ‘de qué lado estamos’”.

Registro de libre acceso

En este orden, Massoni remarcó que “este Ministerio, y por instrucciones del gobernador Mariano Arcioni, siempre va a estar del lado de los derechos colectivos, y no del lado de los delincuentes”, sumando a ello que “los que voluntariamente han tomado la decisión de delinquir, no van a contar con el respaldo nuestro; sí, las víctimas, y hasta el día de hoy no se lo estábamos dando, es hora de que empecemos a cambiar”.
También, sostuvo que “a través de otros poderes, como el Legislativo y el Judicial, necesitamos que haya una modificación en este dogma que se venía dando, de que los derechos que había que respetar eran los del delincuente; es algo inconcebible, y para ello vamos a llegar hasta las últimas consecuencias; el Registro de las caras de las personas que han delinquido en contra de la integridad sexual de otros, tiene que ser de libre acceso de todo el mundo, no sólo de esta provincia, sino del país, porque es el único mecanismo que tiene el Estado para que la gente realmente se prevenga”.

Acompañamiento del Gobierno

En caso contrario, planteó, “no le estaríamos diciendo a la sociedad que hay un peligro en la esquina de su casa, lo dejamos librado como para que vayan y se caigan en ese pozo; es inconcebible que el Estado no esté resguardando los derechos colectivos”.
Consultado sobre el diálogo con los familiares de las víctimas, sostuvo que “esta fue una primera reunión, urgentemente tenemos que hacer una segunda, y vamos a hablar con la Ministro de Familia, porque el Estado es uno solo, y las líneas que nos han dado en la gobernación es que nos aboquemos a aquellos que han sido víctimas, no del victimario; queremos empezar a brindarles contención”.
Por otro lado, explicó que “ellos, hoy en día, son una agrupación, y el Ministerio de Gobierno ya se ha comprometido para que dejen de serlo y pasen a ser una Asociación Civil, que realmente tengan la personería y puedan generar la lucha como lo están haciendo en este momento; para ello, colaboraremos con todos los profesionales necesarios”.

Críticas a los jueces

Sobre el asesoramiento comprometido para los familiares de víctimas de abuso, el titular de la cartera de Gobierno anticipó que “también, recibirán financiamiento (en el caso de ser una Asociación Civil), ya que ellos son los que después van a contener a otra gente, que lamentablemente vamos a seguir teniendo como víctimas de este delito” y agregó que “no podemos ser permisivos (con los condenados) y tampoco esconderlos; aquél que toma la determinación voluntaria de romper la Ley y matar, porque mata en vida al que es su víctima, se va a tener que atener a las consecuencias. Por eso insto a los jueces a que cambien la forma a interpretar la norma y empiecen a bajar de esa abstracción en la que se manejan; y que estén en los problemas que atraviesa la sociedad”.

“Que vayan a la cárcel”

Por su parte, el abuelo de uno de los cuatro niños abusados por un sujeto hace pocos meses en Madryn, Alberto Neira, contó que la idea de la reunión fue “para poder tener una charla con el Ministro por todos los casos que están ocurriendo en la ciudad, ya que se está dando mucho el abuso infantil, y vemos muchas veces cómo los jueces no responden; en este momento lo están haciendo porque vieron que nos movilizamos” y adelantó que “vamos a seguir hasta las últimas consecuencias; hay muchos casos de violadores que están con ‘pulsera’ (electrónica) en su casa, incluso que salen de su vivienda y provocan a las madres, amenazándolas”.
En esta línea, mencionó que “le pedimos al Ministro que esas personas estén presas, sí o sí; son más que asesinos, no queremos que tengan cárcel de privilegio, que vayan a la cárcel como cualquiera que comete un delito” y planteó que “acá se sabe todo, hasta los mismos presos de las cárceles y las alcaidías saben que los tienen resguardados; cualquier ciudadano que comete un ilícito va a pagar a una celda común, y ellos tienen privilegios”.
“Una máquina que se rompe, la podemos arreglar, pero una criatura no es una máquina, a nosotros y a las víctimas no las arreglan nunca más, por eso queremos la pena máxima para todos los violadores”, resaltó.

“Los podemos cruzar en la calle”

Gabriela, madre de una menor abusada por un familiar directo, manifestó que “en todos los casos nos ha pasado que a estas personas les dan arresto domiciliario, luego de cumplir uno o dos meses en la cárcel” y añadió que “nosotros sabemos que no lo cumplen, que hay personas con arresto domiciliario que salen o los dejan salir, no hay un policía fuera de su casa custodiándolo las veinticuatro horas”.
El avance de las causas “es muy lento, y lo peor de todo es que tenemos que esperar que pase toda la preliminar al juicio, sabiendo que a ellos los pueden soltar hasta que se haga el juicio; que tranquilamente los podemos cruzar en la calle, pueden atentar contra nuestra vida y la de nuestros hijos; tenemos que vivir con eso, y es injusto”.

“Sabemos que son culpables”
Además, la madre de la víctima resaltó que “sabiendo que tienen una denuncia, es injusto que los dejen libres, la Justicia dice que ‘no son culpables hasta que no los condenen’, pero para nosotros sí lo son, porque sabemos que cometieron el abuso; nuestros hijos nos lo dijeron, vimos las pericias, miramos un examen, vimos lo que les hicieron y sabemos que desde el primer minuto son culpables”.
En cuanto a la conformación de la agrupación en cuestión, remarcó que “queremos que nos escuchen, porque no puede ser que hagan oídos sordos y que esto siga pasando; ocurre un montón en Madryn y parece que todo es tapado”.

“Es algo que nunca se borra”

Consultada sobre la convivencia diaria con una víctima de abuso infantil, teniendo en cuenta las consecuencias físicas y psicológicas que acompañan a quien sufrió ese delito, en muchas ocasiones, para toda la vida, Gabriela expresó, visiblemente angustiada: “Yo tomé muy bien lo que pasó, porque la vi muy tranquila a mi hija. Pero luego de leer su psicodiagnóstico y presenciar la Cámara Gesell, me di cuenta de que no era así. Ella sufre un montón, le duele, tiene momentos en los que está bien y otros en los que está devastada. Ella misma lo contó, que no puede dormir, tiene pesadillas; está despierta y vive ese momento otra vez; y no fue algo que pasó un ratito, fueron dos años de abuso que ella sufrió. Hoy por hoy está mejor, y muchas veces me siento culpable por no haberme dado cuenta, nunca me di cuenta y me culpo un montón por eso. Aún así, no deja de pasarnos. Por eso queremos que se haga Justicia por ella. A mí no se me va a ir nunca esta culpa, porque cuidé toda la vida de mis hijos, y que la única persona en la que uno más confía, nos haya c….. la vida, es terrible, no se nos va a ir nunca por más psicólogos que ella tenga; es algo que nunca se borra”.

Municipalidad de Puerto Madryn