Insólita demanda de la Fundación Ceferino Namunkura. Dicen que el Estado les tiene que pagar por los cursos que dan, por caso los de “inseminación artificial”. No hay pruebas que los cursos se dictaran y la Fundación que comanda Carlos Merino no tiene libros contables. La Provincia analiza realizar una demanda penal.
La Fundación Ceferino Namunkura, obliga al Estado Provincial a desembolsar casi 10 millones en el marco de una demanda. Desde la institución reclaman por 10 talleres luego que el Gobierno no le renovó un aporte en 2016.
La fundación dictaba, supuestamente, ya no consta en ningún libro de los que presentó en su reclamo, diversos talleres por la tarde.

La demanda

El Estado Provincial no renovó un convenio anual en 2016, según el cual colaboraba abonando 41 horas cátedra. Insólitamente, la Fundación presentó una demanda por los talleres caratulada “FUNDACION CEFERINO NAMUNCURÁ c/ PROVICAL DEL CHUBUT s/ ACCION DE AMPARO (Expte 141/16)” donde reclama 705 horas cátedras por semana. Y pide que se pague por los supuestos talleres que dictó durante todo el 2017, a pesar que sabía que no se le iba a renovar el contrato.
La fundación es privada. Y se le critica que busque que se financie un proyecto privado a sabiendas que el convenio expiró en diciembre de 2016. La obligación de financiar una entidad privada por parte del Estado Provincial debe emanar claramente de una disposición legal o contractual. Según revelan, el representante de la Fiscalía de Estado que debía apelar, sería Daniel Gómez Lozano, y advierten que curiosamente, sería parte del staff en la Fundación Namunkurá.
Los talleres son: Construcción de alambrados; computación básica; carpintería y fabricación de muebles; cocina; producción animal; construcción; jardinería, parquización y poda; producción animal e inseminación artificial; huerta y herrería y estructuras metálicas

Provincia iría a la Justicia Penal

Por estas horas, se supo que el Estado Provincial realizará una presentación penal por presunta administración fraudulenta e intento de estafa al erario público y pedirá que se investigue los libros contables e impositivos de la Fundación, para lo cual nombrará un perito contador. Antes de pagar, desde Provincia quieren determinar que efectivamente los talleres se realizaron y que los pagos que ya realizaron hayan sido destinados a profesores.
“El actor tiene el cargo de brindar información de los fondos recibidos”, explicaron desde la Provincia.